La crisis política o crisis sociopolítica en Nicaragua de 2018 se refiere al período de inestabilidad política que atraviesa el país desde el 18 de abril después de varios meses de protestas civiles contra el gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, luego de que se anunciara una serie de modificaciones a la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social a quien un sector de la población están afiliada al seguro, buscaba imponer un aporte del 6,25% a un 7% sobre su salario; lo que aumentó sustancialmente las contribuciones patronales y laborales e imponiendo, supuestamente de forma «ilegal», un impuesto a las pensiones de los actuales jubilados y una disminución a las pensiones futuras.

Ortega anunció las reformas modificadas el día 16 de abril y publicadas oficialmente el 18 de abril. El patronal COSEP rechazó la reforma, asegurando que esta no contaba con el consenso suficiente. Días posteriores una parte de la población desconoció las medidas al INSS, tanto sectores sociales y privadas, convocaron en conjunto para realizar una mesa de diálogo inclusivo, con la participación de la Iglesia, estudiantes, trabajadores y la empresa privada.

La represión por parte del gobierno y la policía nacional durante las protestas antigubernamentales causaron alrededor de 325 personas fallecidas, que fue condenado por ACDH de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Internacional de Expertos Independientes. El presidente ordenó censurar a medios de comunicación opositores, que divulgaban diversas informaciones sobre las protestas. También se impulsó una normativa de ley a la Asamblea Nacional de Nicaragua que fue aprobada como «ley anti-terrorismo» con el fin de prohibir las manifestaciones. Diversos organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos, la OHCHR, el Grupo de Lima y la Unión Europea condenaron los hechos y convocaron un diálogo para la paz social.

Antecedentes En 2013, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) entró en un déficit que fue creciendo de forma continua durante los siguientes años, alcanzando los 1579 millones de córdobas en 2016 y 2182,6 millones hasta noviembre de 2017. La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Nicaragua alertó en 2017 de que las reservas de efectivo del INSS se agotarían en 2019 si no se llevaba a cabo una reforma del mismo. El gobierno de Daniel Ortega preparó una reforma del INSS con el asesoramiento del FMI. El gobierno descartó algunas de las medidas propuestas por el Fondo Monetario Internacional como retrasar la edad de jubilación, argumentando que a una edad más avanzada hay menos posibilidades de conseguir empleo, así como la urgencia de la reforma, que debía dar resultados tempranos para asegurar la viabilidad inmediata del INSS, mientras que algunas medidas del FMI darían resultados en tres o cuatro años.

A principios de abril de 2018, la patronal Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) anunció que había comenzado a negociar con el gobierno la reforma del INSS, declarando que la solución debía incluir un aumento de la contribución de las empresas y de los empleados, así como una reforma fiscal, así también creando un nuevo impuesto para las personas jubiladas del 5 %. En las negociaciones participaron gobierno, representantes de la gran empresa (COSEP) y sindicatos sandinistas y quedaron excluidas las pequeñas y medianas empresas.

Las reformas fueron anunciadas el 16 de abril y publicadas oficialmente el 18 de abril. La reforma incluyó un incremento del 0,75 % (del 6,25 % al 7 %) de la contribución al INSS por parte de los empleados y un 2 % (del 19 % al 21 %) por parte de los empresarios a partir de julio. La aportación de los empresarios se incrementaría anualmente hasta llegar al 22,5 % en 2020. A esto se añadiría un 5 % de deducción de las pensiones. Los sindicatos del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) y Unión Nacional de Empleados apoyaron la reforma, mientras que la patronal COSEP la rechazó, aseguró que esta no contaba con consenso y presentó un recurso de amparo para intentar revertirla.

Desarrollo de la crisis Enero 2019 Suspensión de procesión y sentencias a detenidos políticos (1-10 de enero) El arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, tomó la decisión de suspender la procesión después de recibir llamadas diciéndole que podrían haber incidentes. «Podría haber choques (disturbios), me imagino yo» respondió Brenes ante las preguntas de los periodistas. No reveló el nombre de las personas que le hicieron las llamadas. Mientras en la eucaristía los feligreses y sacerdotes eran asediados por fuerzas policiales.

Ese mismo día las madres de los presos políticos enviaron una carta a las autoridades del Sistema Penitenciario «La Modelo» en Tipitapa y al Ministerio de Gobernación para exigir una investigación sobre la denuncia que hicieron hace algunos días varios presos políticos del penal en la que aseguran haber recibido una golpiza por parte de los custodios el 31 de diciembre. La denuncia también sería llevada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según informaron las propias madres.

El 3 de enero, en una carta firmada por el canciller de Nicaragua Denis Moncada, les solicitó a los gobiernos de América Latina y el Caribe no apoyar la iniciativa del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, de realizar una sesión con carácter de urgencia, en la cual se pondría a votación la aplicación de la Carta Democrática para Nicaragua. «En mi carácter de canciller del Gobierno de Nicaragua solicitó amablemente el apoyo de sus gobiernos para que las peticiones del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, relacionadas con la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, no sean aprobadas en la Organización de los Estados Americanos», reza la carta que consta con 21 páginas y que fue enviada este primero de enero de 2019.

El cuerpo del estudiante de agroecología Cristhian Cadenas, apareció carbonizado el 20 de abril en el Billar Lezama, de León, edificio alcanzado por el incendio que inició en la sede del Centro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma (CUUN). A los familiares del universitario les pareció extraño encontrar mutilaciones en el cadáver. Ocho meses después, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó en su informe un rastreo exhaustivo sobre el incendio en el CUUN y reveló detalles de la muerte del estudiante.

Un grupo de Periodistas internacionales y defensores de la libertad de prensa en América Latina y otros países del mundo, incluyendo varias firmas de amplia influencia, demandaron en una carta pública al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo el respeto a la libertad de prensa en Nicaragua y la liberación inmediata de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, director y jefa de prensa, respectivamente, de 100 % Noticias, detenidos ilegalmente la noche del viernes 21 de diciembre, cuando el régimen ordenó suspender sus transmisiones y confiscar las instalaciones del canal de noticias.

El 7 de enero, la Policía Nacional de Nicaragua allanó sin ninguna orden judicial la vivienda de la exguerrillera sandinista Dora María Téllez. La historiadora y exguerrillera dejó su hogar desde los primeros meses del estallido de la crisis en Nicaragua. Dora señaló de desesperación de la dictadura orteguista sandinista las acciones ilegales de allanamiento que hicieron en su morada.

Al día siguiente la jueza Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, Adela Cardoza Bravo despuntó el año 2019 sentenciando a penas que oscilan entre 25 y 47 años de prisión a ocho manifestantes jinoteganos que participaron en las protestas antigubernamentales entre abril y junio del 2018. Mientras el juez suplente Tercero Distrito Penal de Juicio de la capital, Carlos Alberto Cano, sentenció a 4 años de prisión al psicólogo granadino Róger Alfredo Martínez, quien participó de las protestas antigubernamentales en esa ciudad.

El Papa Francisco exhortó a que Nicaragua encuentre en el diálogo la solución a la crisis sociopolítica, desatada tras la brutal represión del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de las protestas cívicas. Desde un discurso sobre las distintas crisis en el mundo, ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el Papa recordó a Nicaragua y Venezuela, y les deseó que puedan resolver sus problemas por el diálogo y vías pacíficas.

El 10 de enero se conoció la renuncia del magistrado de la corte suprema de justicia y operador político del FSLN, Rafael Solís Cerda, a través de una carta de tres páginas en las que renunciaba a su cargo de magistrado y a su militancia en el Frente Sandinista. En la carta llamaba al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo «un estado de terror, un gobierno dictatorial y monárquico presidido por dos reyes». También desmintió que en Nicaragua hubo un intento de golpe de Estado y al contrario que sí hubo uso desmedido de la fuerza contra manifestantes. Solís fue padrino de bodas de la pareja presidencial y fue el autor intelectual del fallo de la Corte Suprema de Justicia que allanaba el camino para la reelección de Daniel Ortega a pesar de estar prohibida por la Constitución. Días después de silencio oficialista surgieron campañas en redes sociales que lo tachaban de «traidor» y «vendido». El exmagistrado huyó a Costa Rica días antes de presentar su renuncia. Se conoció que su oficina fue allanada por la policía y que jueces y personal allegados a él fueron despedidos por el gobierno.

Censura a medios y expulsión de FSLN de internacional socialista (11-29 de enero) Tras la sonada renuncia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Rafael Solís; se supo de la renuncia del Superintendente de Bancos, Víctor Urcuyo, por supuestos problemas de salud.

El 14 de enero, tanto el diario La Prensa, como El Nuevo Diario, dos de los matutinos más importantes de Nicaragua dejaron de circular ante la retención de materias primas por parte del Gobierno de Daniel Ortega. «La medida se toma obligado por las circunstancias ante la retención, arbitraria e injustificada, que hace la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del papel y la tinta con que se elabora este periódico», explicó el Grupo Editorial La Prensa en su edición impresa.

Después de unos días se realizó una protesta relámpago de cuatro jóvenes frente a las oficinas de El Nuevo Diario, en la Carretera Norte, pidiendo la liberación de los presos políticos; los protestantes usaron el lugar debido a que la zona de la Universidad Centroamericana estaba ocupada por antimotines. La protesta terminó cuando aparecieron siete patrullas de la policía y los jóvenes huyeron a los barrios aledaños.

El 29 de enero, el FSLN fue expulsado de la Internacional Socialista (mayor organización de partidos de izquierda del mundo) por crímenes de lesa humanidad cometidos por simpatizantes del partido y la policía nacional en contra de manifestantes opositores durante las Protestas en Nicaragua de 2018-2019, crímenes que supuestamente fueron ordenados por el presidente Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y el liderazgo sandinista. En el documento de cuatro páginas enviado a George Andrés Papandreou (presidente) y a Luis Ayala (secretario general) de la Internacional Socialista, los firmantes que votaron a favor de la expulsión detallaron que las múltiples violaciones de derechos son «la culminación de un proceso hacia la dictadura de Gobierno que desde hace varios años ha eliminado arbitrariamente las credenciales de más de veinte diputados de oposición». También lamentaron que el FSLN haya «cercenado las atribuciones de otros poderes del Estado, poniéndoles bajo su órbita de acción, conformado así una verdadera dictadura».

Febrero 2019