La Administración de Carlos Alvarado Quesada fue el gobierno constitucional de la República de Costa Rica desde el 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2022.
Antecedentes y elección Antecedentes políticos El mandatario se desempeñó como asesor de la fracción del Partido Acción Ciudadana en la Asamblea Legislativa durante el período 2006-2010. Además fue el director de Comunicación para la campaña presidencial de 2014 de su antecesor Luis Guillermo Solís. Durante la administración Solís Rivera ejerció como Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social.
Bajo su cargo, en conjunto con la vicepresidente Ana Helena Chacón, la Universidad de Oxford, el INEC y una alianza de empresas privadas llamada Horizonte Positivo, desarrolló el Índice de Pobreza Dimensional (IPD) que permitía medir las diferentes carencias que tienen las personas que viven en condiciones de pobreza, la cual junto a la implementación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE) y una herramienta llamada Mapas Sociales, generada a partir de información del Censo del 2011, permitieron que todas las instituciones que brindan ayudas sociales tengan acceso a la misma información y sepan quién está siendo atendido, dónde, por quién y cuáles son sus necesidades. Esto facilita la detección de duplicidades, errores y filtraciones.
Alvarado creó la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza: Puente al Desarrollo. Dicho programa tenía el objetivo de garantizar a 54.600 familias en pobreza extrema el acceso a programas, proyectos y servicios sociales de forma preferente, articulada e integral para la reducción de la pobreza extrema. Los resultados de dicha estrategia se vieron reflejados en una disminución de la pobreza registrada por la Encuesta Nacional de Hogares del 2016: que se redujo después de 20 años de un 22,3 % en 2014; a un 20,5 % en 2016. En el caso de la pobreza rural bajó de 30,3 % en el 2014 a 25.7 % en el 2016 y la urbana, en esos mismos años de 19,5 % a 18,6 %.
Tras la renuncia como ministro de Víctor Morales Mora, Alvarado fue nombrado Ministro de Trabajo y Seguridad Social en 2016. En esa cartera se redujeron los beneficios de convenciones colectivas estatales del Banco de Costa Rica, JAPDEVA y RECOPE en negociaciones de las convenciones colectivas a la baja exitosas con los sindicatos. Como ministro también promovió la implementación de las leyes que recortaron las pensiones de lujo. Renunció a su puesto al Ministerio, buscando la candidatura presidencial, como lo exige la Constitución Política de Costa Rica.
Postulación y elección miniatura|Canto del Himno Nacional de Costa Rica durante la toma de posesión de Carlos Alvarado el 8 de mayo de 2018. En la imagen: el presidente saliente (Luis Guillermo Solís), la presidenta de la Asamblea Legislativa (Carolina Hidalgo Herrera), y el presidente electo. |izquierda|300x300pxEl 1 de abril de 2018 en la segunda ronda electoral fue elegido presidente de la república por el partido oficialista vigente, el Partido Acción Ciudadana, tras obtener el 60,8 % de los votos sobre su rival Fabricio Alvarado que obtuvo 39,2 %. Fue la primera vez en la historia de Costa Rica que el candidato que quedó de segundo en la primera vuelta gana el balotaje, además de ser la primera vez que el abstencionismo se reduce con respecto a los resultados de la primera ronda. Por segunda ocasión, un candidato obtuvo más de un millón de votos en la segunda ronda, siendo la primera el cuatrienio anterior con Luis Guillermo Solís del mismo partido.
Alvarado se convirtió en el presidente más joven de Costa Rica desde la fundación de la Segunda República. Aunado a ello, su compañera de fórmula, Epsy Campbell Barr se convirtió en la primera mujer vicepresidente afrodescendiente de América Latina. Con la victoria de la fórmula presidencial de Carlos Alvarado, la diputada Epsy Campbell Barr se convirtió así en la primera mujer afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia (y presidencia del país, durante las ausencias en el cargo de Alvarado) de Costa Rica y de una nación latinoamericana. Gabinete y ministros Alvarado asignó a más mujeres que hombres en su Consejo de Gobierno, cumpliendo con el compromiso de campaña para constituir el Gobierno con más mujeres en la historia de un gabinete de Costa Rica, así como el primero en ser paritario. Asimismo, el presidente invitó a los diferentes partidos políticos representados en la entonces recién conformada Asamblea Legislativa a unirse en un llamado "Gobierno de Unidad Nacional", ofreciéndole a los partidos espacios en los diferentes ministerios e instituciones públicas. Finalmente, el gabinete inicial de ministros se conformó en un 44 % por miembros del Partido Acción Ciudadana, 24 % del Partido Unidad Social Cristiana, 15,5 % sin origen partidario, 11 % del Partido Liberación Nacional, 2,2 % del Frente Amplio, y 2,2 % del partido cantonal Curridabat Siglo XXI. El fundador del PAC Ottón Solís Fallas aseguró el 26 de abril de 2018, día del anuncio del gabinete inicial:
Principales reformas miniaturadeimagen|Alvarado en 2018|250x250px
Plan Fiscal (2018)
En sus primeros meses consiguió suficiente consenso de las bancadas mayoritarias para aprobar el Plan Fiscal, Expediente N.° 20580 y posteriormente la Ley de la República N.° 7635 llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con los votos de los partidos Liberación Nacional, Acción Ciudadana y Unidad Social Cristiana, aprobada en segundo y definitivo debate el 3 de diciembre del 2018 con 34 votos positivos y 17 en contra.
La nueva ley, reformaba de manera integral, la Ley N.° 6826, Ley de Impuesto General sobre las Ventas del 8 de noviembre de 1982; y la Ley N.° 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta del 21 de abril de 1988, en la cual se sustituyó el impuesto general sobre las ventas (I.V.) por el impuesto sobre el valor agregado (I.V.A.), pero manteniendo la tasa de 13 %, con algunas excepciones e incorporando más servicios que pagarán el tributo. A los productos de la canasta básica se les impone una tarifa reducida del 1 %, y se cobrará a servicios actualmente exentos como los servicios profesionales, gimnasios, las aplicaciones de streamming y otras de servicio como Uber y Netflix. También incluía cambios en los impuestos de renta a salario, global, capitales, excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas; así como cambios en el año fiscal tributario.
Respecto a los gastos del Gobierno también se incluyó la regla fiscal, la cual fue introducida para ayudar a contener el déficit fiscal y la deuda pública, factores que repercuten de forma negativa en la economía general del país. La regla fiscal brinda parámetros y escenarios en su capítulo de responsabilidad fiscal, que le permiten al Poder Ejecutivo determinar su máximo endeudamiento según cifras macroeconómicas, por ejemplo cuando la deuda pública supere el 60 % de la producción nacional, el gasto total (tanto corriente como de capital) no podrá crecer más allá del 65 % del crecimiento promedio del PIB nominal de los últimos cuatro años.
Norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo (2018)
El aborto en Costa Rica es permitido solo cuando peligre la vida o la salud de la madre según el numeral 121 del Código Penal desde 1970. Sin embargo, la no existencia de un protocolo que regule su aplicación ha causado que esto rara vez se implemente. En 2012 dos mujeres que sufrieron de embarazos de alto riesgo que no fueron atendidos con abortos terapéuticos como lo solicitaron demandaron al país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como una de sus promesas de campaña el Partido Acción Ciudadana de Alvarado se comprometió a la elaboración de una norma técnica que corrigiera esto y satisficiera las exigencias de la Comisión. El tema fue inmediatamente rechazado por los sectores más conservadores y fue tema de campaña. Sin embargo, Alvarado resultó elegido presidente en 2018. Distintos sectores presionaron tanto a favor como en contra de la firma de la norma. Fue finalmente firmada el 12 de diciembre de 2019, junto a su Ministro de Salud, Daniel Salas Peraza. Diputados del bloque conservador anunciaron represalias contra el ejecutivo así como la lucha legal contra la norma. así como se interpusieron recursos por ciudadanos particulares.
Veto a la Ley de la Pesca de Arrastre (2020) En octubre de 2020 también se aprobó por 28 votos a favor y 16 en contra, la controversial ley que re-legalizó la pesca de arrastre.https://elperiodicocr.com/28-diputados-aprueban-proyecto-que-reinstaura-la-pesca-de-arrastre-en-costa-rica/ Dicha aprobación en la Asamblea Legislativa generó un rechazo en redes sociales y la condena por parte de grupos ambientalistas que se reunieron con el gobierno (la fracción oficialista junto con el diputado Villalta sí votaron en contra) solicitando al presidente que vetara la ley,https://www.elmundo.cr/costa-rica/representantes-del-gobierno-se-reunen-con-ambientalistas-para-discutir-pesca-de-arrastre/ como efectivamente lo hizo el 30 de octubre de 2020 por lo que de acuerdo con la Constitución de Costa Rica para que la ley quedara en firme, se requerían ahora de mayoría calificada (38 votos de 57 posibles). A raíz de esto el expresidente legislativo y líder de la bancada liberacionista en el Congreso Carlos Ricardo Benavides Jiménez quien votó a favor, aseguró que no veía posibilidades de que la ley fuera resellada, como sucedió.https://www.ameliarueda.com/nota/benavides-desiste-plan-revivir-pesca-arrastre-veto-noticias-costa-rica Movimientos sociales
Huelga sindical contra el Plan Fiscal (2018)
Durante la discusión y previo a la votación en primer debate del Plan Fiscal en octubre de 2018, los gremios sindicales del sector público, convocaron a la Huelga sindical en Costa Rica de 2018 que se extendió por más de 80 días, iniciando el 10 de septiembre y hasta diciembre de 2018, con mayor incidencia de duración en el Magisterio de Educación. La huelga falló en frenar el voto positivo de los diputados ni incidió en la Sala Constitucional, la cual declaró el proyecto constitucional, dando vía libre para su aprobación y publicación. Esto último y la declaratoria de ilegalidad de la mayoría de las huelgas por Tribunales de Trabajo causó que el movimiento se disipara.
Una consecuencia directa de dicha huelga (la más larga en la historia del país) fue la presentación, impulso y aprobación de la Ley N.° 9808 Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga, firmada en enero de 2020, e impulsada por el Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de dicho momento Carlos Ricardo Benavides Jiménez. La ley declara ilegales las huelgas en servicios públicos esenciales como en suministro de combustibles, atención hospitalaria, seguridad y comedores escolares.
Protestas estudiantiles (2019)