La Fundación Española de Abogados Cristianos , o simplemente Abogados Cristianos, es una fundación civil de ámbito nacional que, según su constitución, defiende legalmente los valores del cristianismo. Fue conocida como Asociación Española de Abogados Cristianos, o Asociación de Abogados Cristianos. En sus orígenes fue una asociación civil de España fundada en 2008 con sede en Valladolid, Castilla y León. A partir de 2021 (aunque la solicitud se realizó en 2019), la organización cambió su estructura de asociación a fundación, tal como se recoge en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Es conocida en España por ser activa en la defensa de los sentimientos religiosos, una figura que existe en el ordenamiento jurídico español actual, en concreto en el Código Penal, que estaba más bien desaparecida salvo algunas excepciones. Además, esta tutela penal concreta ha sido objeto de peticiones para su supresión del ordenamiento jurídico por diversos motivos, desde la consideración de lo arcaica de la figura misma hasta alegaciones sobre su posible contraposición a la aconfesionalidad del Estado. La petición más reciente para su eliminación fue por parte de la Comisión Jurídica del Senado español que aprobó una moción para instar a su eliminación del Código Penal a principios de 2021.
Hasta el momento, se han querellado docenas de veces alegando ofensa de los sentimientos religiosos (alrededor del 25 % de causas penales impulsadas: Art. 525 del CP) y delito de odio (Art. 510 de la misma norma); aunque su éxito en los tribunales se podría considerar escaso en cuanto al número de causas archivadas o desestimadas, aún mantienen abiertos cerca de un centenar de procedimientos. Además, el rédito mediático que la organización ha ido obteniendo a lo largo de los años es notable. Gracias al impacto alcanzado en medios con sus denuncias judiciales, el patrimonio neto de la fundación se ha multiplicado por 24 desde su constitución, según sus propias cuentas: este ha pasado de los 30000 euros en 2020 hasta los 711455 euros en 2022, proveniente de las aportaciones económicas de más de 5000 donantes y más de 3000 socios.
Algunos medios de prensa han llegado a catalogar a la organización como grupo de presión ultracatólico amparándose en sus conexiones con el partido político español Vox, considerado recurrentemente como un partido de extrema derecha. También se le vincula con la sociedad secreta El Yunque.
Historia miniaturadeimagen|La presidenta de la fundación, Polonia Castellanos La organización de Abogados Cristianos fue fundada en 2008 por la abogada Polonia Castellanos y registrada como una asociación castellanoleonesa con sede en la ciudad de Valladolid.
Desde el principio, la actividad de la asociación consistía tanto en elevar quejas frente a actuaciones o discursos que consideraban que podía ofender los sentimientos religiosos, así como actividades de más implicación como recogidas de firmas digitales para alguna petición o querellas contra alguna persona.
El primer caso con una repercusión mediática alta fue la querella (presentada conjuntamente con HazteOir.org) de 2012 contra el payaso italiano Leo Bassi que la asociación consiguió elevar hasta el Tribunal Supremo, aunque este acabó archivando la causa que la organización intentaba hacer prosperar contra el artista por disfrazarse del Papa durante una representación en Valladolid en 2011 durante la que se burló de varios dogmas y costumbres católicas.
La siguiente causa mediática en la que se aventuraron fue una querella contra el colectivo FEMEN en España por la actuación de cinco activistas que irrumpieron una marcha contra el aborto en Madrid. En esta ocasión, la querella de Abogados Cristianos fue por exhibicionismo y por un delito contra el ejercicio de los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas garantizados por la Constitución (Arts. 185 y 514.4 del CP respectivamente). Éstos se sumaron a los cargos por desórdenes públicos y resistencia a la autoridad que alegaron las FFCCSS para la actuación de oficio. Contra las FEMEN interpusieron posteriormente otra querella por encadenarse al crucifijo central de la Catedral de la Almudena (Madrid) en una protesta contra el aborto. Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón a Abogados Cristianos y las activistas fueron condenadas por un delito de profanación.
Entre 2014 y 2015, sus causas más mediáticas volvieron a ser la defensa de los sentimientos religiosos más que las actividades contra el movimiento proabortista. Así, algunas de las actividades más sonadas fue la querella en 2014 contra Manuel Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía, por la exposición Un saber realmente útil, del colectivo argentino Mujeres Públicas. Y la querella del año siguiente contra el polémico artista madrileño Abel Azcona por su exposición Enterrados expuesta en el Monumento a los Caídos en Pamplona que le ganó al artista causas judiciales de parte de la Unión Tradicionalista Carlista, la archidiócesis de Pamplona y Tudela (en representación de la Iglesia Católica) e incluso la Delegación del Gobierno en Navarra. La causa acabó archivada tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra como más tarde en la elevación al Tribunal Supremo. A raíz del archivo de las causas, Abogados Cristianos demandará a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, demanda que será admitida a trámite por el Tribunal. Actualmente el caso está a la espera de resolución. En el caso de Abel Azcona, cada vez que la exposición se inauguraba en otra jurisdicción. Finalmente el artista decidió declararse en desobediencia, lo que conllevó que Abogados Cristianos añadiese la causa de obstrucción a la justicia y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña instase una orden de búsqueda y captura contra él. En 2019, el artista decidió abandonar España e instalarse en Lisboa.
También en 2015 Abogados Cristianos iniciaría una querella muy polémica por ir en contra de los médicos que trataron a la niña gallega Andrea, una menor con una enfermedad neurodegenerativa que había reabierto un acalorado debate en España sobre la eutanasia.
En 2016, la AEAC presentó un recurso de reposición contra la declaración de utilidad pública por parte del Ministerio de Interior (encargado de las asociaciones, federaciones y fundaciones) de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), una organización a favor del aborto y la libertad sexual. Como resultado de la denuncia, la organización fue condenada por publicidad ilegal. Tras la tramitación, el Ministerio del Interior decidió revocar la declaración de utilidad pública a la FPFE. La Federación recurrió esta revocación pero la Audiencia Nacional avaló la decisión del Ministerio.
El caso de Willy Toledo
En julio de 2017, el actor español Willy Toledo escribió en la red social Facebook comentarios ofensivos hacia la figura de Dios cristiano y de la Virgen María a raíz de que un juez de Sevilla abriese juicio oral contra tres mujeres que portaron por la capital andaluza en 2014 una reproducción de plástico de una vulva de casi dos metros, como si fuese un paso de Semana Santa. Una iniciativa que se bautizó como «la procesión del Sagrado Coño Insumiso», y por la que las acusadas fueron a juicio por una actuación de oficio de la fiscalía. Esa causa se archivó en junio de 2016, pero Abogados Cristianos decidió presentarse como acusación particular y consiguió que el juzgado de lo penal N.º 10 de Sevilla reabriese el caso.
Por aquel comentario, AEAC presentó un escrito a la fiscalía acusando al actor de un supuesto delito de ofensa a los sentimientos religiosos. La fiscalía lo pasó al juzgado que abrió causas y citó al actor, que se negó a presentarse ante el tribunal dos veces consecutivas, apelando a la libertad de expresión, por lo que el tribunal ordenó su búsqueda y captura, siendo detenido el 12 de septiembre para que realizara su declaración. El 29 de febrero de 2020 fue absuelto.
Isabel Celaá y el pin parental
A comienzos de 2020, el partido político Vox exigió en la región de Murcia, donde había entrado al gobierno en apoyo del Partido Popular de Murcia debido al encontronazo entre estos y sus socios de gobierno de Ciudadanos, que se instalase el pin parental, una medida que ya había anunciado durante la campaña electoral de Andalucía de 2018 y que ahora exigía en esa región a raíz del anuncio de la conocida como Ley Celaá.
Esta ley suscitó mucha polémica por su postura frente al idioma español en la enseñanza, los acuerdos con los centros de educación concertada y la postura frente a las clases de religión, que si bien no era muy modificada, sí se proponía una asignatura en contraposición de «Valores Cívicos y Éticos» en las que los detractores de la ley decían que estaba plagada de imposiciones ideológicas a discreción del gobierno, refiriéndose a temas de diversidad sexual y feminismo.
En el marco de los debates de esta ley, junto con la también polémica Ley de Eutanasia, Abogados Cristianos planteaban demandar a la ministra por lo que consideraban una «ley anticristiana». Sumado a estas consideraciones, la ministra y portavoz del gobierno fue activa en contra de las peticiones del veto parental de Vox de Murcia, haciendo unas declaraciones a principios de 2020 donde llegó a dar a entender que los hijos no pertenecían a sus padres. Si bien más tarde matizó sus palabras.
En abril de 2020, Celaá, como cabeza visible del ejecutivo, anunció que el gobierno español recurriría el pin parental que el gobierno de la región de Murcia había instaurado el mes anterior. Tras este anuncio, Abogados Cristianos anunciaron que interpondrían una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dado que la ministra Celaá gozaba de aforamiento por su cargo, por un supuesto delito cometido por funcionario público contra los derechos individuales (Art. 542 del CP), al que además sumaron supuestas violaciones de los artículos 16.1, 27.3, y 39.3 de la Constitución.
En julio de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia decidió archivar la causa por falta de motivación después de que la propia causa del Pin parental también quedase sin motivación por el fin del curso escolar.
Lista de causas
Desde su fundación, Abogados Cristianos ha tenido casi un centenar de causas judiciales con distinto éxito. Algunas de las causas más conocidas han sido:
Querella junto a HazteOir.org contra el cómico italiano Leo Bassi por su representación del Papa. Finalmente la querella es archivada Querella contra cinco activistas de Femen por irrumpir en una marcha contra el aborto. El Juzgado de lo Penal número 19 de Madrid consideró el hecho una nimiedad y absolvió a las cinco mujeres. Varias querella junto al Arzobispado de Pamplona y Tudela contra el artista Abel Azcona por sus exposiciones y la performance titulada Amén en la que denunciaba los casos de pederastia de la Iglesia. La causa quedó archivada por la Audiencia de Navarra sin posibilidad de recurso. Querella contra Dolors Miquel y Ada Colau por la lectura de una versión sexual del Padrenuestro. La Audiencia de Barcelona confirmó la inadmisión de la querella y la archivó. Recurso contra tres mujeres en Sevilla por la «procesión del coño insumiso» (una representación de un paso de Semana Santa con una talla de una vagina de 2 metros). El Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla absolvió a las tres mujeres. Querella contra el actor Willy Toledo por usar una expresión malsonante en la que se contenían figuras católicas, una de ellas atacando el dogma mariano de la virginidad. El actor quedó absuelto. En el recurso presentado por la fundación, el actor fue nuevamente absuelto.