Para las medidas en vigor desde el 25 de octubre, véase § Segundo estado de alarma nacional
Las políticas de confinamiento en España por la pandemia de COVID-19 son acciones tomadas por el Gobierno español para limitar los contagios, principalmente la aplicación, en tres ocasiones, del estado de alarma. La primera vez se declaró para establecer una cuarentena nacional, la segunda vez para aplicar restricciones en la Comunidad de Madrid, y la última vez para imponer un toque de queda.
El primero de estos estados de alarma, que trajo consigo el confinamiento de toda la población, entró en vigor el domingo 15 de marzo de 2020 a las 00:00, con la publicación en el BOE, pese al anuncio de Sánchez a las 21:00 de la noche del sábado 14 de marzo. El confinamiento, sin embargo, observaba diversas excepciones, como adquirir alimentos o medicinas, acudir al puesto de trabajo o atender emergencias. Las restricciones también incluyeron la clausura de establecimientos no esenciales, como bares, restaurantes, discotecas, cafeterías, cines, negocios comerciales y minoristas. A causa de esto, muchas empresas y pymes españolas tuvieron que recurrir a ERTE para suspender temporalmente el empleo de sus trabajadores.
El anuncio vino seguido de un aumento significativo en la cantidad de casos pasando el 14 de marzo de 3146 a 5232, aumentando en un 66%. Según el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, esta «decisión extraordinaria» fue necesaria al tratarse de un tema de salud y de una crisis social y económica.
Una parte de la población española tuvo dificultad para acatar las medidas de dicha cuarentena, habiéndose levantado a 2 de mayo cerca de (sobre una población aproximada de 47,4 millones) por saltarse las medidas de confinamiento. Entre ese día y el 7 de junio se han propuesto otras y han sido detenidas unas 5000 personas por desobediencia grave a los agentes de la autoridad.
El 28 de abril se anunció el Plan de desconfinamiento de España, consistente en cuatro fases en las que se reducen de manera gradual las limitaciones del confinamiento. Durante la desescalada sectores de la población empezaron a organizar protestas contra la gestión del Gobierno, del cual pidieron su dimisión.
El 21 de junio, con el final de la última prórroga del estado de alarma, el país pasó a lo que se ha denominado como «nueva normalidad». Fue entonces cuando los gobiernos central y autonómicos retomaron sus competencias habituales.
El 25 de octubre, el Consejo de Ministros volvió a establecer el estado de alarma, aunque esta vez con medidas menos estrictas. Estas son, principalmente, un toque de queda de 23:00 a 6:00, la prohibición de viajar entre comunidades autónomas, y la limitación de grupos a seis personas no convivientes.
Primer estado de alarma
Medidas previas 7 de marzo de 2020: Sanidad propone el primer confinamiento por Coronavirus (también conocido por "Covid-19") en las localidades de Haro y Casalarreina. 9 de marzo de 2020: el Gobierno Vasco anuncia la cancelación, a todos los niveles educativos, de todas las clases presenciales en el municipio de Vitoria desde el 10 de marzo. Horas más tarde el Gobierno de la Comunidad de Madrid (región con el mayor número de casos en ese momento) aprobó tomar las mismas medidas extraordinarias por un período inicial de 15 días, entre el 11 y el 26 de marzo, animando a la realización de clases por internet si fuera posible. 10 de marzo: el Gobierno de España decreta la cancelación inmediata de todos los vuelos desde Italia a España hasta el 25 de marzo. El mismo día, el Gobierno de La Rioja aprueba las mismas medidas que el de la Comunidad de Madrid, también a partir del 11 de marzo. 11 de marzo: El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha ordena a primera hora el cierre de la misma a partir del lunes 16 durante un periodo de 15 días. . 12 de marzo: el Gobierno de Aragón ordena el cierre de todos los colegios y universidades de la comunidad a partir del lunes 16 de marzo durante un periodo de 15 días. El Principado de Asturias también clausuró las clases durante 15 días debido al aumento de contagios y al registro de la primera muerte, un profesor de un colegio de Oviedo. La Generalidad de Cataluña también ordena el cierre de escuelas, institutos y universidades, en este caso desde del 13 de marzo por un período no inferior a 14 días. El gobierno de la Región de Murcia anuncia el aislamiento de las zonas turísticas de la Región (San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Cartagena, La Unión, Mazarrón y Águilas) debido a la llegada de gente enferma proveniente de Madrid.
Cuarentena nacional El 14 de marzo de 2020 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en un comunicado institucional el estado de alarma por segunda vez en la historia reciente del país como medida excepcional para la contención de los contagios, y que se implantaría a partir del día siguiente, domingo 15 de marzo. Para el momento en que dicho anuncio fue publicado, España contaba con más de 4200 casos positivos y 120 fallecidos, siendo la Comunidad de Madrid la región más afectada, con más de la mitad de los casos positivos del país y 64 fallecidos, habiendo procedido su gobierno autonómico al cierre sistemático de locales de hostelería y negocios, manteniéndose únicamente abiertos farmacias y negocios de alimentación básica.
Horas antes de anunciarse dicha medida se hicieron públicas las medidas urgentes aprobadas en consejo de ministros extraordinario, con una inyección de millones de euros, publicadas por decreto en el BOE, que incluía medidas como el aplazamiento para empresas, pymes y autónomos, hasta el 30 de mayo, de euros en el pago de impuestos durante seis meses, con tres meses de carencia.
El Gobierno también modificaba la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, añadiéndose una disposición final primera que dictaba: Esta medida fue tomada después de que dos ministras del Gobierno, las titulares de Igualdad, Irene Montero, y Política territorial y Función pública, Carolina Darias, dieran positivo por COVID-19.
14 de marzo: el Consejo de Ministros declara por quince días el estado de alarma en todo el territorio nacional, estableciendo como autoridad competente el gobierno de España, bajo la dirección de la Presidencia del Gobierno y suspendiendo: 15 de marzo: tras críticas de la oposición, el gobierno ordena que las peluquerías también permanezcan cerradas. 28 de marzo: el Gobierno endurece la cuarentena, obligando a todos los trabajadores de servicios no esenciales a permanecer en sus casas entre el 30 de marzo y el 9 de abril. También se decretó que durante ese tiempo las empresas no pudieran hacer despidos objetivos a causa de los problemas derivados de la cuarentena. 12 de abril: el Gobierno amplía el estado de alarma hasta el sábado 25 de abril. Se trata de un confinamiento menos estricto, ya que pueden incorporarse al trabajo fuera de casa algunos trabajadores no esenciales. 26 de abril: el ejecutivo vuelve a alargar el estado de alarma, esta vez hasta el 10 de mayo, aunque contempla la salida de los menores de 14 años. Así, desde este día, los niños de 13 años o menos pueden salir una hora al día para pasear, jugar y hacer ejercicio, aunque sigue estando prohibida la utilización de parques infantiles y las salidas se limitan a la franja horaria de las 9:00 a las 21:00. Los menores deben ir siempre acompañados por un adulto que conviva con ellos.
La salida de los menores de 14 años marca el comienzo de la llamada fase de desescalada. Todo el proceso de cambio desde la situación de confinamiento hasta alcanzar lo que se ha denominado como la nueva normalidad se hará con las distintas aportaciones de todas las comunidades autónomas, pero siempre bajo la dirección del ejecutivo central. La fase de desescalada se hará de forma asimétrica dependiendo de las necesidades propias de cada comunidad autónoma. Hay comunidades que reclaman mayor autonomía en este proceso, presentando cada una de ellas su propia plan de desconfinamiento.
6 de mayo: el Congreso de los Diputados vota si prolongar el estado de alarma desde el 10 hasta el 24 de mayo. Como en las anteriores ocasiones, es necesaria una mayoría simple, es decir, más votos a favor que votos en contra. A diferencia de las anteriores prórrogas, el apoyo al 'sí' es menor: el Partido Popular, segunda fuerza política, se abstuvo; Vox, ERC, JxCat y la CUP votaron en contra y el Gobierno tuvo que pactar con Ciudadanos y el PNV para que votaran a favor. 20 de mayo: el Congreso de los Diputados aprueba prolongar el estado de alarma por quinta vez. Pese a la intención inicial de prorrogar el estado de alarma un mes, hasta el 26 de junio,Nótese que aunque muchas referencias indiquen que el final de esta prórroga hubiera sido el 27 de junio, se indica también que sería a las 0:00 por lo que en la práctica la prórroga solo hubiera abarcado hasta el 26 a las 24:00 el pacto del Gobierno con Ciudadanos incluía limitar la prórroga a 15 días, hasta el 7 de junio. Al igual que en las anteriores prórrogas, fue necesaria una mayoría simple, es decir, más síes que noes, y con la negativa de Ciudadanos a una prórroga de un mes y el voto en contra de Partido Popular y Vox, fue necesario el apoyo del PNV y la abstención de ERC o EH Bildu para aprobar la prórroga.
Salidas permitidas El Real Decreto 463/2020 limitó los traslados para disminuir el contacto interpersonal para bajar las posibilidades de contagio, pero estableció excepciones consideradas de fuerza mayor:
Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial permitida. Retorno al lugar de residencia habitual. Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad (como emergencias en el domicilio). Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.
El decreto de alarma originalmente permitía la apertura de los siguientes centros de trabajo:
Cumplimiento
Al 23 de marzo de 2020, había 240 245 policías y más de 2500 militares desplegados en todo el país. Algunos policías hicieron viajes a las poblaciones en cuarentena y tocaron música para levantar el ánimo. El 24 de marzo, el gobierno tomó el control de las residencias de ancianos privados en todo el país y anunció una investigación judicial luego de que las tropas encontraran a pacientes de hogares de ancianos que habían muerto de COVID-19 muertos en sus camas. En Madrid, los hospitales rechazaron los traslados desde las residencias de ancianos y se utilizó una pista de patinaje para almacenar cadáveres mientras la morgue de la ciudad se desbordaba. Para el 31 de marzo, la policía había emitido 100 000 citaciones y arrestado a 1000 personas por violar las normas de distanciamiento social. Las multas pueden oscilar entre 100 € y 30 000 € por infracciones graves o hasta cuatro meses de prisión. La policía también instaló 30.000 controles de carretera para impedir que la gente viaje. Para el 10 de abril, 3.000 conductores habían sido sancionados por violar la cuarentena mientras miles eran detenidos cada día. Las penas se incrementaron posteriormente con multas de 1000 € por una primera infracción hasta 60.000 € por una reincidencia.
La sentencia del Tribunal Constitucional de España de julio de 2021 dejó sin efecto todas las sanciones por incumplimiento de las restricciones de movilidad de los ciudadanos, pero no obligó al Gobierno a reembolsar automáticamente las multas ya cobradas.
Desescalada