El juicio a los líderes del proceso independentista catalán, legalmente llamado Causa Especial 20907/2017 y popularmente conocido como el juicio del procés, fue un proceso judicial en el que dichos funcionarios fueron acusados de los delitos de rebelión, sedición, usurpación de funciones públicas, desobediencia y malversación de fondos públicos y cuya fase de juicio oral se celebró durante los primeros meses de 2019 en la Sala Segunda del Tribunal Supremo de España. El tribunal estaba compuesto por siete magistrados y presidido por Manuel Marchena.

Anteriormente, el juez Pablo Llarena coordinó una instrucción entre octubre de 2017 y julio de 2018, a raíz de la cual se abrió acusación a 18 personas, incluyendo la práctica totalidad del gobierno de Cataluña presidido en 2016-2017 por Carles Puigdemont, así como a los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a la presidenta del Parlamento Carme Forcadell y a varios miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña. Varios procesados se encontraron en situación de prisión preventiva sin fianza.

Durante la vista previa, y a petición de las defensas de los acusados, el tribunal decidió devolver la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en los casos de acusados exclusivamente de desobediencia. Estos acusados son Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet y Mireia Boya.

En paralelo, y en el sumario 7/2018 de la Audiencia Nacional, también se imputó a la cúpula del Cuerpo de Mozos de Escuadra, si bien en octubre de 2020 fueron absueltos de todos los cargos por los sucesos del 20 y 21 de septiembre del 2017 y el referéndum soberanista del 1 de octubre del mismo año.

La Fiscalía Provincial de Barcelona presentó querella contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral que tenía que auditar el referéndum de independencia de Cataluña de 2017. La acusación fue por los delitos de usurpación de funciones públicas, desobediencia y malversación de fondos públicos.

El lunes 14 de octubre de 2019 se dio a conocer la sentencia firme, en la que se condenó a penas de 9 hasta a 13 años de prisión a los enjuiciados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia.Penas de 9 a 13 años para Junqueras y los otros líderes del ‘procés’ por sedición y malversación, El País (14/10/2019)Entre 9 y 13 años de cárcel para los líderes del ‘procés’ por sedición y malversación, La Vanguardia (14/10/2019)Sentencia. El TS condena a 13 años a Junqueras, 11 y medio a Forcadell y 9 a los 'Jordis', El Mundo (14/10/2019)

El 22 de abril de 2021 el Tribunal Constitucional desestimó (por 7 votos contra 2) el recurso presentado contra la condena por sedición, lo que abrió la puerta a que los condenados pudieran presentar un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El 22 de junio de 2021 el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos presidido por Pedro Sánchez indultó a todos los condenados. Los nueve que estaban en prisión salieron de la cárcel al día siguiente.

Contexto

Se conoce como proceso independentista catalán al conjunto de acontecimientos y transformaciones hacia la autodeterminación y la independencia de Cataluña«Lluis Llach: “Podemos y los independentistas son dos respuestas distintas a un estado caótico de perversión de la democracia”.» 9 de noviembre de 2014. Salvados. LaSexta. que han marcado el debate social y político catalán desde aproximadamente junio de 2010 y hasta hoy.

Uno de los orígenes de este proceso hay que buscarlo en el aumento del peso del movimiento independentista catalán surgido como reacción a sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional de España, en la cual este órgano no judicial recortó el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 basándose en un recurso presentado por el Partido Popular. Otros orígenes fueron la crisis económica de 2008 y la corrupción (Caso 3% o el saqueo del Palau) del partido que había gobernado Cataluña (CiU, hoy disuelta) como un motivo detonante del inicio del proceso soberanista.El 'procés' nació para tapar la corrupción del 'caso 3%', según una nota de los Mossos«Mas pretende tapar ahora la corrupción bajo la 'senyera'»Artur Mas se envuelve en la 'senyera' para tapar el '3%' Posteriormente, el proceso ha sido propulsado mediante varias movilizaciones independentistas, muchas de ellas coincidiendo anualmente con la Fiesta Nacional de Cataluña, las cuales han puesto la independencia de Cataluña en el centro del debate sociopolítico y, además, han cambiado el mapa electoral.

El 9 de noviembre de 2014 se celebró el llamado "Proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña de 2014", el 2015 unas elecciones llamadas plebiscitarias por las fuerzas independentistas (aunque esa denominación no fue aceptada por los restantes partidos políticos) que finalmente permitieron formar un gobierno independentista.

Posteriormente, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley del referéndum de autodeterminación de Cataluña y la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República en septiembre del 2017, siendo declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional Español y el 1 de octubre del mismo año se celebró un Referéndum sobre la independencia de Cataluña sin ninguna garantía legal,El referéndum inviable: sin censo, garantías internacionales ni protección de datos, El Confidencial (17/09/2017) y que previamente fue considerado ilegal por el sistema judicial. El referéndum se convocó en lo que se definió por un choque de legalidades vigentes, según los independentistas catalanes, y en medio de ilegalidades, según la legislación constitucional y los partidos no independentistas. Más de dos millones de personas votaron, sin ninguna de las garantías que ofrece un proceso legal, y se produjeron escenas de violencia física por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. También hubo episodios de violencia causados por la resistencia de los ciudadanos, que acabaron incluso con la detención de algunos de ellos.Seis detenidos por resistencia y desobediencia, Levante (02/10/2017)Salvajes ataques a la Guardia Civil en las calles de Cataluña, La Razón (01/10/2017) Posteriormente algunos de los impulsores acabaron en prisión preventiva sin fianza acusados de delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia. Otros optaron por fugarse al extranjero, siendo considerados como fugitivos o exiliados.

Acusación

La acusación está formada por la Fiscalía del Estado, la Abogacía del Estado y, como acusación popular, el partido de Vox. Según el código penal español, acusan a los procesados de delitos de rebelión, malversación y desobediencia.

Fiscal general del Estado. Los fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo que redactaron el escrito de acusación fueron Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, manteniendo la querella por rebelión presentada por José Manuel Maza, exfiscal general del Estado, el 2017 y la instrucción del juez Pablo Llarena. Según el texto argumental de la fiscalía, «el plan secesionista incluía la utilización de todos los medios que hicieran falta para conseguir su objetivo, incluida –con la certeza que el Estado no aceptaría la situación– la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretenso, valiéndose de la fuerza intimidatoria que representaban, por un lado, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y, por otra, el uso de los Mozos de Escuadra como cuerpo policial armado e integrado por unos 17000 efectivos aproximadamente, que acatarían exclusivamente sus instrucciones –como sucedió– y que, llegado el caso, podían proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayendo así el cumplimiento de la genuina función de guardar y preservar la orden constitucional». No se tuvo en cuenta que el delito de rebelión fueran descartados en Alemania y Bélgica en relación con la petición de extradición de Puigdemont y el resto de fugados. Tampoco influyó el cambio de color político de la Moncloa.

Abogacía del Estado: La abogacía del Estado se presentó a la causa en marzo de 2018. Según su texto presentado, los consejeros Junqueras, Forns, Turull, Romeva, Rull y Bassa tienen que recibir un castigo más grave por su estatus de autoridad, como responsables de haber inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno. Al resto se los acusa de haber ejecutado el referéndum usando recursos públicos y de desobediencia «por haber ignorado sistemáticamente los acuerdos del Tribunal Constitucional». A los jordis los acusa de haber inducido, sostenido y dirigido un delito de sedición en diciembre de 2018 la directora de servicio jurídico del estado, Consuelo Castro, que sustituyó Edmundo Bal por Rosa Maria Seoane, que en aquel momento era secretaria general de Adif, como representante por la causa del proceso.

Vox: El partido político fue admitido como acusación popular en noviembre de 2017 por la magistrada María Eugenia Alegret, con tal que pagaran una fianza de 20000 euros y que cumplieran el artículo 301 de la Ley de enjuiciamiento criminal —que recoge que «las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral»— «con la advertencia de desobediencia a la autoridad judicial». Según Vox se promovió una consulta popular «vinculante» que suponía «un claro intento de subvertir el orden constitucional», para «desintegrar la unidad territorial del Estado», por el que entienden los hechos acontecidos como un «ataque subversivo contra la orden constitucional vigente», como una estrategia golpista para celebrar un «referéndum ilegal» el 1-O. La defensa de Jordi Cuixart presentó un recurso al Supremo, en que pedía que se expulsara el partido de extrema derecha del procedimiento y no pudiera participar en el juicio. El Supremo, a pesar de criticar «el riesgo de trasladar al proceso penal la disputa política», acabó desestimando el recurso. Las caras de Vox a la causa del proceso son Javier Ortega Smith, abogado y secretario general del partido, y Pedro Fernández, vicesecretario jurídico del partido.

Por otro lado, Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Marta Rovira y Anna Gabriel no serán juzgados en este juicio, al huir de la justicia española y encontrarse fuera de territorio español. Esto hizo que Oriol Junqueras apareciese en el escrito de acusación de los fiscales como ‘promotor’ y ‘ningún principal’ de los hechos del 1-O.

Acusados

Un total de 18 personas fueron juzgadas en el marco de esta causa. Primeramente se listan aquí los juzgados por el Tribunal Supremo por orden alfabético de apellido, indicando la acusación y la pena pedida: +PolíticosNombreFotoAcusación FiscalíaPena pedida FiscalíaAcusación AbogacíaPena pedida abogacíaAcusación VoxPena pedida