Las protestas en Colombia de 2021, denominadas también estallido social de Colombia, o simplemente "el estallido", fueron una serie de manifestaciones multifactoriales en Colombia desencadenadas por el anuncio del proyecto de reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque, realizadas inicialmente con el objetivo de lograr la eliminación de esta propuesta reestructurante, postuladas en forma de Paro Nacional, la organización, movilización, protestas sociales se extendieron con gran intensidad, al menos, hasta diciembre de 2021, . Son consideradas las protestas más extendidas en la historia republicana del país
La retoma de la solicitud de acción para la solución de otras problemáticas sociales que se había iniciado 18 meses antes en el Paro Nacional de 2019-2020. Su desarrollo se ha dado durante la pandemia de COVID-19, siendo una de las causas del incremento de la tasa de contagios en el país. Las manifestaciones se vieron afectadas por personas infiltradas en las manifestaciones que causaron vandalismo dañando las propiedades públicas y privadas, la violencia de las partes en conflicto, y la respuesta armada por parte de civiles opositores a las marchas, siendo registrados más de 70 manifestantes fallecidos en tal contexto y otros cientos reportados como desaparecidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas. El expresidente Iván Duque se había negado a aceptar una visita de trabajo inmediata de la CIDH a Colombia, la cual fue realizada el 8 de junio.
Las protestas se realizaron de manera indefinida desde el 28 de abril de 2021, y fueron convocadas por el denominado Comité Nacional de Paro, conformado por sindicatos y centrales obreras que había convocado las protestas en Colombia de 2019-2020, a las cuales se han sumado otros sectores sociales (muchos de ellos jóvenes, sin filiación ideológica, sin acceso a la educación o a empleos formales). Las protestas se han presentado en diferentes ciudades, municipios y vías del país, y en el exterior por connacionales radicados en España, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Bélgica, Suecia, Rusia, Italia, Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Polonia, Australia y Nueva Zelanda, incluso frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra. También se destacaron las acciones en Internet, a través de redes sociales y sitios web, y las expresiones artísticas durante las protestas.
En septiembre de 2023, la Corte Constitucional de Colombia emitió la sentencia T-372, declarando que el gobierno de Iván Duque había vulnerado derechos de la ciudadanía al haber obstruido la «libertad de expresión, de reunión y de asociación» después de no informar de los cortes de internet durante las protestas en Colombia de 2021.
Antecedentes
miniaturadeimagen|Velatón en el Centro Administrativo Municipal de Cali (CAM) durante las protestas de noviembre de 2019.|izquierda|212x212px Durante el gobierno de Iván Duque Márquez (electo para el periodo 2018-2022) se han presentado varias protestas, movilizaciones sociales y manifestaciones como el paro universitario de 2018, realizado entre los meses de octubre y diciembre de ese año; las protestas de 2019-2020, desencadenadas por el descontento social frente a las políticas del gobierno; las protestas por la muerte de Javier Ordóñez a manos de la policía y una serie de disturbios rechazando los casos de brutalidad policial ocurridos en septiembre de 2020; la Minga del Suroccidente Colombiano, y la jornada de conmemoración del Paro Nacional el 21 de noviembre; la peregrinación por la vida y por la paz realizada por excombatientes de las FARC-EP.
Varios de los reclamos de estas protestas, movilizaciones y manifestaciones son motivo del descontento social (otra de las causas del paro nacional) se han mantenido o agravado. El Comité Nacional de paro que había convocado a las protestas en Colombia de 2019-2020 no llegó finalmente a un acuerdo con el Gobierno de Colombia.
Las investigaciones sociales hablan de dos fases de estallidos sociales latinoamericanos, que precedieron gobiernos progresistas: una primera, que inicia con el Caracazo, en Venezuela, en 1989; continúa con las manifestaciones contra el corralito, en Argentina, en 2001, y las guerras del gas y del agua, en Bolivia, también en 2001 y 2003; y los levantamientos indígenas y populares en Ecuador, en 1997, 2000, 2005 y 2006. Una segunda ola inicia con el estallido social en Chile, 2019, y en Colombia, en 2021.
También se habla de antecedentes locales contemporáneos, como las mingas indígenas, de 2008, 2011, 2013, 2014 y 2018, los paros estudiantiles, de 2011 y 2018, el paro nacional agrario, de 2013, y los paros cívicos en el Pacífico afrodescendiente, en 2017. Además, historiadores como Medófilo Medina y Mauricio Archila han identificado patrones de largo y mediano aliento entre diferentes movimientos sociales colombianos en la historia, enmarcados bajo la noción de "muchedumbre política", e influenciados por lecturas de Baruch Spinoza, Carlos Marx, George Rudé, Eric Hobsbawm, Loïc Wacquant, Michael Hardt y Antonio Negri.
En esa vía, Medina traza una línea de antecedentes que conecta el estallido social de 2021 como el Motín Bogotano, de 1893; las protestas estudiantiles, de 1909, en contra de Rafael Reyes; el levantamiento de bases urbanas, en 1929, en contra de las políticas laborales de la Hegemonía Conservadora; el Primero de mayo de 1936, a favor de las políticas sociales de la República Liberal; las movilizaciones sociales de 1944, en apoyo al gobierno de Alfonso López Pumarejo; el Bogotazo del 9 de abril de 1948, en reacción al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán; las movilizaciones sociales de 1957, que presionaron la caída del General Rojas Pinilla; el Paro Cívico Nacional, de septiembre de 1977; las movilizaciones denominadas "Un millón de voces contra las FARC", el Homenaje a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado, en 2008 y las protestas en Colombia de 2019-2020.
Causas
Reforma tributaria: siguiendo lineamientos del Fondo Monetario Internacional y denominada por el gobierno como Ley de Solidaridad Sostenible: propuesto por el gobierno nacional y del entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que busca aumentar los impuestos a la clase media, gravar la canasta familiar con el Impuesto de Valor Agregado (IVA) afectando a los productos de primera necesidad, y a los servicios públicos básicos (agua, energía eléctrica, gas natural, telefonía pública) servicios funerarios y otros servicios hasta ahora extensos. Lo cual le permitiría al gobierno recaudar 23billones de pesos colombianos adicionales (unos US$6300millones). El gobierno, por su parte, justificó esta reforma aduciendo que es necesaria para poder aumentar la cobertura y garantizar la persistencia del programa Ingreso Solidario, una iniciativa de apoyo económico a hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad económica. Alberto Carrasquilla confesó en una entrevista su ignorancia sobre los precios de los alimentos básicos de los colombianos, estimo en 1800 pesos colombianos una docena de huevos, una cifra 64% más baja de la real. En la misma entrevista, Carrasquilla aseguró tener fama entre su familia de despilfarrador. Estas declaraciones enfurecieron a muchos colombianos. Reforma a la salud y a la pensión: Planteando cambios en el sistema de las entidades promotoras de salud (EPS). Se propone una regionalización del sistema de salud, propone crear regiones de salud con aspectos comunes para garantizar promoción, prestaciones de servicios, aseguramiento y creación de redes específicas, contempla nuevos mecanismos de pago y contratación, la creación del Fondo de Investigación en Salud (FIS). También piden la derogación del decreto 1174 de 2020 sobre las pensiones en Colombia. Descontento social: Manifestado ante los incumplimientos a los Acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP (274 excombatientes asesinados desde el 2016), la continuidad de masacres y asesinatos de líderes sociales y el incremento en las masacres de civiles en el país, el anuncio del retorno de fumigaciones con glifosato, la compra de material bélico en medio de la crisis económica y sanitaria (tanquetas para el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, y refuerzos para las mismas, los planes de compra de aviones de combate, reversados por las protestas). Sumados a los 6402 casos de falsos positivos que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estima ocurrieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Manejo de la pandemia: Producto de la corrupción denunciada por la Procuraduría General de la Nación; la insuficiencia en subsidios y atención a la población, según El Comité Nacional del Paro y Merike Blofield, directora del German Institute for Global and Area Studies, de los actuales programas de apoyo económicos proporcionados por el Gobierno Nacional; el controvertido manejo del Plan Nacional de Vacunación, el cual, se estaría llevando a cabo con atrasos, luego de procesos de adquisición que, afirma la oposición, han sido poco transparentes y demorados. El senador Gustavo Petro, líder de un sector de la oposición y del denominado Pacto Histórico por Colombia, y cuya vocería y liderazgo durante las protestas han generado controversia, ha criticado el manejo de la pandemia, alegando la insuficiencia de los apoyos económicos para la población.
Situación económica: La grave e inestable situación económica del país, derivada de la pandemia del COVID-19, fue uno de los principales factores; de hecho, el 28 de abril de 2021 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística reportó un aumento del 6,8 % en la pobreza del país, un retroceso de 10 años en la lucha contra la pobreza, lo cual significó que el nivel de pobreza en el país subió a 42,5 %. Otros factores fueron la grave devaluación del peso colombiano, la cuarta peor de las monedas emergentes, que provocó el aumento del precio de las importaciones, y la inflación, que fue de 0,58 % mensual en abril de 2021. Participación de la oposición: Los partidos de oposición reclaman a Iván Duque el no haber sido incluidos en los diálogos para la redacción de una nueva reforma tributaria, luego de que el proyecto original fuera retirado el 2 de mayo. El presunto fraude electoral materializado en la información obtenida por la Fiscalía General de la Nación con audios que vinculan al "Ñeñe" Hernández, un narcotraficante, con una auxiliar de la Unidad Legislativa del senador Uribe Vélez llamada Cayita Daza, que habría beneficiado a Iván Duque sobre Gustavo Petro, durante las elecciones presidenciales de 2018, y los constantes reclamos de éste, quien además ha desconocido la legitimidad del gobierno de Iván Duque, respecto a la obstaculización a la participación política de su movimiento, Colombia Humana. Brutalidad policial: La violenta represión por parte de la Policía Nacional, en especial del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) hacia las protestas, además de la violación a los Derechos Humanos y los constantes casos de asesinatos, uso excesivo de la fuerza y violaciones, han revivido la exigencia de reforma estructural a la policía y el desmonte del ESMAD. Otras peticiones: Otras de las peticiones del Comité Nacional de paro son: la renta básica de emergencia de al menos un salario mínimo mensual vigente; la defensa de la producción nacional; la no discriminación de género y étnica; y el retiro de la reforma al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, (Icetex). El 7 de mayo se hicieron públicas las demandas del Comité Nacional del Paro. Las medidas solicitadas superan los 80 billones de pesos, más de 3 veces la reforma inicial propuesta por el presidente Iván Duque que buscaba recaudar entre 23 y 25 billones de pesos.