El referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración se celebró en Uruguay el 27 de marzo de 2022, sometiendo a consulta popular la abrogación de 135 artículos de la ley 19 889 (conocida como «Ley de Urgente Consideración», «Ley de Urgencia» o simplemente «LUC»), aprobada por la Asamblea General en 2020 y considerada la principal iniciativa legislativa del gobierno de coalición del presidente Luis Lacalle Pou.
Fruto de una campaña promovida por diversos actores sociales y políticos como la central sindical nacional PIT-CNT y el partido opositor Frente Amplio, el 8 de julio de 2021 se entregaron ante la Corte Electoral casi 800 000 adhesiones, superando el 25 % del total de inscriptos habilitados para votar que se requiere constitucionalmente para interponer un recurso de referéndum contra una ley. El 8 de diciembre de 2021 la autoridad electoral finalizó el proceso de verificación y validación de las adhesiones presentadas y realizó la convocatoria a la votación.
La opción por dar lugar al recurso de referéndum obtuvo el 48.7 % de los votos válidos, por debajo de la mayoría absoluta requerida. Por lo tanto, los 135 artículos impugnados de la LUC mantuvieron su vigencia.
Antecedentes y contexto
Mecanismo legislativo de la urgente consideración El artículo 168 de la Constitución uruguaya de 1997 establece que el Poder Ejecutivo puede remitir proyectos de ley al Poder Legislativo declarándolos como de urgente consideración. En este caso, la Cámara que recibe en primera instancia dicho proyecto tiene un plazo de 45 días para considerarlo, una vez vencido el cual y si el proyecto no fue desechado, se lo considera aprobado en su forma original y se lo comunica a la otra Cámara. Esta tiene, a su vez, un plazo de 30 días para pronunciarse y en caso de aprobar un proyecto con modificaciones, el mismo deberá reingresar a la primera Cámara donde contará con otros 15 días para su consideración. Cumplido este plazo, si no hay un pronunciamiento expreso que traduzca común acuerdo entre las cámaras respecto a las modificaciones, el proyecto es remitido a la Asamblea General, que cuenta con 10 días para considerarlo.
Una de las particularidades de este mecanismo es que si un proyecto de ley no recibe aprobación parlamentaria en los plazos estipulados, automáticamente se convierte en ley en la forma como lo envió el Poder Ejecutivo. De esta forma, permite que una ley entre en vigencia apenas unos 100 días después de su envío a la Asamblea General.
Desde la restauración democrática en 1985, solamente 13 proyectos de ley fueron enviados al Legislativo con declaratoria de urgente consideración (0.003 % del total de proyectos enviados por el Ejecutivo en dicho período), de los cuales 9 se aprobaron y 4 se rechazaron. Todos los gobiernos aplicaron el mecanismo, excepto por los segundos mandatos de Julio María Sanguinetti y Tabaré Vázquez. Sin embargo, en la mayoría de estos casos se utilizó la urgente consideración para temas concretos y solo 3 proyectos entran en la categoría de «ley ómnibus», en función de la cantidad de temas que abarcan. La utilización de este último tipo de paquete legislativo ha sido criticado por algunos expertos en ciencia política, al considerar que perjudica la calidad de la democracia al impedir el adecuado debate legislativo.
Propuesta en las elecciones de 2019 Consultado en 2018 sobre cuál sería su primera medida en caso de llegar a la presidencia en 2020, el entonces precandidato presidencial Luis Lacalle Pou (Partido Nacional, PN) contestó que enviaría al Poder Legislativo un proyecto de ley con el rótulo de urgente consideración, producto de la negociación entre los integrantes de un eventual gobierno de coalición y cuyo contenido incluiría «todo lo que haya que modificar del Estado», abarcando «educación, seguridad, vivienda, economía, temas administrativos». El objetivo de tal iniciativa, afirmó, sería aprovechar el primer año de gobierno para aplicar rápidamente los cambios considerados como necesarios. Pablo da Silveira, entonces coordinador programático de la campaña de Lacalle Pou y actual Ministro de Educación y Cultura, hizo referencia a que con esta «ley ómnibus» se podrían tomar acciones en un plazo abreviado con respecto a una ley presupuestal, que demanda un trámite legislativo más extenso.
En marzo de 2019 Lacalle Pou lanzó oficialmente su campaña de cara a las elecciones internas de los partidos políticos, las cuales se celebraron el 30 de junio del mismo año. El candidato del herrerismo obtuvo el 53.77 % de los votos, venció a Juan Sartori, Jorge Larrañaga, Enrique Antía y Carlos Iafigliola. Poco después de la victoria, el equipo de campaña del candidato nacionalista comenzó a redactar el proyecto de ley de urgente consideración (LUC), con Rodrigo Ferrés como principal responsable.
Se afirmó entonces que el proyecto contaría con un total de entre 300 y 500 artículos y que su contenido se basaría en el programa de gobierno del PN, incluyendo aspectos como la eliminación de la representación docente en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la creación de una regla fiscal para «ordenar» el gasto público, la modificación de las políticas sociales en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la desmonopolización del mercado de los combustibles y la eliminación de la bancarización obligatoria para pagos y transacciones. miniaturadeimagen|335x335px|Luis Lacalle Pou y su compañera de fórmula, Beatriz Argimón, durante un acto de campaña de la Coalición Multicolor de cara a la segunda vuelta de las elecciones nacionales de 2019. La iniciativa recibió críticas desde el Frente Amplio (FA). El Partido Socialista (PS) afirmó que el mecanismo sería inconstitucional ya que para su utilización se requiere de una urgencia preexistente identificada y no de una creada «por razones políticas o ideológicas o prioritarias de gobierno». Gonzalo Civila, secretario general del PS, aludió a que el proyecto de LUC traducía un «programa oculto» y reclamó conocer su redacción, a lo cual Lacalle Pou respondió que el contenido se encontraba en su programa de gobierno. Ferrés expresó que la argumentación utilizada por el PS era «política y no técnica», y coincidió con la opinión de los juristas Martín Risso y Eduardo Esteva.
Originalmente, el equipo de campaña de Lacalle Pou tenía previsto finalizar la redacción del proyecto de LUC en octubre de 2019, de forma tal que estuviese presentado previamente a la primera vuelta de las elecciones nacionales, a celebrarse el 27 de dicho mes. Sin embargo, esto no ocurrió así. De hecho, Jorge Gandini (PN), entonces candidato al Senado, afirmó cuatro días antes de las elecciones que desconocía los contenidos del proyecto porque aún se estaba elaborando, si bien lo consideró «una buena herramienta». El entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez (FA), expresó la necesidad de informar al respecto «para que la gente pueda tomar una decisión».
En la primera vuelta de las elecciones nacionales, el FA y el PN fueron los dos partidos más votados, con el 39 % y el 28.6 % de los votos, respectivamente. Este resultado desembocó en una segunda vuelta entre los candidatos de cada uno a celebrarse en noviembre de 2019, hacia la cual todos los partidos principales de oposición se alinearon detrás de Lacalle Pou, conformando la Coalición Multicolor, que estableció un acuerdo programático de común acuerdo conocido como «Compromiso por el País». Finalmente, Lacalle Pou resultó victorioso con el 50.79 % de los votos válidos frente al 49.21 % de Daniel Martínez, un resultado más ajustado de lo esperado y que no permitió declarar un ganador en la misma noche de la elección.
El primer borrador del proyecto de LUC se dio a conocer en enero de 2020, que contenía 457 artículos divididos en 10 capítulos. El mismo sufrió modificaciones posteriores producto de la negociación entre los diferentes miembros de la Coalición Multicolor y la versión final fue presentada por el gobierno el 9 de abril, contando con 502 artículos.
Aprobación parlamentaria de la LUC El proyecto final de LUC ingresó al Parlamento el 23 de abril de 2020. Tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados se formaron comisiones especiales para su tratamiento, conformadas por legisladores de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Diversos individuos, organismos públicos, instituciones y organizaciones fueron citados por estas comisiones para conocer su visión sobre el contenido del proyecto de LUC. Con la eliminación de 25 artículos y la modificación de más de 300, la ley fue aprobada por la cámara alta en primera instancia el 6 de junio de 2020, tras lo cual ingresó a la cámara baja donde se introdujeron 32 cambios y se aprobó el 5 de julio. Finalmente, el Senado aprobó su versión final el 8 del mismo mes solamente con los votos del oficialismo y el Poder Ejecutivo la promulgó un día más tarde.
Proceso hacia el referéndum
Iniciativa Antes de ser enviado al Poder Legislativo y posteriormente durante la discusión parlamentaria del proyecto de ley de urgente consideración (LUC), la central sindical PIT-CNT se manifestó en contra de sus contenidos y de la utilización de la urgente consideración, considerándolo un mecanismo antidemocrático por limitar el debate político y social. El 4 de junio de 2020, miles de personas participaron en una movilización frente al Palacio Legislativo convocada por la central de trabajadores, durante la cual su secretario general, Marcelo Abdala, afirmó que la LUC no atendía las necesidades de la población en el contexto de la pandemia de COVID-19 «ni en forma ni en contenido».
La Federación ANCAP (Fancap), sindicato que nuclea a los trabajadores de la empresa petrolera estatal ANCAP, fue una de las primeras organizaciones en expresarse a favor de la interposición de un recurso de referéndum contra la LUC, por considerarla contraria a «los intereses de la clase trabajadora», según expresó Gerardo Rodríguez, presidente del sindicato. Uno de los principales puntos de objeción era la derogación del monopolio de ANCAP para la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados, tema que generó discusión incluso dentro de la propia coalición gobernante y fue excluido del proyecto de ley durante el debate parlamentario. En su lugar, se estableció que el precio de los combustibles sea definido por el Poder Ejecutivo, con un ajuste en línea con el precio de paridad de importación con una periodicidad no mayor a los sesenta días, frente a lo cual Fancap también se manifestó en desacuerdo.
La LUC fue finalmente aprobada y promulgada en julio de 2020. El presidente Lacalle Pou la catalogó entonces como un «instrumento necesario, justo y popular». Pese a los cambios al proyecto original (como la mencionada desmonopolización de ANCAP), Fancap mantuvo su postura favorable a buscar la anulación, mientras que otros sindicatos inicialmente se mostraron cautelosos al considerar que una movida en este sentido podría resultar «contraproducente» si no se alcanzaba el objetivo, por lo cual se requeriría de un amplio acuerdo entre sectores sociales para promoverla.
En el ámbito sindical, la idea de promover la interposición de un referéndum comenzó a ganar fuerza una vez promulgada la ley. El 9 de septiembre, el PIT-CNT anunció por primera vez oficialmente que se comenzaría a analizar la posibilidad de desarrollar una campaña con dicho objetivo, si bien por el momento no se trataba de algo definido. La realización de dicha campaña fue confirmada el 17 de octubre por la Intersocial, un espacio que nuclea a diversas organizaciones sociales además del PIT-CNT, como la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), la Intersocial Feminista y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).