El caso Cochinilla refiere a un escándalo político de corrupción en Costa Rica revelado el 14 de junio de 2021, donde se cuestiona una red de crimen organizado destinada a favorecer a empresas privadas específicas en licitaciones de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red vial costarricense, a cambio de sobornos y favores para funcionarios públicos.
La investigación destapó la existencia de una red de entre 32 a 75 personas en la que se llevaban a cabo actividades que encajan en los delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica.
El Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público iniciaron la investigación en el año 2019, luego de denuncias que señalaban la existencia de un grupo de funcionarios en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), ente adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que favorecían ilícitamente a las empresas constructoras Meco, Hernán Solís, Cacisa, L.G.C, Montesdes, Puentes y Calzadas S.A., Dinaju S.A., Galindo Solutions, Dicocc, FCC, Santa Elena de Poás, y Altos Frutales.
Tras dos días de operativos en los que se realizaron 57 allanamientos (incluida la Casa Presidencial de Costa Rica) entre la policía judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción; las autoridades detuvieron a 30 personas. Contra 14 de ellas el Ministerio Público pidió un año de prisión preventiva, mientras que para el resto pidió medidas cautelares no privativas de libertad con el fin de mantenerlas atadas a la investigación.
Las autoridades estimaron que se dio una malversación de fondos públicos de 78 mil millones de colones (US$ 126,33 millones), mediante el desvío de presupuestos para obras públicas y su redirección a proyectos de las empresas privadas beneficiadas, desfinanciando otras obras de infraestructura.
El caso y la investigación El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza Espinoza, detalló en un vídeo que la actividad operativa inició en el año 2019, tras recibir información confidencial y denuncias particulares que dieron apertura al caso "Cochinilla", denominado así por el comparativo entre el insecto parásito, difícil de encontrar, que si no es exterminado, reaparecerá para arrasar los cultivos; y la forma de operar de las personas involucradas en el caso.
La primera alerta se dio el 27 de noviembre de 2018, cuando en un allanamiento no relacionado con este caso en las oficinas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), dos funcionarios de la institución se contactaron con agentes del OIJ para informarles de situaciones de posible corrupción en la entidad.
Tras recibir las pistas confidenciales, la policía judicial inició una investigación ese año junto a la Fiscalía General de la República y su sección anticorrupción, logrando la declaratoria de "caso de crimen organizado" que daba autorización para realizar intervenciones y escuchas telefónicas contra las personas involucradas.
El 18 de junio del 2021, el expediente judicial fue filtrado a la prensa por lo que los medios de comunicación empezaron a reportar cuáles eran los hechos que se investigaban y acusaban contra cada uno de los investigados. Entre los sobornos que habrían sido dados por las empresas a los funcionarios públicos se incluyen dinero en efectivo, terrenos, automóviles, favores sexuales y almuerzos de lujo.
El Organismo de Investigación Judicial determinó que las empresas Meco, Cacisa, Constructora Herrera, LGC, Montedes y otras, supuestamente daban sobornos a funcionarios del Conavi para acelerar sus proyectos y luego recuperar lo invertido en la coima emitiendo facturas falsas que eran pagadas con recursos públicos. El informe de la policía judicial apuntó a Tobías Arce Alpízar (funcionario de Meco) como el encargado de entregar los sobornos y crear las facturas falsas a nombre de una firma llamada Trac Pesados, la cual fue contratada por varias de las empresas investigadas.
Las autoridades lograron una declaratoria de "crimen organizado" y realizaron intervenciones telefónicas entre noviembre del 2019 y junio del 2020. En esas conversaciones, según el informe judicial, se reseñó que Constructora Meco pagó sobornos y camufló esos gastos con facturas de TRAC Pesados, propiedad de Tobías Arce Alpízar y quien recibía colaboración de su hijo. Asimismo, el OIJ afirmó que el gerente general de Meco, Carlos Cerdas Araya, dio su aval para legitimar los dineros de las dádivas como gastos legales de la empresa, para lo cual Arce Alpízar coordinaba con González Carballo, gerente de operaciones de Meco y Alejandro Bolaños Salazar, gerente comercial y representante legal de la compañía constructora. En el informe también se menciona que la gerente financiera de Meco, Alejandra Bonilla Guillén, era la encargada de introducir en la contabilidad de la empresa los gastos por sobornos y el salario de Arce, por supuestos servicios profesionales brindados desde TRAC Pesados.
La policía judicial identificó dos facturas de 1.5 millones de colones cobradas por TRAC Pesados a Meco por servicios profesionales, que en realidad se trataban de pago de sobornos a funcionarios del Conavi: ¢250.000 para Hugo Zúñiga Fallas (delegado de firmas de Conservación Vial de Conavi), ¢200.000 para Eliécer Rivera Campos (analista financiero) y ¢158.000 para Luis Mata Madrigal (analista financiero), con el fin de que ellos dieran trámite expedito a facturas de Meco en Conavi. El informe del OIJ también señala que en del 2020, los mismos funcionarios recibieron un nuevo pago de sobornos por ¢520.000 en conjunto y en marzo de ese mismo año otro de ¢170.000.
Adicionalmente, el periódico La Nación reveló que Meco y Diccoc entregaron dádivas a Carlos Solís Murillo (entonces gerente financiero de Conavi), Carmen Madrigal Rímola (gerente de proveeduría de Conavi) y Marcela Monge Hernández (gerente de adquisición y finanzas del Conavi). La coima consistió en transportar compras personales hechas por ellos tres, en Panamá. También reveló que Constructora Herrera supuestamente le giró ¢4.5 millones y pagó una deuda que Carmen Madrigal Rímola tenía con el Ministerio de Hacienda, a cambio de trato preferencial en contratos de obra pública para la empresa.
La Nación también reveló que las empresas MECO, Hermanos Bustamante, supervisora DICOOC, constructora FCC, Administradores Viales Cacisa y Also Frutales financiaron la fiesta de fin de año, en 2019, para los funcionarios del Conavi, aportando ¢1.2 millones en efectivo, una decena de botellas de alcohol y 70 kilos de carne y chorizo. La actividad tuvo lugar el 28 de noviembre en las instalaciones de recreo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en Coronado. El OIJ destacó que la dádiva se otorgó en momentos en que las empresas en cuestión tenían facturas pendientes de pago en el Conavi.
Además, el informe filtrado de la policía judicial señaló que Meco, Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP) y Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería (Cacisa) coludieron para manipular pruebas de control de calidad y pagaron dádivas, para ocultar defectos en la mezcla de asfalto colocada en el viaducto de las Garantías Sociales, un proyecto de infraestructura cuya construcción inició en 2019 y fue inaugurado en abril del 2021; y que fue financiero con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). También se reveló que Meco pintó el edificio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), ubicado frente a la zona de construcción, y camufló el gasto como si se tratara de dinero invertido en excavaciones para el paso a desnivel.
Personas de interés +NombreSector laboralCargoNotasReferenciasCarmen Madrigal RímolaDirectora de proveeduría de ConaviLa Fiscalía pidió un año de prisión preventiva en su contra.Carlos Solís MurilloEx gerente financiero del ConaviElsie Carmona RivasFuncionaria del ConaviHarold Mora ObandoFuncionario del ConaviHugo Fallas ZúñigaFuncionario de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del ConaviCarlos Cerdas ArayaPresidente de MecoMélida Solís VargasPropietaria de H SolísAbel González CarballoGerente general de MecoAlejandro Bolaños SalazarRepresentante legal de MecoÓscar Martínez MartínezPresidente de Ingeniería Técnica de Proyectos ITP S. A.Tobías Arce AlpízarFuncionario de MecoWilliam Herrera ChacónGerente general de Constructora HerreraAlister Cervantes MoralesGerente de Diseño, Inspección y Consultoría en Carreteras y Obras Civiles (Diccoc)Juan Carlos Abarca QuesadaTrabajador de H. Solís y gerente operativo de la empresa Also FrutalesLa Fiscalía pidió un año de prisión preventiva en su contra. El juzgado rechazó la prisión preventiva y le impuso mantener domicilio fijo y firmar una vez por semana en la Fiscalía.Laura Clotilde Chaves MoraFuncionaria de Conavi en la Unidad Ejecutora del Puente Binacional en SixaolaLa Fiscalía pidió medidas cautelares no privativas de libertad en su contra.José Manuel Rojas MongeDirector financiero del ConaviEdgar May CantillanoIngeniero de Proyectos del ConaviMarlon Vinicio Zamora UlloaFuncionario responsable de autorizar los presupuestos extraordinarios en la Tesorería NacionalErick Rodríguez ArayaFuncionario del MOPTAbraham Sánchez CastroIngeniero del ConaviEliécer Rivera CamposFuncionario responsable de la ejecución presupuestaria del ConaviLuis Quesada PérezFuncionario del MOPTMauricio Ortiz VegaFuncionario responsable de la ejecución presupuestaria del ConaviSergio Lobo BejaranoJefe de tesorería del ConaviMarcela Monge HernándezGerente de adquisición y finanzas del ConaviMario Quesada AguirreVicepresidente del Tribunal Administrativo de TransporteAlejandra Bonilla GuillénRepresentante legal de MecoEdwin Castro Rodríguez Presidente de Sociedad Constructora MontedesSonia Solís VargasSecretaria de Sociedad Altos FrutalesLuis Alberto Ureña VillalobosFuncionario de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae)La Fiscalía pidió medidas cautelares no privativas de libertad, sin embargo, el juzgado las rechazó y le dejó en libertad.Mario Rodríguez VargasDirector Ejecutivo interino del ConaviInvestigado, pero no fue detenido ni se pidieron medidas cautelares.Gabriela Trejos AmadorGerente de Asuntos Jurídicos del ConaviJohnny Barth RamírezGerente de Contratación de Vías y Puentes del ConaviAna Ruth Alfaro PadillaFuncionaria de la gerencia de Conservación de Puentes del ConaviEdgar Meléndez CerdaGerente interino de Conservación de Vías y Puentes del ConaviAllan Ugalde RojasGerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la RepúblicaFiscalía informa al Periódico La Nación el 23 de enero de 2023 que no figura en la lista de investigadoshttps://www.nacion.com/el-pais/servicios/fiscalia-excluye-a-exgerente-de-contraloria-de/H4QCGO5MVVDJVIHTJTP4X3AYRQ/story/Juan Camilo Saldarriaga JiménezAsesor del presidente Carlos Alvarado QuesadaInvestigado, pero no fue detenido ni se pidieron medidas cautelares. Renunció a su cargo el día en que estalló el caso.Roberto Acosta MoraEsposo de Mélida SolísInvestigado, pero no fue detenido ni se pidieron medidas cautelares.Keylor Godínez AbarcaGerente de Proyectos H. SolísSonia Solís VargasHermana de Mélida Solís y secretaria de la sociedad de Also FrutalesAlejandro Acosta MoraCuñado de Mélida Solís y esposo de Sonia SolísMax Sittenfeld AppleIngeniero de MecoLuis Fernando Gutiérrez VargasGerente de la Unidad de Asfaltos en Constructora MecoPriscilla Naranjo VargasDesconocidoÁlex Arce BarrantesDesconocidoRandall Zamora ZúñigaDesconocidoRafael Araya MenaDesconocidoCristian Fallas HernándezDesconocidoLuis Mata MadrigalDesconocido
Consecuencias