La Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia, oficialmente denominada Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 y algunas veces llamada Comisión de Verdad y Justicia, es una comisión de la verdad mexicana creada por decreto el 6 de octubre de 2021 con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo comprendido entre 1965 y 1990, conocido en México como «Guerra sucia».
Antecedentes A finales de agosto de 2021, luego de serle propuesta por el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alejandro Encinas Rodríguez, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de una comisión de la verdad para investigar el periodo de represión policial y militar conocido como «Guerra sucia»: «Llegamos al acuerdo de crear una comisión presidencial de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición». Su creación se mantuvo en análisis y estudio por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, hasta que el 2 de octubre, en el 53 aniversario de la masacre de Tlatelolco, Encinas anunció la creación de la comisión por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo comprendido entre 1965 y 1990 y con el objetivo de «realizar las acciones que sean necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de lo que es competencia de la administración pública federal».
En esa ocasión, Encinas también señaló que el organismo contaría con cinco «mecanismos rectores»: «Para la verdad y el esclarecimiento histórico», «Para el impulso a la justicia», «Plan de búsqueda», «Plan de reparación del daño y compensación» y «Acciones para garantizar la no repetición de los hechos». Cuatro días después se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto para la creación de la «Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990», que la constituía como un «grupo de trabajo especial».
Guerra sucia
La guerra sucia en México fue un periodo extendido de los años 1960 a los 1990 en los que el Estado mexicano halló una situación en la que «“se percibía un estado probable, o de hecho, de insurgencia social por parte de grupos disidentes que tenían por fin la ruptura del Estado”». Su respuesta fue una «violencia cruenta, feroz, sanguinaria» que implicó el uso de «prácticas que rebasaron los límites de la legalidad»: «detenciones masivas, detenciones ilegales, enclaustramiento en cárceles clandestinas, destierro, persecución, tortura y desapariciones». García Aguirre (2001) sostiene que la Comisión de Verdad y Justicia se enmarca en una «historia de iniciativas independientes y políticas públicas para esclarecer las responsabilidades del Estado en las violaciones a derechos humanos del pasado reciente».
En este sentido, otras iniciativas similares han sido la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que se «mostró incapaz de cumplir con el cometido propuesto de llevar a la justicia a los perpetradores de las atrocidades cometidas en los casos investigados» y su informe final fue desautorizado en 2006 y eliminado de su página, y la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, que documentó casos de desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y vuelos de la muerte que tuvieron como víctimas a «campesinos, estudiantes, guerrilleros, profesores, activistas sociales, indígenas y familiares de guerrilleros».
Características El decreto de creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de octubre de 2021, la definía como un «grupo de trabajo especial» encargado de la «investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes» relacionados con las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, con el objetivo de que se lleven a cabo las «acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal» y, de ser el caso, «dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o aquellas que resulten competentes para su atención».
Integrantes En el segundo artículo del decreto se planteaba que la Comisión estaría conformada por once «personas servidoras públicas y personas expertas»: los titulares de las secretarías de Gobernación (SEGOB), por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración —encargado también de presidirla—, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público y del Archivo General de la Nación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y cinco «personas expertas de reconocida calidad moral o prestigio profesional». Tales comisionados serían elegidos en conjunto por un representante de la Subsecretaría, un representante de víctimas, familiares y sobrevivientes, con la «asesoría técnica» de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), a partir de propuestas planteadas por un comité de selección, «conforme al procedimiento que para tal efecto se establezca».
En este sentido, el 13 de octubre se instaló el Comité de Selección de las cinco personas expertas, integrado por Encinas —representante de la Subsecretaría—, Alicia de los Ríos Merino —representante de familiares de «personas detenidas-desaparecidas y de sobrevivientes», designada por la Asamblea de Colectivos y Familiares de Personas Detenidas-Desaparecidas y Sobrevivientes de la contrainsurgencia— y Jesús Peña Palacios —asesor técnico en representación de la ONU-DH México—. Dos días después, la SEGOB publicó las bases de la consulta pública para la selección de los expertos, que planteaban un proceso de cuatro fases: «postulación de candidaturas» —15 al 20 de octubre de 2021, posteriormente extendido al 22 de octubre—, «selección de perfiles bajo criterios de idoneidad» —21 al 22 de octubre—, «entrevistas» —25 de octubre— y «deliberación del comité de selección y designación de las cinco personas expertas» —27 de octubre—. No obstante, el Comité determinó que las 25 personas que se postularon cumplían los requisitos y no habría preselección, por lo que se entrevistó a 24 personas —por el retiro de una postulación— los días 25 y 26 de octubre.
A partir de criterios de selección —«elegibilidad, de evaluación curricular y entrevistas»; con asesoría técnica de Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Observatorio Ciudadano de los Procesos de Designación de los Servidores Públicos— el 29 de octubre se preseleccionó a diez postulantes y se anunció a las cinco personas seleccionadas como integrantes de la Comisión de Verdad y Justicia: Eugenia Allier Montaño, Abel Barrera Hernández, David de Jesús Fernández Dávalos, Aleida García Aguirre y Carlos Alfonso Pérez Ricart.
Funciones De acuerdo con el tercer artículo del decreto, a la Comisión de Verdad y Justicia le corresponde:
Un primer artículo transitorio dio como vigencia de la Comisión el 31 de septiembre de 2024. Además, el cuarto artículo del decreto plantea que debe entregar al presidente, a las víctimas, familiares y sobrevivientes, un informe final «de los hechos, procesos, instituciones y responsables» de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano, de acceso libre para todas las personas y que también se presentaría a autoridades «ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o las que resulten competentes». Encinas también detalló que la Comisión contaría con cinco mecanismos: un mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico —integrado por los cinco expertos independientes para la realización de indagatorias y recolección de información—; el «Comité para el impulso de la justicia» —integrado por tres expertos para el desarrollo de estrategias para las investigaciones—; el «Plan especial de búsqueda» —liderado por la Comisión Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Búsqueda para la búsqueda en campo—; el «Plan especial de reparación y compensación» —para la atención de la reparación al daño cometido—, y «Acciones para la memoria y garantía de no repetición».
Historia El 10 de diciembre de 2021, en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, se llevó a cabo la ceremonia de instalación de la comisión, en la que el presidente, Andrés Manuel López Obrador afirmó: «Se trata de dar pasos firmes hacia la verdad y la justicia e iniciar diversos procesos que permitan la reconciliación entre las mexicanas y los mexicanos con su pasado reciente». En esa misma ocasión, el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez anunció que se abrirían los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y otros entes de seguridad pública e inteligencia —como el Estado Mayor Presidencial, la Dirección Federal de Seguridad, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad—. Previamente, a inicios de noviembre, el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio presentó demandas de amparo ante el Poder Judicial de la Federación contra el decreto de creación de la Comisión para exigir que la masacre de Nochixtlán se incluyera dentro de las investigaciones.
El 21 de enero de 2022, se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión y, con ello, iniciaron formalmente sus trabajos, en la que se nombró a Félix Santana Ángeles, director general de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), como su secretario ejecutivo y Encinas afirmó que habría acceso a los archivos e inmuebles que fueran necesarios. Asimismo, se presentaron los planes de trabajo de los cinco instrumentos —siendo el Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición coordinado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB— de la Comisión:
Instrumentos de la Comisión de Verdad y JusticiaInstrumentoIntegrantesCargo Programa Especial de Reparación Integral y Compensación Martha Yuriria Rodríguez Estrada Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Programa Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas Karla Quintana Osuna Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico Abel Barrera Hernández Personas expertas comisionadas. Aleida García Aguirre Carlos Pérez Ricart David de Jesús Fernández Dávalos Eugenia Allier Montaño Comité para el Impulso a la Justicia Ángela Buitrago Ruíz Personas expertas. Carlos Pérez Vázquez Fabián Sánchez Matus Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición Jesús Ramírez Cuevas Coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República. Carlos Enrique Ruiz Abreu Director del Archivo General de la Nación. Felipe Ávila Espinosa Director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Gabriela Pulido Llano Directora general de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México. Fritz Glockner Director de Educal. Verónica Torres Integrante de la organización Memoria Abierta de Argentina.