Juan Francisco Silva Villegas (Anguía, Chota; 9 de septiembre de 1967) es un docente, empresario y prófugo de la justicia peruano. Fue ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú entre el 29 de julio de 2021 y el 28 de febrero de 2022. Desde el 27 de mayo se encuentra en paradero desconocido y requisitoriado por la justicia peruana por el delito de organización criminal. El 2011 fue acusado por el delito de agresión física contra una de sus exparejas.

Biografía Estudió en la Universidad Nacional Federico Villarreal donde obtuvo un bachiller en Educación. Además tiene una especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También estudia Administración de Empresas en la Escuela Nacional de Marina Mercante (Enamm).

Trayectoria Es presidente de la Asociación Centro Cocial Anguiano (Acesan - Lima ). Se desempeñó como director de la institución educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Puente Piedra.

Vida política

Ministro de Estado El 29 de julio de 2021, fue nombrado ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC) en el gobierno de Pedro Castillo.

El 28 de febrero de 2022 renunció al cargo de ministro en medio del debate en el congreso sobre su censura por la presunta red de corrupción dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Postrimerías

Escape de la justicia Tras su renuncia, Silva regresó a su cargo de docente en el colegio José Carlos Mariátegui, sin embargo, a los pocos días desapareció. El 7 de junio de 2022 la Fiscalía dictó una orden para su detención, sin embargo la Policía Nacional no pudo proceder a su captura porque se hallaba no habido desde el 27 de mayo. Dos días después, el 9 de junio, el Ministerio del Interior lo incluyó en el programa de recompensas, ofreciendo 50,000 soles a quien proporcione información sobre su paradero.

Según Cuarto poder, Silva habría fugado a Venezuela bajo el amparo del gobierno de Nicolás Maduro.

Controversias

Escándalo Puente Tarata Durante su gestión como ministro estuvo involucrado en presuntas irregularidades en la licitación del Puente Tarata. Según investigaciones de la fiscalía, el empresario Zamir Villaverde le entregó un pago a Silva para la adjudicación de la obra. En un audio obtenido y transcrito por la fiscalía, se escuchó a Villaverde entregar dinero a Silva además de referirle de la futura llegada de nuevos montos para su persona. En dicho audio, además, Villaverde se quejó de José Cortegana, entonces director ejecutivo de Provías, a quien calificó como "un peligro". Ante ello, Silva le respondió que lo iba a "poner en su sitio". En Punto Final se publicó la declaración de un colaborador eficaz de la fiscalía que señalaba a Silva como receptor de dinero y que le dijo a Villaverde que, del monto que Villaverde le entregó, 50 mil soles le dio a Pedro Castillo y que Fray Vásquez, sobrino de Castillo, estaba al tanto de la entrega del dinero.

Presunto pago a congresistas para evitar la moción de censura Según denunció Panorama, Villaverde realizó pagos a congresistas de la República para que no censuren a Silva. Según se detalló, se dio 3500 dólares como "apoyo" para beneficiar a Silva siendo receptores del pago congresistas de Fuerza Popular, Acción Popular y Alianza para el Progreso.

Denuncia de vinculación con traficantes de terrenos y asignaciones de puestos claves En un audio revelado por Willax, en donde Villaverde y Bruno Pacheco, ex secretario general del Despacho Presidencial, conversaban, Villaverde le insinuó a Pacheco que Silva le había aportado 1 millón de soles, obtenido a través del tráfico de terrenos, a la campaña de Castillo a cambio de obtener un cargo en el gobierno. Posteriormente, una investigación de El Comercio, reveló que Silva, cuando desempeñaba el cargo ministerial, tuvo vínculos con personas relacionadas con la invasión de terrenos en el distrito de Puente Piedra además de promoverlas en cargos dentro del MTC. Según la investigación, tras una semanas de obtenido el cargo, Silva se reunió en su despacho con Javier Arce Alvarado, quien iba acompañado de su cuñada Sabina Pimentel Quiñónez, involucrada en denuncias de usurpación de terrenos y estafa. Previamente, los tres habían promovido la campaña presidencial de Castillo. Se supo que Pimentel había visitado las oficinas del MTC en 13 ocasiones entre agosto del 2021 y marzo de 2022, afiliándose a Perú Libre en enero del 2022. En dichas visitas, Pimentel estuvo acompañada de diversos personajes que obtuvieron puestos en el MTC u órdenes de servicio como es el caso de Cristian Acosta Arce, que fue nombrado director de la Dirección de Fiscalizaciones en Transportes de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Transportes; Cristian Colchado Chunga, que fue designado como director de Servicios de Transporte Terrestre de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes; Martha Celi Sánchez, que fue contratada por el MTC para labores administrativas; e Hilda Ariza Pimentel, que obtuvo una orden de servicio.

Véase también

Investigaciones de casos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo

Referencias

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