Inmaculada Montalbán Huertas (Iznalloz, 26 de noviembre de 1959) es una magistrada y jurista española, actual vicepresidenta del Tribunal Constitucional desde 2023, órgano del que forma parte desde 2021. Con anterioridad, ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2008 y 2013, y presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla entre 2014 y 2021.
Se la considera una pionera en el estudio y análisis de la perspectiva de género como criterio de interpretación de las normas, precursora de una nueva línea jurisprudencial que aplica dicho principio. Experta en las materias de igualdad de género, violencia de género y derecho antidiscriminatorio, durante su etapa en el CGPJ, fue presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y de la Comisión de Igualdad, y ha colaborado en la implementación de observatorios contra la violencia de otros países.
Recibió el premio «Rafael Martínez Emperador» 2003, por su monografía Perspectiva de Género: criterio de interpretación internacional y constitucional dándose la circunstancia de ser la primera vez que se concedía el premio a una mujer y, la primera vez también, que se entregaba a un miembro de la carrera judicial. Ha defendido, como experta en las comisiones de estudio de las Cortes Generales, la necesidad de que jueces y demás operadores jurídicos tengan la ineludible formación en materia de violencia de género. Está en posesión de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort y de otras más de veinte distinciones, premios y reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro de Andalucía.
Carrera judicial Inmaculada Montalbán Huertas, nació en el municipio de Iznalloz (Granada, 26 de noviembre de 1959). Cursó los estudios de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, al término de los cuales, preparó y aprobó las oposiciones a judicatura en turno libre, ingresando en la carrera judicial en 1985 tras superar el curso de formación de la Escuela Judicial.
Primeros años Sus primeros destinos fueron los juzgados de distrito de Torrevieja (Alicante) y Almería núm. 3, compatibilizando sus funciones con el cargo del juez unipersonal del Tribunal Tutelar de Menores de la Provincia de Almería. El ascenso a la categoría de Magistrada se produjo en noviembre de 1988 siendo destinada en la entonces Audiencia Territorial de Valencia, donde ocupó plaza en su Audiencia Provincial, Sección 3ª, con competencias en penal y civil. En 1991 se trasladó a Granada, esta vez destinada en el Juzgado de Instrucción núm. 7 donde prestó sus servicios hasta 1999 en que, tras realizar el preceptivo curso de adaptación al orden jurisdiccional contencioso administrativo, con fecha 5 de abril de 1999, se hizo cargo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 3 de Granada. Por Real Decreto 20/2003 de 10 de enero, fue nombrada magistrada de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, sede en Granada, de cuya Sección Tercera es presidenta desde el 1 de junio de 2014. Desde los primeros años de servicio ha ido acumulando conocimiento jurídico adquirido en juzgados de diferente orden jurisdiccional, así como experiencia en organización de órganos judiciales.En el Juzgado de Almería, unas abogadas que trabajaban con víctimas de malos tratos me pidieron que colaborara con ellas. Así fue como estuve unos años yendo a los pueblos a explicar a las mujeres que tenían derecho a denunciar. Les explicábamos que la violencia dentro de la pareja no estaba permitida, que una mujer no estaba obligada a sufrir malos tratos o a recibir amenazas por el hecho de casarse. (Inmaculada Montalbán)Veintisiete años después de iniciar su carrera judicial, le fue concedida la medalla de oro de Andalucía principalmente por "...el servicio diario que presta a la sociedad y su compromiso con las mujeres que caminan por el largo túnel de la violencia de género.."por Decreto 117/1985 de 5 de junio. Inmaculada Montalbán pertenece a la asociación Juezas y jueces para la Democracia, donde fue miembro del Secretariado Nacional en dos periodos y portavoz del Secretariado en materia de violencia de género desde 14 de mayo de 2004 a 2006. Además se ocupó de la coordinación de la sección de Andalucía Oriental. Fue coordinadora de la Comisión de Violencia de Género (2000). Formó parte, como miembro electo de Jueces para la Democracia, de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde por primera vez se hizo uso del mecanismo de revisión de los acuerdos de la Comisión por el Pleno. También es miembro de la Asociación de Mujeres Juezas.
Vocal del CGPJ Nombrada vocal del Consejo General del Poder Judicial en 2008 a propuesta del Senado, elegida entre jueces y magistrados, es la primera magistrada andaluzahttps://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Informacion-Institucional/Composicion/relacionados/Miembros-anteriores-del-CGPJ que forma parte del órgano de gobierno de los jueces. Fue presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y la Comisión de Igualdad. Desde octubre de 2008 a diciembre de 2013 fue vocal del CGPJ, concretamente fue Vocal Delegada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Vocal Delegada para la Comunidad de Andalucía y Canarias. Además fue presidenta de la Comisión de Igualdad y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Como delegada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, promovió encuentros anuales de presidentes/as de las Salas de lo Contencioso Administrativo de todos los Tribunales Superiores de Justicia, con la finalidad de intercambiar buenas experiencias de gestión; unificar criterios jurisdiccionales y proponer reformas legales que, en buena parte, han sido aceptadas por el legislativo. También se ha promovido la utilización de los “pleitos testigos” y técnicas de acumulación de asuntos. Las medidas de refuerzo aplicadas a órganos colegiados con pendencia estructural han resultado positivas. En su calidad de presidenta de la Comisión de Igualdad, promovió la formación transversal en materia de igualdad; el análisis e investigación de sentencias dictadas en esta materia y la aprobación en 2013 del Plan de Igualdad de Oportunidades en la carrera judicial.
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género Durante los años en que fue presidenta del Observatorio, se obtuvieron los siguientes reconocimientos al trabajo realizado: El Observatorio fue reconocido legalmente como un instrumento para el estudio y seguimiento de la violencia doméstica y de género en el ámbito judicial, tras la reforma de la ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio de reforma del Consejo General del Poder Judicial. Su sistema de recopilación de información en relación con las investigaciones jurídicas y los procedimientos judiciales fue identificado como buenas prácticas por el Parlamento Europeo, en su “ Informe sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres 2010/2209 INI)”, año 2011. El Observatorio fue identificado como “stakeholder” relevante del Instituto Europeo de Igualdad de Género, en el campo de la lucha contra la violencia de género, formando parte de la base de datos europea de actores más importantes en este campo. En diciembre de 2013 se reincorporó al ejercicio de funciones jurisdiccionales en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, sede en Granada donde ha sido presidenta de la Sección Tercera hasta su nombramiento como magistrada del Tribunal Constitucional.
Magistrada del Tribunal Constitucional El 18 de noviembre de 2021 tomó posesión como nueva magistrada del Tribunal Constitucional previo su nombramiento por el rey, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 159 de la Constitución y 16 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y a propuesta del Congreso de los Diputados. El 11 de enero de 2023 fue nombrada vicepresidenta por el Pleno del Tribunal, junto con el presidente Cándido Conde-Pumpido. Tomó posesión al día siguiente.
Pionera en la interpretación de las normas desde la perspectiva de género Inmaculada Montalbán Huertas llevó a cabo una investigación sobre la perspectiva de género en la epistemología jurídica. Publicó el resultado en una monografía galardonada en 2003 con el premio "Rafael Martínez Emperador", siendo la primera vez que se concedía a un miembro de la carrera judicial y, también era la primera vez que se entregaba a una mujer. La magistrada define la perspectiva de género en su monografía: “Es un instrumento de análisis que permite descubrir y comprender los mecanismos que en la práctica, a pesar del reconocimiento formal del derecho de igualdad, mantiene la subsistencia de la primacía cultural de los valores androcéntricos tanto con la sociedad como en el derecho. Simultáneamente, es una técnica que permitirá avanzar en la consecución de la igualdad material, sustantiva y real En el ejercicio de la función jurisdiccional Montalbán ha formado parte del Tribunales que han dictado sentencias, fundamentando el fallo en derecho aplicando la perspectiva de género. Estas sentencias han tenido repercusión social y mediática. Sentencia caso de ginecólogo de Valencia La sentencia Sentencia núm. 156, de 14 de marzo de 1991. Sección 3. Audiencia de Valencia. Publicada en el Boletin del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia en abril 1991. nº 59 en la que actuó como ponente la magistrada María del Pilar Manzana La Guarda. El Ministerio Fiscal no acusó en conclusiones definitivas a las tres mujeres que fueron absueltas. En la sentencia se considera probada la eximente de estado de necesidad justificante, que el Tribunal Supremo había estimado, en una reciente sentencia, ser de aplicación en un delito de aborto, a la mujer, al marido y al amigo que facilitó los datos de la clínica. El Fiscal formuló acusación contra el facultativo. No obstante, con el voto de la magistrada ponente y el de Montalbán, se absolvió al facultativo por considerar, en el Fundamento Cuarto de los de Derecho, que el acusado practicó el aborto al abrigo de la causa de justificación del estado de necesidad en que se encontraban las procesadas, de cuyo estado de necesidad participaba el acusado pues era conocedor de la existencia de bienes en conflicto que, debidamente ponderados, le llevaron a entender prevalente el derecho de la mujer. De este modo la sentencia extiende al facultativo la eximente del estado de necesidad. La sentencia hace una reflexión en torno a que la modificación legislativa condena al personal facultativo que practica el aborto a la mujer en los supuestos previstos en el artículo 417bis de la nueva regulación del delito de aborto. La sentencia no fue recurrida por el Ministerio Fiscal ni por el resto de las partes. El voto particular del Magistrado quedó unido a autos y recogido en la sentencia absolutoria. Consecuencias:Informe que la Fiscalía General del Estado dirige al Ministerio de Justicia pidiendo la ampliación de la legislación del aborto a un cuarto supuesto despenalizador 1992. El Parlamento Europeo aprueba una resolución solicitando al Gobierno español que cesen las persecuciones, detenciones, juicios, etc., por aborto. El Gobierno presenta un informe sobre la realidad del aborto en el que considera necesaria la reforma de la ley de 1985