El caso Sarayaku, conocido oficialmente como caso Pueblo indígena kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, fue un proceso judicial que tuvo sus orígenes desde el año 2000 con el inicio de actividades petrolíferas de compañías extranjeras en la provincia de Pastaza, en el oriente ecuatoriano; y concluye con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del día 27 de junio de 2012.
El objeto del reclamo por parte del pueblo Sarayaku era el inicio de actividades relacionadas con la exploración y posterior explotación de yacimientos petrolíferos en el territorio que había sido previamente designado para la población indígena. Luego de varias reclamaciones que el pueblo Sarayaku hizo en contra de la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina por sus actividades en el bloque petrolero 23, en las que se presentaban acusaciones de intento de compra de conciencias, intentar enemistar a las pueblos kichwas de la zona, y la colocación de pentolita sin consultar previamente a los pueblos nativos, se ingresó el caso dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos el 19 de diciembre de 2003. El caso pasó por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2003 hasta 2010 en la que avocó conocimiento la Corte IDH.
La Corte IDH en el 2012 se pronunció sobre el caso, favoreciendo al pueblo Sarayaku y obligando al Estado ecuatoriano a que acepte su culpabilidad y se disculpe públicamente, que retire la pentolita colocada en el territorio, y adopte mecanismos de consulta previa para casos futuros.
Partes
Pueblo indígena kichwa de Sarayaku Sarayaku es un pueblo de la etnia kichwa asentado en un conjunto de localidades pequeñas ubicadas en las riberas del río Bobonaza, en la provincia de Pastaza, en el Oriente ecuatoriano. Existe un consejo de gobierno denominado tayjasaruta, presidido por el presidente de Sarayaku o tayak apu tayjasaruta; dentro del consejo sus 18 integrantes representan a las comunidades, a las mujeres, a los jóvenes, a los ancianos, quienes toman las mayores decisiones en asamblea general. También dentro del tayjasaruta están representadas las cinco comunidades que conforman el pueblo Sarayaku: Sarayacu Centro, Kali-Kali, Chontayaku, Shiwacocha y Sarayaquillo, estas comunidades son representadas por sus kurakas o ministros jefes. Existe una sexta comunidad denominada Teresa Mama, sin embargo, debido a su distancia y difícil acceso cuentan con su propio presidente y tienen autonomía con respecto a los demás.
En 1992, bajo el gobierno del presidente Rodrigo Borja Cevallos, y luego de varias reclamaciones, el pueblo de Sarayaku obtuvo el título de propiedad de su territorio, correspondiente a un área de más de un millón de hectáreas.
Estado ecuatoriano El Estado ecuatoriano estuvo regido por la Constitución de 1979 hasta la administración interina de Fabián Alarcón, en donde se promulgó la Constitución de 1998. Luego de una década, bajo la administración de Rafael Correa se promulgó la constitución de 2008.
El título de propiedad del pueblo Sarayaku se dio dentro del gobierno de Rodrigo Borja Cevallos, quien estuvo en el poder desde 1988 hasta 1992. Luego llegó la presidencia de Sixto Durán-Ballén, la cual duró de 1992 hasta 1996; siendo sucedido por el gobierno de Abdalá Bucarán Ortiz, quien estuvo en el poder solo por 6 meses debido a que fue depuesto del cargo en febrero de 1997; Rosalía Arteaga Serrano fue presidenta brevemente. Ante el vacío de poder, asumió de forma interina Fabían Alarcón desde 1997 hasta agosto de 1998. El gobierno de Jamil Mahuad se mantuvo solo dos años, hasta el 2000, en el cual fue depuesto del cargo y asumió interinamente el gobierno Gustavo Noboa Bejarano hasta el 2003. Luego de ganar las elecciones de 2002, asume el cargo el militar Lucio Gutiérrez quien gobernó desde el 2003 hasta el 2005, año en el que también es depuesto del cargo, tras lo que subió al poder su vicepresidente Alfredo Palacio hasta el 2007. Desde el año 2007 hasta 2017, ocupó el cargo de presidente el economista Rafael Correa Delgado.
300px|miniaturadeimagen|derecha|Ubicación del «Bloque 23» dentro de la Amazonía ecuatoriana.
Compañía General de Combustibles (CGC) La Compañía General de Combustibles S.A. (CGC) es una empresa argentina cuya actividad principal es la exploración y producción de hidrocarburos. Fue fundada en 1920. En la actualidad cuenta con operaciones dentro de Argentina, Chile y Brasil en el transporte de gas.
En 1995, el Estado ecuatoriano había convocado una licitación internacional para la explotación y explotación de hidrocarburos en un sector de la Amazonía ecuatoriana, dentro de la provincia de Pastaza, dentro de un área denominada como Bloque 23; dicha área estaba conformada por aproximadamente 200.000 ha. La CGC estableció su base de operaciones en Chonta, teniendo como puntos de apoyo los sectores de Pacayacu, KunKuk, Shimi y Jatun Molino.
El 26 de julio de 1996, se firmó un contrato para la exploración de hidrocarburos y posterior explotación de petróleo crudo en el Bloque 23 entre la empresa estatal Petroecuador EP y un consorcio formado por la Compañía General de Combustibles S.A. (CGC) y la Petrolera Argentina San Jorge S.A.
Hechos
Primeros años del conflicto y suspensión de actividades La firma del contrato entre Petroecuador EP y la CGC en 1996, concedió a la compañía argentina 200.00. ha de superficie en Bloque 23 del Oriente ecuatoriano, afectando con ello los territorios de varias comunidades indígenas como los Sarayaku, Jatun Molino, Pacayaku, Canelos, Shaimi y Uyuimi. Precisamente el área designada para el pueblo Sarayaku -quienes abarcan mayor población y extensión territorial- abarcaba cerca del 65% del territorio concedido en el Bloque 23. El contrato estipulaba la fase de exploración sísmica para cuatro años, siendo prorrogable para dos años más, mientras que la explotación quedó estipulada para 20 años prorrogables. El contrato también estipulaba obligaciones para la compañía CGC, la cual estaba obligada a elaborar estudios de impacto ambiental, preservar el equilibrio ecológico en el área, y la obligación de obtener de terceros (poblaciones indígenas) los permisos y derechos de paso para llegar al área y/o movilizarse dentro de la misma. Se designó a la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas para que sea el ente mediador de cualquier conflicto con los pueblos indígenas.
El estudio de impacto ambiental debía ser presentado en los 6 meses siguientes a la firma del contrato, por lo que la compañía CGC, en consorcio con Petrolera Argentina San Jorge -posteriormente denominada Chevron-Burlington-, contrataron a la consultora Walsh Environmental Scientists and Engineer, Inc. para la realización del plan de impacto ambiental para la prospección sísmica, mismo que fue realizado en mayo de 1997, y aprobado por el Ministerio de Energía y Minas el 26 de agosto del mismo año. El informe indicó que en algunas áreas no se pudo realizar la visita y el estudio debido a que les fue negado el acceso por parte de los pueblos nativos. En informes posteriores del Ministerio de Energía y Minas se constató que el plan nunca se ejecutó, id est, nunca se implementó en la práctica.
Por otra parte, el Estado ecuatoriano ratificó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 15 de mayo de 1998, entrando en vigor un año más tarde, el 15 de mayo de 1999. Además el 5 de junio de 1998, Ecuador adoptó la Constitución Política de 1998, en la que se reconocían varios derechos colectivos en favor de las comunidades indígenas y pueblos afroamericanos.
El 23 de abril de 1999, el Estado anunció la suspensión de todas las labores de prospección sísmica en el Bloque 23 debido a que las actividades de la compañía argentina CGC fueron afectadas por varias acciones de las comunidades indígenas de la zona contra los trabajadores y destrucciones de los campamentos. La suspensión tuvo como motivo buscar las relaciones comunitarias necesarias para solucionar los problemas suscitados. La suspensión fue prorrogada hasta septiembre de 2002.
Estrategia de la compañía CGC en la Amazonía ecuatoriana El pueblo de Sarayaku manifestó que la compañía CGC en varias ocasiones pretendió gestionar la entrada de la empresa a la zona, utilizando varias estrategias como relacionamiento directo con miembros de la comunidad sin atender a la estructura jerárquica de la comunidad, ofrecimiento de caravanas médicas previo a un registro y declaración de apoyo a las actividades de la compañía, pago de sueldos con el fin de reclutar personas que avalen los trabajos de prospección, formación de grupos de respaldo, y ofrecimiento de dinero. Según lo manifestado por el pueblo de Sarayaku, en mayo de 2000 la empresa CGC ofreció dinero para infraestructuras -cerca de 60.000 dólares- y hasta 500 plazas de empleo para la comunidad, lo cual fue rechazado por la Asamblea General de Sarayaku, en presencia de representantes de la compañía, el 25 de junio de 2000. Las comunidades vecinas de Pacayaku, Shaimi, Jatún Molino y Canelos, sí habían accedido a los contratos con la CGC. Ante la negativa del pueblo de Sarayaku, en el 2001 la CGC contrató los servicios de Daymi Service S.A., que estaba conformada por especialistas en sociología y antropólogos, con la finalidad de que logren establecer relaciones comunitarias; dentro de las prácticas implementadas -según dirigentes de Sarayaku- estaban la estrategia de dividir a las comunidades, manipulando para ello a los dirigentes, fomentar campañas calumniosas y de desprestigio a lo líderes y a las organizaciones. La CGC y Daymi Service intentaron la creación de la denominada Comunidad de Independientes de Sarayaku, con la finalidad de negociar con ellos y facilitar el ingreso de la compañía a la zona.
El 30 de julio de 2001, el Ministerio de Defensa suscribió un acuerdo de cooperación de seguridad militar con las empresas petroleras con operaciones dentro del país con el propósito de brindar seguridad a las instalaciones, como al personal que laboraban en dichas infraestructuras. Así mismo, el 26 de marzo de 2002 la compañía CGC presentó al Ministerio de Energía y Minas la actualización del Plan de Manejo Ambiental y Plan de Monitoreo para las actividades de prospección sísmica en el Bloque 23. El 17 de abril de 2002 se solicitó los antecedentes para determinar que el proyecto a ejecutarse correspondía a la misma área del proyecto sísmico aprobado en el 1997. El pueblo de Sarayaku, el 13 de abril de 2002, manifestó mediante comunicado al Ministerio de Energía y Minas su negativa ante la eventual entrada de la compañía CGC a su territorio. Sin embargo, el 2 de julio de 2002, el Ministerio aprobó la actualización del Plan de Manejo Ambiental y Plan de Monitoreo para las actividades de prospección sísmica 2D en el Bloque 23.
La compañía CGC presentó el 26 de agosto de 2002 ante el Ministerio de Energía y Minas los cinco acuerdos de inversión que había pactado con las comunidades indígenas de Pacayaku, FENAQUIPA, AIEPRA de Jatun Molino, FENASH-P y Shaimi, así como con los Independientes de Sarayaku. En septiembre de 2002, la compañía CGC realizó la solicitud formal al Ministerio de Energía y Minas sobre el levantamiento de la fuerza mayor, y la posibilidad de reactivar las actividades de exploración o explotación. Finalmente, el 13 de noviembre de 2002 la compañía CGC presentó un informe de avance del proyecto sísmico, en el que se manifestaba que se había alcanzado un 25% de avance de los acuerdos comunitarios y que se realizó una reunión con los comunicadores sociales de la ciudad de Puyo y autoridades de la provincia de Pastaza.
Inicio de acciones legales por parte del pueblo de Sarayaku