En febrero de 2018, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió un examen preliminar sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades de Venezuela desde al menos abril de 2017 en tiempo de paz. Un examen preliminar había sido abierto en 2006, pero fue cerrado después de concluir que los requisitos para abrir una investigación no se habían cumplido.

En mayo de 2018, un Panel de Expertos Independientes nombrado por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó existían fundamentos suficientes para sostener que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde al menos el 12 de febrero de 2014, y recomendó que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, remitiera el informe y la evidencia recolectada a La Haya y que invitara a los Estados miembros del Estatuto de Roma para que remitieran la situación de Venezuela a la Oficina de la Fiscalía y que solicitaran la apertura de una investigación. El 27 de septiembre, seis Estados miembros del Estatuto de Roma: Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, refirieron la situación en Venezuela a la CPI, solicitando la apertura de una investigación.

En septiembre de 2020, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas concluyó que las violaciones a los derechos humanos en el país consistían crímenes de lesa humanidad y señala como responsables directos al presidente, Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a los ministros de Interior Néstor Reverol, y Defensa, Vladimir Padrino López.

En noviembre de 2021 el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, anunció la apertura de una investigación sobre la situación en el país. En marzo de 2024 la Corte decide continuar sus investigaciones sobre Venezuela. Como respuesta, dos semanas después, el gobierno de Maduro expulsó al personal de la oficina en Caracas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En diciembre de 2025 la Corte Penal cerró su oficina en Caracas, abierta en junio de 2023, por "falta de progreso real" en la cooperación por parte del gobierno de Nicolás Maduro, confirmando que la investigación se mantenía abierta.

Antecedentes En el 2000 Venezuela ratificó el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), durante el gobierno del presidente Hugo Chávez. Después de los sucesos de Puente Llaguno en Caracas el 11 de abril de 2002 y de las violaciones a los derechos humanos conetidas, la organización no gubernamental Foro Penal fue la primera organización en acudir a la recién fundada CPI para denunciar que en Venezuela se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad.

En 2004 el abogado penalista William Cárdenas fue uno de los primeros en denuciar ante la Corte Penal contra Hugo Chávez sobre los hechos violentos ocurridos en Venezuela en el año 2002. En esa oportunidad el examen preliminar del Fiscal arrojó en 2006, a su juicio, que las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no satisfacían lo requerido por el Estatuto de Roma, como ataques generalizados o sistemáticos, como tortura, persecución y exterminio contra un sector de la población civil en tiempo de paz, para poder ser investigados por esa Fiscalía, la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional bajo la dirección del Fiscal Luis Moreno Ocampo recibió doce comunicados con respecto de la situación en Venezuela, la mayoría de ellos relacionados con crímenes presuntamente cometidos por el gobierno venezolano y grupos asociados, incluyeron 45 víctimas de asesinato Sucesos de Puente Llaguno, 39 a 44 de prisión, 42 de tortura y un mayor número de víctimas de persecución, presuntamente cometidos antes del 1ro de julio del 2002 en relación con los incidentes ocurridos en el contexto del breve golpe de Estado de abril de 2002. Estos hechos ocurrieron antes de la competencia temporal de la Corte, pero el examen fue cerrado el 9 de febrero de 2006 al concluir que los requisitos de Estatuto de Roma para buscar autorización para iniciar una investigación en el país no habían sido satisfechos.

En noviembre de 2011, el economista y político venezolano Diego Arria presentó una denuncia en el CPI contra el mandatario Hugo Chávez. Arria estuvo dos años preparando y documentando su denuncia, aportando medio centenar de páginas con entrevistas a las víctimas y declaraciones propias de Chávez.

En junio de 2012 toma el cargo la fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda quien al dejar el cargo nueve años después, en 2021 queda el caso de Venezuela en situación de examen preliminar, el mensaje de Bensouda refleja que “hay méritos suficientes para abrir una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela”. Destacó además que el cambio del fiscal “no paraliza el proceso y que se espera un pronto pronunciamiento”.

Examen preliminar

2018 En febrero de 2018, la CPI anunció la apertura de un examen preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades venezolanas desde al menos abril de 2017. En mayo de 2018, un Panel de Expertos Internacionales Independientes nombrado por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó que existían fundamento suficiente para sostener que crímenes de lesa humanidad se habían cometido en Venezuela desde al menos el 12 de febrero de 2014, y recomendó que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, remitiera el informe y la evidencia recolectada por la Secretaría General de la OEA a la Oficina de la Fiscalía de la CPI y que invitara a los Estados miembros del Estatuto de Roma para que tanto remitieran la situación de Venezuela a la Oficina de la Fiscalía como que solicitaran la apertura de una investigación a los hechos recogidos en el informe, de acuerdo a los establecidos en el artículo 14 del Estatuto de Roma.

El 27 de septiembre de 2018, seis Estados miembros del Estatuto de Roma: Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, refirieron la situación en Venezuela desde al menos el 12 de febrero de 2014 a la CPI, solicitando a la fiscal Fatou Bensouda a iniciar una investigación sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio. El 28 de septiembre, la Presidencia de la Corte asignó la situación a la Sala de Cuestiones Preliminares I. Esta fue la primera vez en la historia de la Corte que Estados miembros solicitaban una investigación a potenciales crímenes cometidos enteramente en el territorio de otro país. El 8 de diciembre fueron designados tres jueces en el caso de Venezuela para iniciar un proceso penal contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Mediante comunicación suscrita por el juez Chile Eboe-Osuji quien preside la CPI, fueron designados los jueces Péter Kovács de Hungría, el francés Marc Perrin de Brichambaut y la beninesa Reine Alapini-Gansou quienes conforman la Primera Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI.

2020 El canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, realizó una denuncia en la CPI contra los Estados Unidos el 13 de febrero de 2020, alegando que la política de sanciones había resultado en crímenes de lesa humanidad. La fiscal Bensouda declaró que informó a la presidencia de la CPI de la remisión de acuerdo con las regulaciones de la corte para permitir la asignación de la situación a una Sala de Cuestiones Preliminares, observando que ambas remisiones «parecen solapar geográficamente y temporalmente y por lo tanto puede exigir la designación a la misma Sala de Cuestiones Preliminares», pero «que esto no tendría que perjudicar una determinación más tardía encima si el alcance referido de las dos situaciones es suficientemente enlazado para constituir una situación sola». El 19 de febrero, la CPI resignó la situación de Venezuela a la Sala de Cuestiones Preliminares III.

En septiembre, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas publicó sus hallazgos, habiendo concluido que las violaciones a los derechos humanos consistían en crímenes de lesa humanidad y citando evidencia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias en el país desde al menos 2014. Los autores solicitaron más acciones de la Corte Penal Internacional, al igual que justicia y reparaciones para las víctimas y para sus familiares. El reporte de 443 páginas señala como responsables directos al presidente, Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a los ministros de Interior Néstor Reverol, y Defensa, Vladimir Padrino López.

El 2 de diciembre, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos publicó un informe de 145 páginas expandiendo el informe del Panel de Expertos Independientes que concluyó que había una base razonable para creer que crímenes de lesa humanidad habían sido cometidos en Venezuela, observando que desde 2018 los crímenes de lesa humanidad en Venezuela habían aumentado en escala, alcance, y severidad, mientras que criticaba el fracaso de la Fiscalía de la CPI para realizar su examen preliminar de manera expedita y abrir una investigación «a pesar de evidencia abrumadora de crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte». Dos días después, la Oficina de la Fiscalía respondió que tenía conocimiento y que estudiaría el informe de la Organización de Estados Americanos y aseguró que la Oficina buscaba "completar los exámenes preliminares en el menor tiempo posible", pero lamentando "el tono y la forma del informe" y declarando que la Fiscalía y la Oficina «no permitiría que intentos externos» interfirieran con el proceso. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, respondió poco después, declarando que la OEA entendía el debido proceso y que tenía «el máximo respeto» por la Corte Penal Internacional, pero que tres años era demasiado tiempo "no para la OEA", pero si para las víctimas en Venezuela.

El 14 de diciembre, la Oficina de la Fiscalía publicó un informe en las actividades anuales de la Oficina, declarando que había "fundamento razonable" para creer que al menos "desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del gobierno habían cometido los crímenes de lesa humanidad, de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional" y que esperaba decidir en 2021 si abrir una investigación o no.

2021 miniaturadeimagen|Carroza fúnebre de Fernando Albán Salazar. En mayo de 2021, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, admitió que Fernando Albán Salazar, concejal de Caracas que había muerto en 2018 mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), no se había suicidado, como había sido reportado inicialmente por funcionarios gubernamentales, sino que había sido asesinado y que, durante las protestas en Venezuela de 2017, el estudiante Juan Pablo Pernalete había sido asesinado con una bomba lacrimógena por fuerzas de seguridad, algo que inicialmente había sido negado por funcionarios del gobierno. miniaturadeimagen|Marcha silenciosa en honor a Juan Pablo Pernalete. William Saab también acusó de que «falta transparencia» en el proceso de la CPI. La vicepresidenta del gobierno, Delcy Rodríguez, calificó el caso contra Venezuela de la CPI como una "gran farsa". La Asamblea Nacional opositora encabezada por Juan Guaidó declaró que William Saab buscaba impedir que la CPI actuara y condenó que la cadena de mando no estuviera investigada.