El ojo que llora es un monumento conmemorativo peruano de autoría de la escultora neerlandesa Lika Mutal, ubicado en el Campo de Marte, distrito de Jesús María, en la ciudad de Lima, inaugurado en 2005 y dedicado a la memoria de las víctimas en la Época del terrorismo en el Perú que vivió ese país entre 1980 y 2000. Contiene como pieza central, una escultura monolítica que lleva el mismo nombre. En 2022 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación.
Nació como una iniciativa privada para fortalecer la memoria colectiva de todos los peruanos y para promover la paz y la reconciliación en el país. El memorial incluye los nombres de civiles, policías y militares asesinados y desaparecidos tanto por las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru como por agentes de las fuerzas del orden u otros actores armados, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas del MINJUS. Es un lugar de conmemoraciones y homenajes constantes por parte de grupos de deudos del conflicto armado (especialmente de los desaparecidos), así como por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
Por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre los nombres se incluyen los de militantes de Sendero Luminoso ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado en la masacre del penal Castro Castro. Esto último generó rechazo en diversos sectores, así como en la misma autora. El monumento ha sido duramente criticado por varios políticos conservadores del país, y ha sufrido varios intentos de vandalización.
Historia El memorial El ojo que llora fue conceptualizado y ejecutado por la artista neerlandesa Lika Mutal, y fue inaugurado el 28 de agosto de 2005. Mutal ideó el monumento después de visitar la muestra fotográfica de Yuyanapaq, preparada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), sobre los años del conflicto armado interno. Habiendo trabajando principalmente con piedra, Mutal regresó a su estudio, donde dice que al ver la piedra, la frase "El ojo que llora" se formó en su cabeza. Después de este momento, decidió trabajar en este proyecto, el cual fue financiado a través de patrocinadores privados y donaciones. miniaturadeimagen|283x283px|Casos emblemáticos o colectivos. El memorial se construyó principalmente como una forma de conmemorar a las aproximadamente 70 000 víctimas de la violencia cometida tanto por el Estado peruano como por los grupos extremistas que lucharon contra el Estado y todos aquellos que se oponían a sus ideologías. Este monumento forma parte de un proyecto inconcluso más grande, llamado Alameda de la Memoria, que incorporaría otras piezas de arte, grandes extensiones de áreas verdes y una instalación permanente para Yuyanapaq. En 2004, se designó el Campo de Marte en el distrito de Jesús María como la ubicación para el proyecto Alameda de La Memoria, que daría un lugar real a las muchas voces marginadas que fueron silenciadas y victimizadas durante los años del conflicto peruano, y proporcionaría un espacio para contemplar y recordar, no solo para las víctimas y sus familias, sino también para la población peruana en general. Este proyecto incluiría el memorial El ojo que llora.
Fue declarado Patrimonio Cultural por el Ministerio de Cultura en 2013. En 2022 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el mismo ministerio durante la gestión como ministra de Gisela Ortiz Perea, hermana de uno de los estudiantes asesinados por el grupo Colina en la masacre de La Cantuta de 1992. El hecho fue criticado por parlamentarios conservadores de la oposición de entonces.
En el año 2024, se han presentado dos iniciativas por parte de la Municipalidad de Lima y el Congreso de la República para retirarle al monumento su condición de "patrimonio cultural de la nación" otorgado por el Ministerio de Cultura en el año 2022.Esta condición no solo garantiza el derecho de los ciudadanos a su disfrute, sino además obliga a los estados a garantizar la protección y el respeto irrestricto de los mismos.El retiro de la condición de patrimonio cultural de la nación por parte del Ministerio de Cultura, permitiría a la Municipalidad de Lima la destrucción del memorial para construir en su lugar "áreas deportivas o recreativas”.
El papel de la Comisión de la Verdad y Reconciliación La CVR presentó un informe público en 2003 en el que se reflejan los crímenes ocurridos durante esas dos décadas, y los fallos presionaron al Gobierno peruano para conmemorar a todas las víctimas. El extenso informe de la CVR señaló que durante esas dos décadas de violencia, 69 280 personas murieron o desaparecieron, aproximadamente 600 000 se convirtieron en refugiados internos y 40 000 niños quedaron huérfanos. La Comisión también informó que la mayoría de las víctimas de los delitos eran indígenas que vivían en la coordillera de los Andes peruanos. El informe indicó que tres de cada cuatro víctimas de los crímenes fueron indígenas, aproximadamente el 85 por ciento de todas las víctimas. El hecho de que los indígenas estuvieran entre uno de los grupos más marginados de la sociedad y que vivieran en tierras altas lejos de las principales ciudades hizo que los crímenes de los senderistas y los oficiales militares no fueran denunciados. Su marginación y su aislamiento hicieron que este grupo altamente victimizado se mantuviera en silencio y no tuvieran poder contra Sendero o las fuerzas gubernamentales.
La evidencia de la corrupción del gobierno de Fujimori, que incluyeron el chantaje, los sobornos y la manipulación de votos, lo llevó a huir a Japón en el año 2000. Tras ello se inició una investigación sobre su administración dirigida por el presidente Alejandro Toledo. Las organizaciones de derechos humanos instaron al gobierno peruano a formar la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que investigaría la violencia política, las violaciones de los derechos humanos y la corrupción gubernamental que había afectado al Perú desde la década de 1980 y durante los mandatos presidenciales de Fujimori. Cuando la CVR publicó su informe final en agosto de 2003, recomendó que para ayudar en el proceso de reconciliación se deben crear monumentos para rendir homenaje a las muchas víctimas de la violencia política en Perú.
Descripción izquierda|miniaturadeimagen|250x250px|Monolito central del memorial. El memorial El ojo que llora tiene una amplitud de 400 m² y se ubica en el Campo de Marte, un parque público del distrito limeño de Jesús María.
Tiene como pieza central una escultura monolítica homónima, ubicada en medio de un laberinto de once círculos concéntricos compuesto por decenas de miles de cantos rodados. Cada roca individual está inscrita con un nombre, edad y año de muerte de una víctima de las décadas de conflicto interno en el Perú. La lista de nombres fue proporcionada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación y el informe Los peruanos que faltan: lista preliminar de personas desaparecidas por la violencia política 1980-2000 de la Defensoría del Pueblo.
El monolito central contiene un orificio en su parte superior del cual cae agua continuamente a manera de fuente, de donde el monumento toma su nombre: representando un ojo que no deja de llorar. La autora, Lika Mutal, descubrió la piedra negra que forma el monolito cerca de un cementerio precolombino en la bahía de Paracas.
Controversias y ataques
Inclusión de senderistas entre los nombres de las víctimas derecha|miniaturadeimagen|250px|Nombres de varias víctimas entre civiles y miembros de Sendero Luminoso ejecutados extrajudicialmente durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Cuando Lika Mutal comenzó a trabajar en la creación del monumento, la CVR le proporcionó una lista de 32.000 nombres de personas que fueron consideradas víctimas de violencia. Desconocido para ella, la lista de nombres que recibió no solo incluía a los miles de víctimas civiles del conflicto armado peruano, sino también los nombres de 41 senderistas que fueron asesinados en el penal Castro Castro durante un motín y la posterior redada militar en mayo de 1992.
Desde la perspectiva de las leyes internacionales de derechos humanos, los "asesinados extrajudicialmente, incluidos los delincuentes condenados" se consideran víctimas. Sin embargo, a nivel local existe un rechazo hacia los miembros de Sendero Luminoso por haber cometido actos terroristas durante los años del Conflicto Armado Interno.
Cuando Mutal completó el memorial en 2005, no se generó ninguna controversia importante, ya que tanto la artista como la población peruana no conocían la inclusión de los nombres de los senderistas escritos en la piedra. En noviembre de 2006, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos basada en las investigaciones de la redada en la prisión de Castro Castro y las muertes de los 41 reclusos, declaró que estas muertes eran una violación de los derechos humanos. Después de ser acusado de violaciones a los derechos humanos, se instruyó al estado peruano para que reparase a las familias de las víctimas de Castro Castro y ofreciese un reconocimiento público y una ceremonia que honrase su memoria y a las familias de aquellos cuyos derechos humanos fueron violados en la redada de Castro Castro. Además, el fallo de la Corte Interamericana estableció que los nombres de estas víctimas debían incluirse en el monumento en el próximo año.Inter-American Court Ruling November 2006
Cuando se conocieron los fallos de la Corte Interamericana en 2006, el público y la prensa expresaron su indignación. Si bien los prisioneros de Castro Castro habían sufrido violaciones de derechos humanos, todavía eran considerados "terroristas" por la mayoría del público y la prensa peruana. La idea de que las víctimas y los nombres de "sus perpetradores" se combinarían en un monumento que simbolizaba la reconciliación y un lugar donde los miembros de la familia llorarían a sus fallecidos era algo que el público peruano no estaba dispuesto a apoyar. Sin embargo, lo irónico fue que los nombres de las víctimas de la prisión de Castro Castro ya se habían incluido en El ojo que llora desde 2005. La prensa peruana tardó más de un año en darse cuenta de ello, y fue solo por el fallo de la Corte Interamericana que se sacó a la luz el tema en sí. Las diferentes opiniones con respecto a El ojo que llora detuvieron la finalización de la Alameda de la Memoria, que si se hubiera realizado habría sido una instalación de tres partes. Tras la polémica se planteó la demolición de la instalación escultórica.
En una entrevista realizada por El Comercio, a Lika Mutal se le preguntó si incluiría los nombres de las 41 víctimas asesinadas en la redada de la prisión de Castro Castro en su monumento. Ella respondió diciendo:
Cuando se descubrió que los nombres de los terroristas habían sido incluidos en el monumento, Mutal respondió en una entrevista con La República diciendo que no sabía que los nombres de terroristas estaban incluidos en las piedras. Dijo que la lista que le dio la CVR estaba marcada como el registro que incluía a todas las víctimas.
Actos de vandalismo En septiembre de 2007, Alberto Fujimori fue capturado en Chile y extraditado a Perú, donde sería juzgado por las violaciones de los derechos humanos y la corrupción que se produjeron durante su mandato presidencial. El día después de que Fujimori llegó a Lima, un grupo de personas, que ingresaron al recinto a punta de pistola y maniatando al vigilante de seguridad, destrozó el memorial al remover piedras y verter pintura naranja en la piedra central, y luego ensuciaron el monumento con latas de pintura. Se cree que los miembros del grupo responsables de este acto de vandalismo eran simpatizantes del gobierno de Alberto Fujimori, no solo por la proximidad de la llegada del exmandatario y el ataque, sino porque el color naranja es un color vinculado al fujimorismo. Una de las simpatizantes fue Martha Chávez, quien apoyó tales actos vandálicos.