Las elecciones parlamentarias de Venezuela de 2020 fueron celebradas el día 6 de diciembre de 2020 para renovar todos los escaños de la Asamblea Nacional. La duración de los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones es de cinco años, y fueron elegidos 277 diputados para la V Legislatura, la cual inició el 5 de enero de 2021 y finalizaría el 5 de enero de 2026.Disposiciones constitucionales sobre el Poder Legislativo Nacional:
Los partidos opositores que conformban el bloque de la oposición acordaron unánimemente no participar en las elecciones parlamentarias, citando denuncias de irregularidades en la planificación de los comicios y sostuvieron que probablemente serían fraudulentos. Un total de 27 partidos firmaron el acuerdo, incluyendo a los partidos principales Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular.
El bloque opositor criticó la designación que hiciera el Tribunal Supremo de Justicia de los integrantes del Consejo Nacional Electoral en junio de 2020, señalando que es competencia de la Asamblea Nacional, y al menos siete partidos políticos habían sido intervenidos judicialmente y secuestrado sus tarjetas electorales, incluyendo a Acción Democrática, Primero Justicia, y Voluntad Popular. Los políticos Henrique Capriles y Stalin González inicialmente hicieron un llamado a participar en las elecciones, pero se retiraron posteriormente para exigir mejores condiciones electorales. Como respuesta, Juan Guaidó convocó a un pacto unitario junto a los dirigentes de 37 partidos políticos, reiterando «no participar en el fraude del régimen y convocar una consulta popular».
El Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, los Estados Unidos y la Unión Europea expresaron su rechazo ante las acciones para convocar a unas elecciones parlamentarias en 2020 sin condiciones libres ni justas. El Grupo Internacional de Contacto, encabezado por Uruguay, lamentó una renovación del CNE que «socava la credibilidad del próximo proceso electoral», y la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó la designación «ilegal» del CNE y recordó que se necesitan unos organismos independientes para celebrar unas elecciones «justas, libres y transparentes» en el país. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada por Michelle Bachelet, indicó que «las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos» y «nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición».
El proceso se caracterizó por un importante ausentismo electoral a nivel nacional. El Consejo Nacional Electoral declaró en su primer boletín electoral que hubo una participación de alrededor de %, menos de 43 puntos porcentuales que en las elecciones parlamentarias del 2015 que llegaron a 74.17%. El bloque opositor que no participó estimó que la participación fue todavía menor de un 16,1%. Junto con las elecciones presidenciales de 2018, las elecciones tuvieron la abstención más alta en la historia desde la llegada de la democracia en 1958.
Entre las denuncias de irregularidades durante las elecciones se encuentran el uso de bienes y recursos tanto públicos como de las Fuerzas Armadas para la movilización de electores, amenazas de votantes, presencia de grupos armados en la cercanía de centros electorales, propaganda y proselitismo político cerca de los centros e incumplimiento de las medidas de prevención contra del COVID-19.
Antecedentes
Para principios del año 2018, Nicolás Maduro había planteado realizar las elecciones parlamentarias junto con las elecciones presidenciales; sin embargo, la propuesta fue rechazada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que indicó que realizar ambas elecciones no era posible por falta de logística y tiempo.Venezuela: electoral authority rejects President Maduro's mega-elections Deutsche Welle, February 24, 2018
En febrero del 2019, Maduro volvió a plantear la idea de unas elecciones parlamentarias adelantadas con el fin de que se realicen a finales de ese mismo año.
El 7 de marzo de 2020 hubo un incendio en los galpones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Filas de Mariche. Tibisay Lucena, presidenta del organismo, anunció la pérdida de 582 computadoras, 49.408 máquinas de votación, 400 boletas electrónicas, 22.434 inversores de corriente, 49.323 captahuellas y 127 boletas que iban a desincorporarse. Andrés Caleca, exrector del CNE, afirmó que en materia de hardware el CNE «está en cero», y que en el incendio se perdió la infraestructura electoral, las maquinarias y capta huellas y la capacidad operativa para programar las máquinas.
A mediados de 2020, los políticos opositores Henrique Capriles y Stalin González, hicieron un llamado a participar en las elecciones. Como respuesta, Juan Guaidó convocó a un Pacto Unitario junto a los dirigentes de 37 partidos políticos, reiterando «no participar en el fraude del régimen y convocar una consulta popular en Venezuela». Después de haberse reunido con Guaidó, la líder del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, rechazando la propuesta de una consulta, criticando la incapacidad de Guaidó por sacar a Maduro del poder, y destacando la importancia de una opción militar. Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, catalogó como «surrealista» la propuesta de María Corina.
En septiembre Nicolás Maduro anunció que los militares buscarían a los electores a sus casas para votar como parte de un «plan de bioseguridad», al igual que rechazó la posibilidad de posponer las elecciones.
Posteriormente Capriles y Stalin González se retiraron de las elecciones con el objetivo de presionar para lograr mejores condiciones electorales.
Designación del CNE por el TSJ El 16 de septiembre de 2019 un grupo de partidos minoritarios de la oposición, desligadas de la coalición Mesa de la Unidad Democrática, firmó un acuerdo con el oficialismo en la sede de la cancillería. Los firmantes opositores fueron Timoteo Zambrano, en representación del partido Cambiemos Movimiento Ciudadano; Claudio Fermín, en representación de Soluciones para Venezuela; Luis Agusto Romero, del partido Avanzada Progresista; y Felipe Mujica y Leopoldo Puchi, en representación de Movimiento al Socialismo. Entre los puntos acordados se encontraba la confirmación de un nuevo Consejo Nacional Electoral.
En octubre del 2019, la Asamblea Nacional aprobó el inicio de la designación del comité de postulaciones de los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En enero de 2020, el constituyente Hermann Escarrá afirmó que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) podía designar a los rectores principales del CNE. En marzo, Javier Bertucci declaró que la Asamblea Nacional Constituyente podía designar a los integrantes del CNE, afirmando que sería un gran error permitirlo, y exhortó a los diputados de la Asamblea Nacional a repetir la elección de la junta directiva. Bertucci aseguró que si para el 20 de marzo no se llegaba a un acuerdo, los integrantes de la mesa de diálogo introducirían un documento ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para declarar omisión legislativa.
En mayo, el Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional, encargado de designar a un nuevo CNE, anunció que suspendería sus actividades indefinidamente por la pandemia de COVID-19. El 26 de mayo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia TSJ emite una sentencia la decisión N.º 0065-2020 que ratifica la directiva de la Asamblea Nacional, conformada por los diputados Luis Parra como Presidente, Franklyn Duarte como Primer Vicepresidente y José Gregorio Noriega como Segundo Vicepresidente, como válida. Y se desentiende de la directiva de Juan Guaidó, afectando a la mayoría opositora.«leer la sentencia basados en un supuesto desacato de 2016»
El 5 de junio el TSJ declara la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional y se prepara para designar los rectores del Consejo Nacional Electoral violando el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Electoral y el principio democrático de la constitución que indica que todos los altos funcionarios del Estado tienen que ser electos en forma indirecta por la Asamblea Nacional por las dos terceras partes. La noche del 12 de junio, el TSJ designó a los nuevos cinco rectores del organismo electoral, incluyendo a Indira Alfonzo Izaguirre como presidenta del mismo y a Rafael Simón Jiménez como vicepresidente. También se designó a Gladys Gutiérrez y José Luis Gutiérrez Parra como rectores principales, y mantuvo el cargo la rectora Tania D’Amelio. Juan Guaidó rechazó el procedimiento del TSJ y afirmó que la Asamblea Nacional es la única con derecho a escoger la comisión electoral. El vicepresidente de la Asamblea Nacional Juan Pablo Guanipa, llamó al desconocimiento de la comisión dictada por el TSJ.
El 30 de junio, el CNE designado por el TSJ acordó aumentar a 277 el número de diputados elegibles para la Asamblea Nacional y anunció que los comicios parlamentarios se realizarían en diciembre de 2020.
Suspensión de directivas de partidos políticos El 27 de agosto de 2019 el Tribunal Supremo de Justicia suspendió a la junta directiva del partido Copei para designar una mesa directiva presidida por Miguel Salazar.Sala Constitucional del TSJ designó nueva junta directiva Ad Hoc de Copei Previamente, la Asamblea Nacional Socialcristiana eligió presidir a Mercedes Malavé el 27 de marzo de 2019.
En enero de 2020, los diputados José Brito y Conrado Pérez introdujeron un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia contra la directiva de Primero Justicia después de haber sido expulsados del partido, exigiendo que se les «restituyeran sus derechos» dentro de la organización política, y que además se nombrara a una nueva directiva «que resida en el país» y convocara a elecciones dentro del partido. Los diputados fueron atendidos por el presidente de la sala constitucional y la reunión duró poco más de una hora. En las afueras del Tribunal Supremo, un grupo de alrededor de doscientas personas se concentraron en apoyo a los diputados. Horas antes se entregaron camisas alusivas al partido, la mayoría aparentemente nuevas y varias personas entrevistadas manifestaron desconocer los motivos de la concentración o en qué consistía el recurso presentado. En algunos casos afirmaron haber sido llevados en autobús y no sabían decir con precisión desde hace cuanto tiempo pertenecían al partido o ignoraban que el diputado Luis Parra no se encontraba en el lugar.
En mayo, Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, le solicitó al Tribunal Supremo de Justicia declarar al partido Voluntad Popular como una «organización terrorista», y por ende la ilegalizacion del partido. Voluntad Popular rechazó dichas acusaciones.
El 15 de junio el Tribunal Supremo de Justicia suspendió a la junta directiva del partido Acción Democrática para designar una mesa directiva presidida por José Bernabé Gutiérrez, días después de que su hermano José Luis Gutiérrez fuera designado por el TSJ como rector del Consejo Nacional Electoral. El primero fue expulsado del partido al día siguiente.
El 17 de junio el TSJ procedió a tomar la misma medida con el partido Primero Justicia y designó junta directiva ad hoc presidida por José Brito, quien estaría encargado de la designación del resto de los cargos de Primero Justicia y de las autoridades regionales, municipales y locales.