El incendio forestal en Bolivia de 2019 hace referencia a una serie de incendios ocurridos entre julio y octubre de 2019, considerado como uno de los más graves desastres ecológicos en los últimos 10 años.

Los incendios se localizaron en las regiones tropicales del bosque Chiquitano —considerado como un bien público de nuestro planeta—, la Amazonia boliviana y el Pantanal occidental, que afectó a poblaciones como Roboré, Puerto Busch y San Ignacio de Velasco de entre las ocho regiones implicadas directamente en el departamento de Santa Cruz y también en el departamento del Beni en Bolivia. Así mismo puso en peligro reservas municipales como Tucabaca, el Parque nacional Noel Kempff Mercado o Ñembi Guasu, territorio de pueblos ayoreos no contactados. Este evento significó la pérdida de cinco millones de hectáreas de bosque seco de la Chiquitanía cuya vocación de suelo es forestal y que en los últimos años está siendo convertido en suelo de producción agropecuaria sin consulta previa con las comunidades que habitan la región.

Los incendios provocados por acción humana directa son una importante razón de pérdida de bosque en la cuenca amazónica. Esta situación ha suscitado una polémica sobre el rol del Gobierno en el control y las medidas de prevención que derivaron en lo que expertos califican como uno de los desastres más complicados de Latinoamérica. De la misma manera se han criticado las acciones asumidas para el control del desastre, tales como la negativa inicial de solicitar ayuda internacional durante la crisis.

Antecedentes Ampliación de la frontera agrícola y tierras para ganadería miniaturadeimagen|Imagen satelital mostrando el humo de los incendios en Bolivia y Brasil (agosto de 2019).|277x277px A finales del y comienzos del , la frontera agrícola en Bolivia se fue ampliando velozmente, especialmente en los departamentos de Santa Cruz y Beni, causando deforestación y sabanización de territorios para su habilitación como espacios de crianza de ganado y cultivos de exportación, siendo afectados bosques tropicales, pastizales y cañaverales. Una de las prácticas más extendidas para la remoción de vegetación es el denominado chaqueo, práctica consistente en quemar la cobertura vegetal similar a tala y quema.

Un reporte de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) de 2010 situaba a Bolivia entre los países con más altos índices de deforestación casi triplicando el índice del Brasil, bajo ese ritmo de pérdida de bosques se preveía la desaparición de los bosques en Bolivia para 2100.

El 26 de abril de 2019 el canciller Diego Pary y el ministro de la Administración de Aduana de China, Ni Yuefeng firmaron un protocolo para exportar 20 mil toneladas de carne a China, lo que significa 75 millones de dólares de ganancia para el país, para eso se necesita expandir de las 13 millones de hectáreas de uso ganadero a 20 millones como dice el plan de Desarrollo Pecuario 2020-2030, que fue presentado por los ganaderos al Presidente de Bolivia. Miguel Ángel Crespo, experto en agroecología adelanta que ese tipo de agroextractivismo se agudizan las sequías, inundaciones, cambios climáticos, aparición de plagas, erosión de suelos. Según Natalia Calderón, directora de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), el 60 % de la deforestación se debe a la ganadería, y se detectó que la expansión en la deforestación son significativas en Charagua y la Chiquitania en Santa Cruz, esto se conoció el 5 de julio.

Juan Carlos Ojopi, miembro del Comité Defensor de la Amazonía de la cuenca del río Madera en el departamento de Beni manifestó su rechazo rotundo pues avala la deforestación de las tierras que ellos mismos estaban reforestando y temen que todo su trabajo e va a desmontar y quemar. Un informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada (RAISG) dice que Bolivia entre 2005 y 2018 perdió 18,7 millones de hectáreas de bosques por desmontes e incendios.

Legislación relacionada El 26 de febrero de 2001, el entonces presidente de Bolivia, Hugo Banzer Suárez, autorizó por medio del Decreto Supremo 26075 «aprovechamiento forestal permanente» en los departamentos de Santa Cruz y Beni.

El 30 de septiembre de 2015, durante el gobierno de Evo Morales, se promulgó la ley 741 en la que se aprobó la ampliación de desmonte de 5 a 20 hectáreas por comunario. Con la aprobación de la ley 1098 de Etanol y Aditivos de origen vegetal, se autoriza el uso de semillas transgénicas que resisten las sequías.

El 9 de julio de 2019, en Beni, se aprueba el decreto supremo 3973 que en parte dice:«ARTÍCULO 5.- En los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, que se enmarque en el Manejo Integral y Sustentable de Bosques y Tierra, conforme a los instrumentos de gestión específicos aprobados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT, y sus Planes de Uso de Suelo vigentes. En ambos departamentos se permite las quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente, en las áreas clasificadas por el PLUS que así lo permitan».Queda como responsable de su ejecución y cumplimiento el ministro de Estado en el Despacho de Medio Ambiente y Agua.

Ocupación de tierras El 30 de marzo de 2019 en San Miguel de Velasco se reunieron alrededor de 1000 personas que se sentían amenazadas por la llegada de gente ajena al lugar que llegaban con autorización del INRA para que 69 comunidades se asienten en 130 mil hectáreas de la Chiquitanía. Se denunció la impotencia de los pobladores al ver que esta gente mataba a su ganado y quemaba sus tierras. Óscar Hugo Dorado Flores, alcalde de San Miguel dijo que no autorizó ninguna de esas acciones. Aida Gil, dirigente de la Organización Indígena Chiquitana (OICH) fue acusada de promover lo que para los lugareños es un avasallamiento.

Incremento de incendios en 2019 En la primera semana de agosto de 2019 se registraron 2351 incendios en Santa Cruz, mientras que en la gestión 2018 se habían registrado alrededor 2858 en la totalidad del mes.

Cronología

Julio

El 13 de julio se registró el mayor número de incendios en el departamento de Santa Cruz, 1065 en Buena Vista. El 26 de julio ReliefWeb, el sitio web de la ONU para el monitoreo de emergencias, indica que el 28 % del territorio de Santa Cruz se encuentra con un riesgo muy alto de incendio forestal y que un 5 % se encuentra en riesgo extremo. El 31 de julio ReliefWeb reporta que el 46 % del departamento de Santa Cruz se encuentra en riesgo extremo de un incendio forestal.

Agosto

El 3 de agosto ya se registran 30 000 hectáreas quemadas en Roboré, y 300 en San José de Chiquitos. El 4 de agosto se empiezan a notar las consecuencias en Santa Cruz, la ciudad se ve cubierta de humo. El 5 de agosto la gobernación de Santa Cruz pidió un helicóptero para apagar el fuego en San José de Chiquitos, las alarmas se activaron para San Javier y San Ignacio de Velasco. Cliver Rocha, titular nacional de la ABT, reconoció que la situación podía salirse de control debido a los factores climatológicos. El 6 de agosto los soldados que estaban en la zona de Pailón fueron retirados por órdenes superiores. Guillermo Capobianco, director de Seguridad Ciudadana, dice que el fuego estaba en zonas muy poco accesibles y que se insistiera al Ministerio de Defensa para colaborar con acciones aéreas ya que el incendio estaba descontrolado y dificultando su extinción. El 7 de agosto se encendió una alerta roja por incendios en Santa Cruz, para lo cual se alistó un helicóptero Baby Bucket con capacidad de 400 litros. Ese día la ABT puso a consideración hacer una pausa administrativa; eran 15 los municipios a los que el incendio llegaba, el 63 % de ellos en Santa Cruz. El 8 de agosto, Óscar Cabrera, viceministro de defensa civil en conferencia de prensa manifestó que se iniciaron labores de reconocimiento para ubicar fuentes de agua y ver la magnitud del desastre. Germaín Caballero, alcalde de San José, pidió que se declarara la emergencia para poder gestionar ayuda nacional e internacional. El 13 de agosto Roboré se declaró en desastre. Carlos Ragone explicó que ya había más de 25 000 hectáreas quemadas. El 15 de agosto Cinthia Asin, secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz declaró que la medida de la ABT por frenar las autorizaciones de quema no tenían ningún resultado. El 16 de agosto era imposible transitar por la carretera del corredor bioceánico; la humareda era arrastrada por los fuertes vientos. Los helicópteros a pesar de tener ciertas dificultades pudieron hacer descargas de agua sobre varios incendios dispersos. El 17 de agosto el fuego entra al área protegida de Tucabaca, tras 20 años desde que esta zona no se quemaba. La única forma de aplacar el incendio era vía aérea. San Lorenzo, toda la zona de Aguas Calientes, Naranjo y la zona de Chochis se encuentran en riesgo. José Justiniano, secretario de la comunidad de El Portón explicó que los bomberos ya no podían hacer nada. Solo pidieron a la gente salir de sus casas para que no corran riesgo. El 18 de agosto el ministro de Defensa, Javier Zavaleta López y el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas se encontraron en la zona para evaluar la situación. El 21 de agosto, Evo Morales crea un gabinete para emergencia ambiental y el ministro de economía Luis Arce Catacora ordena la contratación del avión denominado Evergreen 747 Supertanker. El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, explica que es la primera vez que en Bolivia se utiliza este tipo de avión necesario porque los lugares de incendio eran inaccesibles. El 27 de agosto, la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) anunciaba que se habían quemado 1,8 millones de hectáreas en lo que iba del año en Bolivia; ese mismo día el presidente anuncia una pausa ecológica que prohíbe la venta de tierras. A su vez, la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) extendió el plazo para los planes de desmonte y quemas en Santa Cruz. El 29 de agosto varios especialistas descartaron que el fuego viniese desde el Amazonas, apuntando como responsables a las comunidades que se asentaron en la zona. El 30 de agosto Gonzalo Colque, presidente de la Fundación Tierra afirma que el 70 % del territorio quemado son predios fiscales y de propiedad de empresas agropecuarias que corresponden a la ampliación de la frontera agrícola y ganadera con fines comerciales, para exportar soya y carne bovina. Roly Aguilera, secretario general de la Gobernación de Santa Cruz, determinó que estos predios fueron dotados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a comunidades campesinas, indígenas e interculturales cuyo uso debería ser forestal y no agropecuaria lo que se determinaba como una dotación ilegal. En agosto se determinan 84000 focos de incendio en Santa Cruz.

Septiembre

El 4 de septiembre Diego Pary, ministro de Relaciones Exteriores dijo que ya se había alcanzado la suma de 11 millones de USD destinados a atender la emergencia. El 5 de septiembre Rafael Álviz, alcalde de San Rafael, ratificó que el fuego superó la capacidad para controlar el fuego en su municipio, por ello es declarado en desastre. El 6 de septiembre la Gobernación de Santa Cruz anunció la compra de 200 litros de retardantes de fuego a pedido de los bomberos y voluntarios que ya se encontraban cansados teniendo en cuenta que el lunes había 5 focos de calor y ese viernes subieron a 51. El presidente de AMDECRUZ, Rodolfo Vallejos aseguró que llegaban a 1 700 000 las hectáreas quemadas solo en la Chiquitania. Rafael Álviz expresó su preocupación al decir que nunca estuvieron preparados para afrontar un incidente como este.