miniatura|derecha|Alexandra Chávez y Michelle Avilés, primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio en Ecuador, en 2019.
El matrimonio igualitario en Ecuador es legal desde el 8 de julio de 2019, fecha en que entraron en vigencia dos sentencias de la Corte Constitucional en que falló a favor de este derecho por vía de control de constitucionalidad. De este modo, Ecuador se convirtió en el quinto país de América del Sur en legalizar el matrimonio igualitario, luego de Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia. Antes de la legalización del matrimonio, las parejas del mismo sexo en el país contaban con un reconocimiento estatal únicamente a través de las uniones de hecho, figura legal más restrictiva que se encontraba vigente desde 2009.
Los esfuerzos para legalizar el matrimonio igualitario desde el activismo LGBT iniciaron en el año 2013, cuando una pareja de mujeres se presentó fallidamente ante el Registro Civil de Quito para intentar casarse. La pareja llevó su caso a los tribunales nacionales, pero su reclamo pasó años sin obtener resolución de última instancia. La publicación de la Opinión Consultiva OC-24/17 en 2018, que exhortaba a los países miembros de la Convención Americana a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, infundió nuevo ímpetu a estos esfuerzos y llevó a que diez nuevas parejas intentaran casarse y a que presentaran recursos legales propios. Los recursos de dos de ellas llegaron al año siguiente a la Corte Constitucional en los casos 10-18-CN y 11-18-CN, que fueron resueltos el 12 de junio de 2019 y en cuyas sentencias se reconoció el derecho de las personas del mismo sexo a casarse, con lo que legalizó el matrimonio igualitario en el país.
Durante el primer año de vigencia del cambio legal, se llevaron a cabo más de 120 matrimonios entre parejas del mismo sexo en Ecuador, cifra que subió a los 1014 al cumplirse los cinco años. Durante este periodo, el número de matrimonios igualitarios vio un crecimiento anual sostenido. La opinión pública también varió de forma considerable en los años previos a la legalización. De acuerdo a una encuesta de Pew Research Center, para el 2014 solo el 16% de ecuatorianos apoyaba el matrimonio igualitario, mientras que para 2017 el apoyo había alcanzado el 33%. Una encuesta de la Universidad Vanderbilt, por su lado, halló en 2019 una diferencia marcada en la desaprobación al matrimonio entre las distintas generaciones etarias: mientras que la generación silenciosa mostraba un 68.5% de desaprobación, este porcentaje bajaba hasta el 16.7% en la generación Z.
Legislación vigente
A nivel constitucional, el matrimonio igualitario en Ecuador está sustentado por la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2019 fue declarado parte del marco constitucional ecuatoriano por la sentencia del Caso 11-18-CN y del Caso Satya, así como por el principio de no discriminación presente en la Constitución de Ecuador. La sección relevante de la opinión consultiva dictamina:
El matrimonio igualitario está además amparado por el Código Civil y la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. El artículo 81 del primero, que fue actualizado por la Corte Constitucional en 2019 en su sentencia del Caso 10-18-CN, indica lo siguiente:
El artículo 52 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, que también fue actualizado por la Corte en la misma sentencia, señala a su vez:
Historia Antecedentes
El matrimonio civil, en su concepción inicial como institución social que regulaba las uniones heterosexuales, tuvo su origen en Ecuador en 1902 con la aprobación de la Ley de Matrimonio Civil, la misma que entró en vigencia al año siguiente y que fue parte de una serie de reformas de corte liberal implementadas para establecer la separación de la Iglesia y el Estado. Anteriormente, el matrimonio y sus requisitos estaban regidos exclusivamente por la Iglesia católica, como lo establecía el Código Civil de 1889. La aprobación de la ley de 1902 fue criticada por parte de sectores religiosos de la sociedad, que la calificaron de «herética», «tiránica» y «despótica», por quitarle a la iglesia el manejo de la institución y dárselo al Estado.
Entre los antecedentes del matrimonio entre personas del mismo sexo en Ecuador, uno de los más conocidos, según recuenta la activista Purita Pelayo en su libro Los fantasmas se cabrearon (2017), ocurrió a finales de la década de 1970, cuando una pareja del mismo sexo tuvo una ceremonia de matrimonio simbólica oficiada por un sacerdote homosexual. La misma tuvo lugar en la intersección de las calles Necochea y Huancavilca, en el sector de El Panecillo de Quito. La boda, que contó con la participación de una orquesta, fue interrumpida cuando los vecinos llamaron a la policía y los gendarmes realizaron una redada en la vivienda en que se realizaba la celebración, lo que obligó a los novios a esconderse en un ropero.
Durante el proceso de elaboración de la Constitución de 2008, el reconocimiento estatal a las parejas del mismo sexo fue uno de los temas que entraron en debate, específicamente a través de una propuesta para legalizar la unión de hecho para parejas del mismo sexo. Sin embargo, la apertura del gobierno al tema generó rechazo por parte de grupos conservadores, que organizaron manifestaciones en distintas ciudades en contra de la proposición. Ante estos cuestionamientos, activistas LGBT recalcaron que la propuesta en discusión nunca se había referido al matrimonio, sino a la unión de hecho, aunque asambleístas como Rosana Alvarado opinaron que el texto constitucional debía ir más allá y legalizar el matrimonio igualitario. Finalmente, las uniones de hecho para parejas del mismo sexo fueron legalizadas en la Constitución de 2008, aunque a la vez se incluyó una definición de matrimonio como la «unión entre hombre y mujer» en el artículo 67. Esto fue criticado por constitucionalistas que afirmaron que se trataba de una inclusión con motivos electorales y que resultaba paradójico que una Constitución de «supuesto espíritu garantista» se convirtiera en la primera en la historia del país en incluir una definición sobre matrimonios en la que solo se mencionaba a las parejas heterosexuales.
Otro antecedente a la legalización del matrimonio tuvo lugar en diciembre de 2010, cuando se celebró en Quito el matrimonio civil entre Joey Hateley y Hugo Vera, una pareja de un hombre trans británico y uno cisgénero ecuatoriano. El matrimonio fue oficiado por el concejal Norman Wray y pudo realizarse debido a que Hateley conservaba su sexo como femenino en sus documentos de identidad, por lo que no había restricción legal. El hecho recibió amplia cobertura mediática y fue descrito por la prensa nacional e internacional como la «primera boda gay» del país.
Durante las elecciones presidenciales de 2013, los candidatos Alberto Acosta Espinosa y Norman Wray, representantes de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas y del movimiento Ruptura de los 25, se posicionaron públicamente a favor de legalizar el matrimonio igualitario. El presidente Rafael Correa, quien fue reelecto en dichas elecciones, se posicionó en contra y afirmó ser «conservador en cuestiones morales».
Inicio de la campaña de legalización (2013-2014) derecha|miniatura|Pamela Troya, activista LGBT que inició la campaña de legalización, en 2013. La campaña por la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Ecuador tuvo sus inicios a principios de 2013. En aquella época, la activista feminista Silvia Buendía y el político Humberto Mata Espinel invitaron al país al activista argentino Bruno Bimbi, para que presentara su libro Matrimonio igualitario y relatara en una serie de charlas y talleres la experiencia de cómo se había legalizado el matrimonio igualitario en Argentina. Entre los asistentes a una de las charlas de Bimbi estuvo la activista Pamela Troya y su novia, quienes estaban en proceso de registrar su unión de hecho y que deseaban buscar la forma de casarse. Durante una posterior reunión privada con Bimbi en casa del escritor Pedro Artieda, Troya le indicó que ella y su novia deseaban iniciar una batalla legal para poder casarse en el país parecida a la que había sido relatada por él sobre la experiencia argentina. Troya, que en ese entonces era coordinadora del colectivo LGBT «!Igualdad de derechos, ya!», convenció a la agrupación de iniciar el proceso judicial a pesar de que otros integrantes del mismo consideraban que el país no estaba listo para un cambio legal de este tipo.
En mayo de 2013, Troya tuvo una discusión en la red social Twitter con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que inició cuando la activista lo señaló por denigrar e irrespetar a las personas LGBT al anteponer sus «dogmas y prejuicios» como razón para no permitir el matrimonio igualitario. Correa respondió a Troya y la amenazó con convocar a una consulta popular sobre el tema, a lo que ella replicó que los derechos humanos no podían someterse a consultas populares y que se estaba considerando llevar el tema a las cortes. Troya se acercó luego al abogado Ramiro García, quien en marzo de 2013 había publicado un editorial en el periódico El Universo en que llamaba a la Corte Constitucional a legalizar el matrimonio igualitario, para que se convirtiera en abogado de la causa, petición que García aceptó.
El proceso de legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo inició oficialmente el 5 de agosto de 2013, cuando grupos de activistas LGBT lanzaron una campaña nacional bajo el nombre de «Matrimonio Civil Igualitario». La misma arrancó con un plantón en el Parque La Alameda, que fue seguido por la presentación de la solicitud de matrimonio por parte de Troya y su novia, Gabriela Correa, en el Registro Civil de Quito. Como testigos para la boda acudieron los actores Andrés Crespo, Monserrath Astudillo y Juana Guarderas. La petición fue rechazada días después por el organismo público, que citó el artículo 27 de la Constitución de Ecuador y el 81 del Código Civil para aseverar que la pareja no cumplía con los requisitos para poder casarse, específicamente el de ser una pareja conformada por un hombre y una mujer. Ante ello, Troya y su novia anunciaron que no se rendirían y que presentarían una acción de protección en contra del Registro Civil, hecho que ocurrió el 13 de agosto.
miniatura|izquierda|Santiago Vinces y Fernando Saltos, segunda pareja del mismo sexo en presentar una solicitud de matrimonio, en 2013.
El 26 de noviembre de 2013, una segunda pareja se presentó en el Registro Civil con la intención de casarse, esta vez en Guayaquil. La pareja, conformada por los jóvenes Santiago Vinces y Fernando Saltos, caminó por varias calles de la ciudad junto a una caravana de activistas y simpatizantes, entre los que estuvieron las actrices Erika Vélez y Doménica Menessini y la activista Silvia Buendía, hasta llegar al Registro Civil y presentar la solicitud. Sin embargo, tres días después su petición de matrimonio fue negada, alegando las mismas razones dadas a Troya y su novia. Debido a ello, la pareja presentó el 10 de diciembre una acción de protección propia contra el Registro Civil para exigir que se respete su derecho a la igualdad.