El gobierno del presidente Gabriel Boric Font inició el 11 de marzo de 2022, tras su victoria en la segunda vuelta de la elección presidencial de Chile de 2021. Su mandato se extendió hasta el 11 de marzo de 2026, fecha en la que se produjo la investidura de su sucesor José Antonio Kast.

En política económica, Boric asumió el país por una economía que se vio afectada por la pandemia de COVID-19. Su gobierno aplicó medidas de estabilización y una política fiscal más moderada, esto en parte debido al trabajo de su ministro de hacienda, Mario Marcel. Durante su gobierno se aprobó la jornada laboral de 40 horas, un aumento al salario mínimo y una reforma al sistema de pensiones, además de un aumento a la Pensión Garantizada Universal y una reducción considerable de la inflación. También se logró llevar a cabo una reforma al sector minero y un intento de reforma tributaria que fue rechazada.

En política de seguridad, su gobierno fue criticado por su política de seguridad, viéndose marcado por la preocupación ciudadana por el aumento de homicidios y extorsiones por grupos criminales, destacándose el ascenso del Tren de Aragua dentro del territorio chileno. Se aprobaron leyes de seguridad para el fortalecimiento policial y la creación del Ministerio de Seguridad Pública, además de ampliar el estado de excepción en la Región de La Araucanía para tratar de controlar el conflicto en la Macrozona Sur. En el ámbito migratorio, la crisis migratoria surgida en 2017 continuo durante su mandato, colocando puestos de control en el norte del país para evitar un flujo mayor de migrantes provenientes de Venezuela y Haití, sin embargo esto no impidió el aumento de la inmigración ilegal en el país.

En el ámbito social, su gobierno promulgó la Ley Karin, la Ley TEA, y fortaleció los beneficios sociales y políticas de diversidad social. Su gobierno superviso el proceso constitucional iniciado tras el Estallido social de 2019. En septiembre de 2022, se celebró el plebiscito constitucional para cambiar la constitución de 1980, la cual fue rechazada con el 60% de los votos, dando inicio a otro proceso iniciado en 2023, la cual iba de orientación más derechista y posteriormente fue rechazada en otro plebiscito constitucional en diciembre de 2023. Tras el rechazo al cambio de constitución, Boric declaró que su gobierno daba por finalizado el proceso constituyente.

En política exterior, su gobierno se alineó con gobiernos centroizquierdistas como el de Alberto Fernández en Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Gustavo Petro en Colombia, Andrés Manuel López Obrador en México, además de ser crítico a gobiernos de izquierda autoritaria como los de Nicolás Maduro en Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua, haciendo énfasis en los casos de violaciones a derechos humanos perpetrados por dichos gobiernos. Su gobierno condenó la Invasión rusa de Ucrania y se posicionó a favor de la causa palestina en el conflicto árabe-israelí.

Boric inicio su mandato con el 50% de aprobación; estas empezaron a caer debido a un notable estancamiento del crecimiento económico, el aumento de la inmigración ilegal y la delincuencia, llegando a tener el 28% en 2023. Su gobierno estuvo rodeado por diferentes controversias como los indultos y pensiones de gracia a condenados del Estallido social, el Caso Convenios, un caso de corrupción relacionada con malversación de fondos de una fundación que tenía de integrantes a funcionarios de su gobierno y el caso de presunta violación por parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Algunos analistas consideran el gobierno de Boric como un gobierno que pasó de prometer una agenda de refundación a una administración más pragmática enfocada en acuerdos políticos.

Situación previa

miniatura|El diputado Giorgio Jackson (izquierda) abrazando a Boric segundos después de saber que Gabriel será presidente de Chile. El 20 de diciembre de 2021 a las 14:00 (GMT-3), Boric se reunió en el Palacio de La Moneda con el presidente saliente, Sebastián Piñera, para dar inicio a la transición. Fuera del palacio fue recibido por un grupo de seguidores, quienes interactuaron con Boric durante breves minutos. Acompañado por Izkia Siches y Giorgio Jackson, colaboradores cercanos de Boric durante la campaña electoral, el presidente Piñera afirmó sobre la asunción de su sucesor «es una tremenda responsabilidad, pero creo que contará con el apoyo constructivo de todos los chilenos». Boric informó que en la reunión se habló de política exterior y dar continuidad a la misma, la pandemia de COVID-19, y temas relativos al presupuesto público. Sobre la conformación de su gabinete, no ofreció detalles al momento. Prometió formar un gabinete «para ortogar certezas», añadiendo además que la conformación del tren ejecutivo no respondería a cuotas partidistas. Luego de finalizar la reunión, el presidente Piñera le enseñó las instalaciones del palacio presidencial al presidente electo.

El 10 de enero de 2022 fue proclamado oficialmente como presidente electo por el Tribunal Calificador de Elecciones de Chile (Tricel); el acto estuvo encabezado por la presidenta de la institución, Rosa Egnem Saldías, los otros cuatro ministros integrantes del mismo, el presidente de la Corte Suprema (Juan Eduardo Fuentes) y la lectura del acta de proclamación estuvo a cargo de la secretaria relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares.

Ceremonia de cambio de mando miniatura|Gabriel Boric en la ceremonia de cambio de mando de 2022. El cambio de mando se realizó el 11 de marzo de 2022, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, donde prestó el juramento de rigor, asumiendo en pasado el mediodía e iniciando de inmediato sus funciones.

Su primer acto como presidente de la República fue el nombramiento y toma de juramento o promesa de sus ministros de Estado. Luego realizó una reunión cumbre junto a sus ministros y los representantes extranjeros en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.

El equipo de Boric nombró la ceremonia como «Cambio de Mando Ciudadano», realizando un acto con el mismo nombre el 13 de marzo en la comuna de La Pintana.

Gabinete ministerial

miniatura|Fotografía del primer gabinete ministerial de Gabriel Boric, realizada el 12 de marzo de 2022 en el Palacio de La Moneda. Los ministros y ministras que asumieron sus funciones el 11 de marzo de 2022 son parte de las coaliciones Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático y un tercio de independientes. Al estar conformado por 14 mujeres y 10 hombres, es el primer gabinete en la historia de Chile en tener mayoría de mujeres.

Interior y seguridad pública Retiro de querellas contra detenidos en estallido social La primera medida que tomó el gobierno fue retirar 139 querellas invocando la Ley de Seguridad del Estado en lo que respecta a delitos que alteran el orden público para personas detenidas dentro de los disturbios provocados durante el estallido social de 2019. En una entrevista televisada, el presidente Boric aseveró que espera que el proyecto de ley de amnistía para ellos «llegue a buen puerto» en el Congreso Nacional, calificando esta acción más que de impunidad, como un «punto de encuentro y sanación».

Estado de excepción en la Araucanía Dentro del contexto de los incidentes en la región histórica de la Araucanía, enmarcado en el conflicto en La Araucanía, el gobierno a través de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PCCh), reiteró la no renovación del Estado de Excepción por parte del Ejecutivo, el cual rige desde el 12 de octubre de 2021. Esto se sumó a las declaraciones anteriores de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien de la misma manera denominó a la zona como «Wallmapu» y fue a visitar Temucuicui el 15 de marzo, actividad que fue suspendida y retomada a las horas debido a la escucha de disparos en la zona.

En 2023, a dos años del estado de excepción, Boric se convirtió en el presidente que más ha usado esta facultad constitucional.

Indulto presidencial a condenados del estallido social y exFPMR y pensiones de gracia El 30 de diciembre de 2022, el presidente Boric anunció que concedió la libertad a doce condenados por delitos ocurridos durante el estallido social y a un exguerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Esto generó una controversia a nivel político, luego de que Gabriel Boric emitiera opiniones sobre algunos de los juicios que indultó a través de los medios de comunicación chilenos. El Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Chile —organismo que había ratificado una condena de uno de los indultados— se reunió de manera extraordinaria, emitiendo un comunicado el 3 de enero de 2023 dirigido al presidente de la República, donde le «recordaron» las atribuciones y facultades del Poder Judicial de Chile y la no injerencia de los otros poderes del Estado en ellas como principio básico de la democracia. Como una de las consecuencias políticas, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, pidió su renuncia, la cual fue aceptada por el presidente el 7 de enero.

Varios indultados poseían detenciones policiales previas y un prontuario delictivo previo a 2019, lo que causó polémica respecto a la medida presidencial.

Entre los indultados estuvo Luis Castillo quien en menos de un año volvió a la cárcel por un presunto secuestro.

Boric otorgó pensiones de gracia a manifestantes de 2019, entre ellos Andrés Fuica, condenado por saquear un supermercado y a José Lagos quien ya estaba condenado por producción de pornografía infantil.

Plan de recuperación de espacios públicos Busca, en colaboración con distintos Ministerios, incluyendo al de Desarrollo Social situado por Giorgio Jackson y coordinaciones regionales, reducir las carpas y personas en situación de calle que ocupan espacios públicos, poniendo al Estado presente, apoyando con centros, reinsercion laboral y protección social. El plan ha completado el 94 % del eje.

Plan Buen Vivir Araucanía y reducción de violencia El plan consiste en resolver los principales conflictos de la región de la Araucania.

El Gobierno en ese momento identificaba la falta de diálogo respecto de la restitución de tierras y facultades de protección sobre la población indígena en zonas rurales, pese a esto, la violencia logró reducirse un 40 %.

Primera Política Nacional contra el Crimen Organizado El gobierno de Gabriel Boric fue el primer Gobierno en realizar una política pública nacional contra el crimen organizado. Fue liderado por la nueva ministra, Carolina Tohá, donde además se implicó mucho presupuesto y concreciones respecto la acción del Estado.

Plan "Menos Armas, Más Seguridad" Es un Plan centrado en el control de armas, aunque es prácticamente voluntario, se han incautado, supervisado y destruido más de 17 mil armas de fuego.

Facultades de gendarmería Criminaliza el delito de extorsión facultando la acción de gendarmería y la intervención del Ministerio Público.

Plan "Calles sin Violencia" Fue anunciado junto a la promulgación de la ley Nain-Retamal, y consiste en intervenciones de carácter regional y comunal en aquellas comunas con mayor concentración de delitos graves, especialmente homicidios con uso de armas de fuego. También implicó un considerable aumento de recursos.

Ley Nain-Retamal

La Ley Nain-Retamal fue promulgada por el presidente Boric y lleva el apellido del Carabinero Eugenio Nain y de Carlos Retamal. La ley causó polémica, llamada "Ley Gatillo Fácil" por los opositores del proyecto de ley original, por el monopolio privilegiado de la fuerza que tendría Carabineros de Chile. Sin embargo, cabe aclarar que la que se terminó aprobando en el Senado da las mismas facultades que Carabineros ya tenían respecto al uso de la fuerza. Aun así, llevó a una discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Ley antinarcotráfico