La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela es una misión establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante la resolución 42/25 en septiembre de 2019 presidida por Sofía Macher para documentar las violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante la Revolución bolivariana.
Antecedentes
Desde el establecimiento del chavismo como corriente política dominante en Venezuela a finales de los años 90’s, surgieron grupos sociales de tipo comunitario autodenominados “colectivos”, que apoyan al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y a los gobiernos del expresidente Hugo Chávez y actualmente de Nicolás Maduro. Estos grupos manifiestan estar dedicados a la promoción de la democracia, de grupos políticos y actividades culturales, sin embargo la mayoría de ellos actúan como grupos paramilitares para la defensa del chavismo.
Este comportamiento negativo se ha intensificado desde inicios del mandato de Nicolás Maduro en el año 2013. Desde entonces, factores de oposición al chavismo han documentado y denunciado conductas de intimidación y hasta hechos delictivos por parte de estos colectivos con el apoyo del Estado, quienes frecuentemente intervienen en las marchas opositoras para arremeter contra los manifestantes, lo que provoca hechos de consecuencias trágicas.
Ya finalizando su mandato constitucional en 2018, Nicolás Maduro solicitó públicamente en diversas ocasiones estar preparados para el combate en caso de que sucediera un golpe de Estado en su contra o una intervención militar extranjera, alimentando aún más la actitud negativa de estos grupos.
Los colectivos no han sido los únicos grupos que infunden temor en la población civil. Desde que inició el mandato de Nicolás Maduro en 2013, las fuerzas de seguridad del Estado también han sido empleados como instrumentos de intimidación en contra de la población civil. En la mayoría de las protestas de oposición en contra de Maduro, la intervención de los cuerpos de seguridad estatal ha dejado como consecuencia elevados saldos de heridos y fallecidos, sin que las autoridades pertinentes castiguen a los culpables.
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), violando la Ley pero con apoyo del Estado realizan operativos en los sectores populares del país para supuestamente combatir la delincuencia, pero con la aplicación de ejecuciones extrajudiciales en contra de civiles desarmados. El Estado venezolano ha criminalizado la protesta. Empezando en las protestas en Venezuela de 2017 se convirtió en una práctica habitual el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares, a pesar de que la constitución venezolana lo prohíbe. miniaturadeimagen|Michelle Bachelet como alta Comisionada visitó a Venezuela en 2019 y declaró que hay casos de torturas y ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.|300x300px La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicó en 2018 un informe donde se documentaba como las fuerzas de seguridad del Estado utilizaban las detenciones arbitrarias como mecanismo para intimidar a los disidentes del gobierno de Nicolás Maduro. Igualmente denuncia el escrito que las personas detenidas con frecuencia eran sometidas a torturas y tratos crueles. Asimismo se expone en el informe casos en que miembros de las fuerzas de seguridad, presuntamente responsables de la ejecución extrajudicial de manifestantes, fueron liberados a pesar de ser objeto de órdenes judiciales de arresto o permanecieron simplemente retenidos en comisarías o cuarteles militares donde podían moverse libremente y no eran tratados como detenidos. Posteriormente en 2019, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expuso su informe oral en donde denunciaba los actos delictivos cometidos por los colectivos armados pro-gubernamentales, destacando también las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el FAES y la negativa expresa del Ministerio Público a iniciar investigaciones sobre estos hechos.
La oposición también ha denunciado que Iris Varela, ministra del Servicio Penitenciario, ha liberado reos en diversas ocasiones para arremeter contra los participantes de las distintas marchas opositoras. La tendencia en la alta esfera del chavismo es la difusión de odio en contra de la oposición venezolana, quien es vista no como un adversario político sino como un enemigo que se debe erradicar.Por ejemplo, Diosdado Cabello, quien a través de su programa “Con el mazo dando”, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acusa públicamente de distintos delitos a varios individuos de oposición, aun sin presentar pruebas de sus acusaciones. Incluso el propio Nicolás Maduro en 2018 amenazó con aplicar ejecuciones extrajudiciales a cualquier opositor que considerara "terrorista", esto en alusión al asesinato del exfuncionario Óscar Alberto Pérez en manos de efectivos de seguridad del Estado.
Estructura La misión está jerarquizada entre los miembros de las Naciones Unidas: Sofía Macher (Presidenta) Alex Neve María Eloisa Quintero
La misión es una de las pocas que no se encuentran en el área dentro del país o territorio. Su primera presidenta, Marta Valiñas, lo explica:
Historia Creación La Misión fue creada el 27 de septiembre de 2019 mediante la resolución 42/25 para evaluar las violaciones de derechos humanos desde 2014: incluido la persecución a grupos opositores, la inmigración, la crisis alimentaria, el sexismo estatal hacia la mujer y niña venezolana, entre otros; desde los inicios del primer gobierno de Nicolás Maduro, del Partido Socialista Unido de Venezuela, por un tiempo de dos años. La resolución por medio de la cual se creó el mandato fue presentada por una coalición de gobiernos de la región denominada Grupo de Lima, que incluía a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay y Perú. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos liderada por Michelle Bachelet informó lo siguiente en su informe de 2019:
En el ámbito de la crisis presidencial de Venezuela, Juan Guaidó expresó que «el Informe de la ONU pone a Maduro a nivel de los crímenes atroces cometidos por Muamar el Gadafi», mientras que Maduro descalificó el informe «por estar plagado de falsedades».
Primer informe (2020) El 17 de septiembre de 2020 la Misión Internacional publicó un reporte de cuatrocientos cuarenta y tres folios y más de 250 entrevistas a las víctimas, acusa a Nicolás Maduro, a los ministros de Interior, Néstor Reverol, y Defensa, Vladimir Padrino López, a los jefes de los servicios de inteligencia, junto a otros 45 funcionarios del régimen venezolano, de crímenes de lesa humanidad, describiendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles cometidos en Venezuela desde 2014. El 5 de octubre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución que extendió el mandato de la Misión por dos años más.
Segundo informe (2021) El segundo informe de la Misión se publicó el 16 de septiembre de 2021 y documenta el papel del sistema judicial venezolano en la comisión de violaciones a los derechos humanos.
Tercer y cuarto informe (2022) La Misión entrega el tercer informe el 26 de septiembre de 2022 fundamentadas en 246 entrevistas confidenciales. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU renueva por dos años más la Misión Internacional. La Misión también publicó un informe el mismo día en el que documenta las violaciones a los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco, privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género. El 7 de octubre el Consejo de Derechos Humanos volvió a renovar el mandato de la Misión por dos años más.
El 7 de octubre de 2022, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución para extender por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente. La resolución también prorroga el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que tiene presencia en Caracas. Fue patrocinada conjuntamente por cerca de 50 países y se aprobó con 19 votos contra 5, y 23 abstenciones. El gobierno venezolano rechazó el tercer informe presentado el 26 de septiembre pasado.« Human Rights Watch (HRW), la considera “un paso fundamental” para que haya rendición de cuentas por los “delitos graves” que se habrían cometido en Venezuela. »
Quinto y sexto informe (2023) El 20 de septiembre de 2023 la Misión publica su quinto informe, en el que detalla la intensificación de las violaciones a los Derechos Humanos. En febrero de 2024 el gobierno de Maduro ordenó el cese del funcionamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela, ordenando la expulsión de 13 funcionarios de que operan en Caracas en un plazo de 72 horas, al considerar que la institución ha «instrumentalizado» su funcionamiento en contra del gobierno. Esto sucedió después de que Michael Fakhri, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, asegurara que el gobierno le impidió visitar centros de detención y que cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas a Venezuela. y también con relación a su opinión de la detención de su libertad a la activista de derechos humanos venezolana Rocío San Miguel, Maduro acusó a la organización de convertirse en "el bufete particular" de un "grupo de golpistas y terroristas". La oficina fue instalada en 2019 cuando Michelle Bachelet ocupaba esa posición. El 21 de marzo de 2024 la presidenta Marta Valiñas presentó un informe oral de quien concluyó que el gobierno continua cometiendo graves violaciones de los derechos humanos.
Séptimo informe (2024) El 17 de septiembre de 2024 la Misión presentó un informe sobre los sucesos postelectorales de julio, que las autoridades venezolanas llevaron de manera “consciente y planificada” acciones para desarticular y desmovilizar a la oposición. Valiñas expresó: «Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia». La Misión obtuvo información sobre la detención de 158 menores (130 niños y 28 niñas), donde se registraron protestas en las que hubo 25 fallecidos a las que el gobierno de Maduro ha culpado a la oposición de las muertes. Pudo confirmar que 24 de las 25 muertes fueron causadas por heridas de arma de fuego, la mayoría en el cuello. Describió la operación denominada “Tun Tun” aplicada en los Barrios, así como «Los métodos de tortura utilizados en los casos investigados incluyeron puñetazos; golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, incluidos en los genitales.» Finalmente la Misión expresó que «Los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo». Patricia Tappatá leyó una parte del informe:“Los métodos de tortura utilizados en los casos investigados incluyeron puñetazos; golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, incluidos en los genitales. Otros métodos registrados fueron la asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación de sueño a través de iluminación y/o música con volumen alto las 24 horas del día” El 2 de diciembre, durante su visita a Caracas, el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan le pidió a las autoridades venezolanas que permitir que se reactivara la oficina técnica del Alto Comisionado en el país, lo cual habían prometido anteriormente por escrito. Al día siguiente el gobierno venezolano afirmó que la reactivación se concretó en noviembre.