La corrupción en Venezuela es considerada una de las más altas para los estándares mundiales y es prevalente en todos los niveles de la escala social venezolana, protagonizada por los miembros principales del chavismo y particularmente en el poder judicial, donde incluso la corrupción se ha dolarizado.
Aunque la corrupción es una variable difícil de medir fiablemente, Transparencia Internacional (de sus siglas en inglés TNI) actualmente posiciona a Venezuela entre los 20 países más corruptos del mundo. En la encuesta de Gallup de 2014, se encontró que el 75% de los venezolanos piensa que la corrupción es generalizada en todo el gobierno de Venezuela. El descontento generalizado debido a la corrupción fue citado por grupos de oposición como una de las razones de las protestas en Venezuela de 2014. Según estudios realizados por la organización Transparencia Venezuela el Índice de Percepción de la Corrupción 2018, Venezuela ocupaba el lugar 168 entre 180 países, un nuevo estudio registro que en el año 2019 se elevó al puesto 176 de un total de 180 países, lo que significa que el gobierno de turno no ha mejorado su intención de corregir la corrupción.« Venezuela es el país con mayor Índice de Percepción de Corrupción (IPC) en América y el Caribe» En el índice de 2024 bajó al puesto 178 de un total de 180 países.
Para marzo de 2023, Transparencia Venezuela identificó al menos 220 casos de desfalco al patrimonio público venezolano anunciados por órganos de sistemas de justicia. De dichos casos sólo se conocía el 61% de la cantidad de dinero comprometida de las causas judiciales registradas, equivalente a un monto de USD 68.311.087.395,591, una cantidad siete veces mayor a la cifra oficial de las reservas internacionales de Venezuela ofrecida por el Banco Central de Venezuela (USD 9.532.000.000).
Antecedentes
Los antecedentes de la corrupción en el gobierno de Nicolás Maduro están intrínsecamente ligados a la historia del petróleo en Venezuela, su mayor y más importante motor económico. Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, ha descrito a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) como "la madre de la corrupción". Aunque la corrupción no es un fenómeno nuevo ni reciente en Venezuela, se ha agravado drásticamente durante los regímenes de Hugo Chávez desde 1999 y Nicolás Maduro en la actualidad. De acuerdo a una investigación llevada a cabo por la fundación InSight Crime, la falta de transparencia, el debilitamiento institucional y la discrecionalidad han facilitado la proliferación de redes de corrupción que han comprometido millones de dólares a lo largo de los años.
Si bien la corrupción en el gobierno de Venezuela tiene raíces históricas profundas, en el caso particular del gobierno de Nicolás Maduro ésta ha sido exacerbada significativamente por el descubrimiento y la explotación masiva del petróleo a principios del , lo cual ha empeorado la corrupción pública y privada desde entonces.From 1917, "greater awareness of the country's oil potential had the pernicious effect of increasing the corruption and intrigue amongst Gomez's family and entourage, the consequences of which would be felt up to 1935 – B. S. McBeth (2002), Juan Vicente Gómez and the Oil Companies in Venezuela, 1908–1935, Cambridge University Press, p17. Según la ONG Transparencia Venezuela, se han reportado más de 400 casos de corrupción desde 1999 con el régimen chavista, lo que representaría al menos 68 millones de dólares del patrimonio de Venezuela. La mayoría de estos casos están relacionados con funcionarios públicos venezolanos e involucran a la industria petrolera.
Historia derecha|miniaturadeimagen|400x400px|Índice de percepción de corrupción en Venezuela. Source: Transparency International Las primeras investigaciones judiciales se iniciaron en 2015 con la detención de Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Rincón-Fernández que a involucrado a seis países en 15 casos de corrupción en Venezuela con los que unas 60 personas empresarios y funcionarios en el contorno de Pdvsa y Citgo se han aprovechado de los rígidos controles de cambio aplicado durante 15 años en Venezuela y que alentaron la corrupción. Otros involucrados aparecieron por medio del caso de Panama Papers; es especialmente EE. UU. a través de diferentes fiscalías quien está haciendo las principales indagaciones que implican a compañías estadounidenses, altos ejecutivos y hasta a un excongresista de Florida; varias personas han sido capturadas y son confesos de los delitos de sobornos.
En noviembre de 2022 un reporte ejecutado por Armando.info y el Miami Herald determinó haciendo uso de más de 3000 ediciones de la gaceta oficial se sistematizaron los datos de más de 128.082 funcionarios venezolanos adjudicados con cargos públicos entre 2007 y junio de 2022 de libre nombramiento y remoción, luego cruzados con los registros de la División de Corporaciones de Florida, se encontraron 724 dueños de empresas cuyos nombres coinciden con los de altos funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que operan en La Florida y unos 232 oficiales de las fuerzas armadas de Venezuela que residen en Miami, esta población representa el 1% de residentes venezolanos que están registrados y están siendo observados en EE. UU. de un total de 484.445 migrantes, según el Observatorio Venezolano de Migración de la Universidad Católica Andrés Bello. Donde se relatan casos singulares por los cargos ocupados en el gobierno y la demostración de bienes adquiridos.« Más de 700 nombres de dueños de compañías de la llamada Ciudad del Sol coinciden con los de funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro (desde viceministros, generales hasta civiles profesionales). Un cruce de 128.082 oficiales y autoridades de Venezuela con el registro de empresas de Florida »
En 2018 Transparencia Venezuela, capítulo regional de Transparencia Internacional, inició las investigaciones para identificar los mecanismos de la gran corrupción en el país. Para marzo de 2023, Transparencia Venezuela identificó al menos 220 casos de desfalco al patrimonio público venezolano anunciados por órganos de sistemas de justicia. De dichos casos sólo se conocía el 61% de la cantidad de dinero comprometida de las causas judiciales registradas, equivalente a un monto de USD 68.311.087.395,591, una cantidad siete veces mayor a la cifra oficial de las reservas internacionales de Venezuela ofrecida por el Banco Central de Venezuela (USD 9.532.000.000).
CADIVI II El control cambiario ha continuado como objeto de casos de corrupción en los últimos tiempos. Para 2013, el diputado y presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, Ricardo Sanguino, consideró que al menos 21 billones en dólares fueron otorgados a precio preferencial a diversas empresas para importaciones esenciales que jamás fueron realizadas.La Sangría de CADIVI (El universal) Las entregas se habrían realizado entre 2012~2014. Edmée Betancourt, para aquel entonces presidenta del Banco Central de Venezuela, y Jorge Giordani, ministro de finanzas, habían estimado que un tercio de los dólares otorgados en 2012 habrían sido usados para empresas ficticias. Henrique Capriles y otros miembros de la oposición han exigido en diversas oportunidades que se publique la lista de las empresas implicadas.
En 2014, la Contralora de la República, Adelina González confirmó que siendo el coronel Manuel Barroso, presidente de Cadivi, había aprobado en 2012 más de 23,5 millones de dólares preferenciales a dos empresas sospechosas "Alimentos Venenceres" y "Fármacos Venenceres", empresas constituidas en 2010 en la ciudad de Valencia, propiedad del teniente coronel Carlos Arias Delgado, un oficial retirado que se graduó con Barroso en la Academia Militar. Alimentos Veneceres obtuvo 16 contratos para suministrar atún ecuatoriano a Mercal, que estaba presidida por el coronel Félix Osorio. Otro oficial de la misma promoción militar, Eduardo Escalante Pérez, también fue gerente de esas empresas y vicepresidente de Cadivi. Escalante Pérez trabajó para apoyar acciones jurídicas contra compañías que usasen de manera inadecuada las divisas. Cadivi aprobó en 2012 más de 23,5 millones de dólares a estas dos importadoras, que por casualidad eran propiedad del teniente coronel Carlos Arias Delgado, compañero de promoción de Barroso, un cuarto oficial fue el teniente coronel Eduardo Escalante Pérez, quien fue gerente de Importaciones y Seguimiento y vicepresidente de Administración y Control en Cadivi. Escalante etaba asociado a Fármacos Venenceres que no reportó ni una sola venta desde su creación ni tampoco a lo largo del año cuando le asignaron 5,9 millones de dólares”. A Alimentos Venenceres le aprobaron en 2011 poco más de 213.000 dólares, pero al año siguiente las asignaciones aumentaron hasta alcanzar el pico de 17,6 millones de dólares. Resulta que esas dos empresas no aparecieron en la lista de las más de 1.100 empresas que debían explicar cómo usaron las divisas recibidas entre 2012 y 2014.
Raúl Gorrin y Matthias Krull Un grupo de delincuencia organizada financiera integrado por unas dieciséis personas, entre ellos Matthias Krull, ejecutivo del banco suizo Julius Baer, lavó el dinero mal habido a través de la compra de bienes raíces en varios países, Krull el banquero venezolano nacido en Alemania, se declaró culpable poco después de su arresto en julio del año 2018 en los tribunales de La Florida, fue sentenciado a 10 años de prisión en diciembre, pero que esta bajo libertad por su colaboración en el esclarecimiento de esta trama. Krull admitió que Raúl Gorrín le contrató para ayudar a lavar unos $600 millones de dólares en la red de Europa y Estados Unidos en 2016. El año 2014 Alejandro Betancourt López por intermedio de una de sus empresas fantasmas Rantor Capital quien hizo un préstamo a PDVSA en bolívares que pocos meses después sería devuelto en euros y dólares al tipo cambio de dólar oficial de 6.30 cuando el valor real del precio paralelo estaba 15 veces por encima, lo que le produjo una ganancia de más de 90% de los 600 millones de dólares que obtuvieron. Los 545 millones de las ganancias fueron repartidos en dos grupos de 272.5 millones.
El primer grupo recibió $272.5 millones para Alejandro Betancourt y su socios Francisco Convit así como Orlando Alvarado de los cuales $94 millones fue traspasado a Pedro Binaggia, un abogado y empresario que fue contratado para mover millones desde Venezuela a Europea y Estados Unidos (Binaggia repartió 20 millones entre Carmelo Urdaneta Aquí, exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; Abraham Edgardo Ortega, exdirector de Finanzas de PDVSA se declaró culpable; José Vicente Amparan Croquer, descrito como un lavador de dinero profesional y Víctor Eduardo Aular Blanco, exvicepresidente de Finanzas de PDVSA que autorizó el préstamo de la compañía petrolera estatal con la red.
El segundo grupo 272.5 para Raúl Gorrín (el polémico dueño del canal de televisión Globovisión) que se quedó con 72.5 millones(cuyo destacado perfil en los círculos empresariales y políticos le permiten realizar el lavado de dinero, considerado el arquitecto de la operación para trasladar $600 millones desde las arcas de PDVSA a un banco europeo, no es el único caso en que se ve involucrado) y el resto 200 millones entre los tres hijos de Cilia Flores (hijastros de Maduro) Yosser Gavidia Flores, Walter Gavidia Flores y Yoswal Gavidia Flores. el resto 55 millones como la devolución de la inversión inicial que hizo la empresa fantasma de Alejandro Betancourt En noviembre de 2019, la agencia estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), incluyó a Raúl Gorrín en la lista de los fugitivos más buscados por EE. UU.