El racismo en Perú comprende actitudes negativas y prácticas discriminatorias basadas en la raza o la etnia, históricamente arraigadas y reflejadas en diversos aspectos sociales. Este racismo sistémico ha sido evidente desde el virreinato del Perú, donde los colonizadores españoles establecieron una aristocracia criolla, lo que condujo a una endogamia profundamente arraigada entre los blancos y a una movilidad social limitada para otros grupos raciales, quienes conforman la mayoría de la población nacional.
El centralismo, la concentración de riqueza y poder en Lima, exacerbó la discriminación racial y geográfica. Esto condujo a la desigualdad económica, y los grupos indígenas de las zonas rurales se enfrentaron a la pobreza y a unos servicios sanitarios deficientes. El término «cholo» se convirtió en una etiqueta despectiva para las personas indígenas o mestizas de aspecto indígena, y la división racial entre la población urbana y la rural se hizo muy evidente. Con el tiempo, muchos peruanos discriminados empezaron a discriminarse y rechazarse a sí mismos, un fenómeno social conocido como «racismo internalizado». Además, también incrementó la discriminación contra los afroperuanos y los inmigrantes asiáticos.
A lo largo de la historia de Perú, los intelectuales y las figuras políticas negaron a menudo la existencia del racismo, enmarcando en su lugar las jerarquías sociales en torno a la clase y el intelecto, que seguían influidas por el racismo sistémico. A pesar de los periodos en los que se prestó más atención a las cuestiones raciales, la discriminación persistió, manifestándose de diversas formas, como el uso despectivo de términos como «serrano» para los migrantes rurales y «burguesía chola» para los empresarios indígenas o mestizos de éxito.
La violencia racial y el genocidio figuran también en la historia del país, como las atrocidades cometidas durante el genocidio del Putumayo y el genocidio matsés. El conflicto interno de 1980 a 2000 se cebó aún más con los grupos indígenas y mestizos, y la campaña de esterilización forzosa del Plan Verde en los años 90 fue un claro ejemplo de limpieza étnica. El racismo sigue existiendo en el Perú moderno, como demuestran estrategias políticas como el terruqueo, que utiliza connotaciones raciales para desacreditar a los oponentes.
Antecedentes Perú colonial Desde la época del virreinato del Perú, con el establecimiento de los colonizadores españoles, se formó una aristocracia criolla con una fuerte endogamia entre los blancos, donde el mestizaje no era algo común en comparación con otras clases sociales.
República del Perú Desde que se independizó de España en 1821, Perú ha experimentado patrones duraderos de racismo sistémico y clasismo. Estas tendencias se han visto perpetuadas por las prácticas endogámicas de la población blanca. Este racismo contribuyó a importantes disparidades económicas, con la riqueza concentrada en Lima como consecuencia del centralismo, mientras que los grupos indígenas de las zonas rurales se enfrentaban a la pobreza y a unos servicios sanitarios deficientes. El centralismo también fomentó el racismo geográfico. En Lima, el término «limeños» solía referirse a los residentes predominantemente blancos, mientras que el término «cholo» se asociaba a los indígenas o individuos de aspecto indígena.
De 1910 a 1930, los intelectuales analizaron intensamente las cuestiones raciales. Sin embargo, a medida que avanzaba el , el racismo se hizo más encubierto, manifestándose a través de la discriminación basada en la clase o la cultura más que en términos raciales explícitos. Los intelectuales pasaron de establecer jerarquías sociales basadas en la raza a otras basadas en el intelecto. No obstante, este sistema siguió estando influido por el centralismo. Los niveles más altos de educación, predominantemente accesibles en Lima, conferían una forma de «blanquitud» a sus ciudadanos, elevando su estatus social. Por el contrario, a los habitantes de las regiones periféricas, con acceso limitado a la educación, se les negaba un reconocimiento social similar.
En los años 1990 se evidenciaron prácticas discriminatorias en discotecas de Lima, donde se crean relaciones interpersonales e intergrupales. Luego de las denuncias presentadas por Indecopi a diversos establecimientos, el Congreso de la República elaboró en 1998 una ley contra el racismo que fue aprobada. Los dueños de los establecimientos respondieron a la nueva ley convirtiéndolos en clubes sociales privados.
El racismo continuó en las redes sociales en el . A raíz del caso de Edita Guerrero, dos integrantes del programa de entretenimiento Combate tuvieron que explicar su existencia y animaron a combatirla. En las elecciones generales de 2026, los analistas consultados por El Búho afirmaron que el racismo sigue practicándose con candidatos a la vicepresidencia como Brígida Curo.
Discriminación hacia los indígenas
Choleo En la sociedad peruana es común que se rechacen los aspectos culturales y raciales de los pueblos indígenas, a quienes varias personas descalifican como atrasados e ignorantes. Debido a un proceso de aculturación, actualmente muchos indígenas se consideran a sí mismos como "mestizos" por haber abandonado su lengua, cultura y costumbres. El uso de la palabra «cholo», también extendida en otros países sudamericanos, tiene un fuerte componente racista que se ha atenuado en las últimas décadas, adquiriendo matices de diferente connotación (incluso afectiva), dependiendo del contexto en el que se utilice. El término «serrano» se usa habitualmente de manera peyorativa para designar al individuo de la Sierra que emigró a Lima u otras grandes aglomeraciones urbanas del país, existiendo también discriminación contra las personas de las zonas rurales. Los peruanos con antecedentes de la Sierra que están educados son descritos como «gente inteligente y decente» y reconocidos como «blancos honorarios». El término «burguesía chola» se refiere a un grupo de origen indígena o mestizo que, a través de la creación de empresas y otras iniciativas privadas, ha alcanzado niveles socioeconómicos superiores a la media nacional en términos de ingresos y poder adquisitivo, en un escenario de libre mercado, con el fin de diferenciarlos de la aristocracia criolla tradicional.
Violencia
Violencia étnica y genocidio izquierda|miniaturadeimagen|Indígenas peruanos esclavizados durante el genocidio del Putumayo Durante la fiebre del caucho en la Amazonía peruana entre 1879 a 1912, empresarios caucheros tomaron prisioneros a indígenas a los cuales se les cometió diversos crímenes de lesa humanidad; los indígenas eran tratados de «inferiores», el suceso fue calificado posteriormente como el genocidio del Putumayo. Como resultado de este genocidio, entre 40 000 y más de 250 000 indígenas peruanos fueron asesinados.
En 1964, el primer gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry desde Lima bombardeo la cuenca del río Yavarí en el departamento de Loreto, el suceso fue conocido como el genocidio matsés, pues el objetivo de Belaúnde fue exterminar a las comunidades indígenas mayorunas, la campaña publicitaria para favorecer el acto del gobierno calificó a los mayorunas como «más sanguinarios que cualquier piel roja del far west» y al exterminio con la frase: «A sangre y fuego, civilización y barbarie se disputan un territorio en que hasta ayer campeaban la víbora y el tigre».
Entre 1980 y 2000, los grupos indígenas y mestizos de la selva y las montañas peruanas fueron las principales víctimas del conflicto armado interno en Perú. Para la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la discriminación y el racismo, a través del terror, fueron uno de los factores determinantes del desarrollo de la guerra interna. En un esfuerzo por estabilizar la nación, las Fuerzas Armadas de Perú redactaron el Plan Verde, una presunta operación militar clandestina desarrollada durante el conflicto interno; esta habría implicado en el genocidio de peruanos empobrecidos e indígenas (especialmente a las mujeres quechuahablantes), el control o censura de los medios de comunicación en la nación y el establecimiento de una economía neoliberal controlada por una junta militar en Perú. El Plan Verde detallaba un objetivo para esterilizar a los ciudadanos empobrecidos en lo que Fernando Rospigliosi describió como «francamente parecidas a las nazis», con los militares escribiendo que «es conveniente la utilización generalizada de procesos de esterilización de los grupos culturalmente atrasados y económicamente pauperizados», describiendo a estos grupos como «cargas innecesarias» y que «dado el carácter de incorregible y la carencia de recursos [...] sólo queda el exterminio total». El exterminio de los peruanos vulnerables fue descrito por los planificadores como «como interés económico, es una constante imprescindible en la estrategia de poder y desarrollo del [E]stado». Cuando Alberto Fujimori asumió el cargo en 1990, se habrían adoptado muchas de las políticas delineadas en el Plan Verde. La esterilización forzada de grupos vulnerables a través del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) ha sido descrita en varias ocasiones como una operación de limpieza étnica o genocida. Se estima que al menos peruanos fueron víctimas de esterilización forzada en la década de 1990, con la mayoría afectada por el PNSRPF. Según investigaciones del subcomité del Congreso de Perú, USAID, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Fundación Nippon apoyaron los esfuerzos de esterilización del gobierno de Fujimori.
También se puede hablar del llamado holocausto asháninka, un genocidio perpetrado por miembros de la guerrilla de Sendero Luminoso contra este grupo étnico.
Terruqueo: Una táctica retórica divisoria En Perú, ciertos grupos de derecha han empleado una estrategia conocida como terruqueo. Consistió en realizar campañas negativas y, en ocasiones, adoptar un tono estigmatizador a quienes se oponen a los puntos de vista antifujimoristas, a los oponentes políticos de izquierda y a los críticos del actual statu quo neoliberal como terroristas o simpatizantes del terrorismo. Esta estrategia se asocia particularmente a personas vinculadas con el fujimorsimo. Desde la década de 1980, el término terruco ha sido empleado públicamente por políticos de derecha en Perú para atacar a grupos de izquierda, progresistas e indígenas, a veces recurriendo a matices raciales.
Durante la segunda vuelta de las elecciones generales peruanas de 2021, surgió una avalancha de mensajes en las redes sociales que atacaban a los votantes que habían elegido a Pedro Castillo, un maestro rural de ascendencia andina, conocido por vestir atuendos tradicionales y hablar en español andino. Estos mensajes retrataban a estos votantes como ignorantes y abogaban por causar daño a las áreas rurales y a las comunidades indígenas, que se consideraban la base de apoyo para Perú Libre. El político conservador Rafael López Aliaga supuestamente hizo declaraciones incitando a la violencia, incluyendo presuntamente el cántico «¡Muerte al comunismo! ¡Muerte a Cerrón! ¡Muerte a Castillo!» ante sus seguidores en mayo de 2021. Además, durante un mitin organizado por el dueño de Willax TV, Erasmo Wong Lu, el 26 de junio de 2021, proclamó «Muerte al comunismo, fuera de aquí, comunistas asquerosos, habéis despertado al león, ¡a las calles!».