La historia de las asignaciones sociales en la Argentina es la historia de muchos diferentes planes de apoyo social que distintos gobiernos han ido creando para paliar la falta de trabajo y la pobreza en este país.

En Argentina los derechos del trabajador y su familia tienen rango constitucional. Debido a las dificultades en el mercado laboral y a que una proporción muy significativa de trabajadores y familias quedaban por fuera de la seguridad social, en la Argentina, se estimuló, en los años ochenta y comienzos de los noventa la transferencia de sus recursos a programas de ayuda social, como asignaciones asistenciales y familiares (Asignación familiar por hijo, Ley N.º 24.714, que cubre a los hijos de trabajadores oficialmente registrados) o subvenciones por falta de trabajo. Incluyen las Asignación Familiar por Prenatal, la Asignación Familiar por Nacimiento y Adopción, la Ayuda Escolar Anual, la Asignación por Embarazo para Protección Social, la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación Familiar por matrimonio, la Asignación Familiar por Maternidad y la Asignación Familiar por Cónyuge.Asignacion por hijo

En Argentina también existe la asignación por hijo con discapacidad. La asignación por hijo con discapacidad es una suma mensual que recibe el trabajador en relación de dependencia por cada hijo con discapacidad que tenga, sin importar la edad de su hijo, por ello se cobra incluso si el hijo es mayor de 18 años, y sin que exista límite salarial en el ingreso del trabajador.Asignación por hijo

Los movimientos sociales y organizaciones independientes introdujeron la discusión sobre las políticas de inclusión social a partir de sus reclamos, con el objetivo de lograr una política pública de reducción de la pobreza extrema. De esta manera lograron que, además de programas de empleo, capacitación y formación, el estado se ocupe de los ciudadanos con mayores necesidades mediante diversos programas de asignaciones sociales. Las prestaciones varían según sean para hijo, hijo discapacitado, prenatal, maternidad, escolaridad, nacimiento, adopción u otras. Otras ayudas sociales cubren a ciudadanos que viven fuera del circuito económico productivo y dependen directamente de las asignaciones sociales para sobrevivir, como la Asignación universal por hijo. Además existen los planes Progresar y la Asignación por Embarazo que otorga la ANSES, el programa Argentina Trabaja, el Plan Nacional de Primera Infancia, el programa Creer y Crear y la Pensión Universal por Adulto Mayor. En la Argentina, 3 de cada 10 familias argentinas recibe la asistencia de un plan social.

Década de 1990 Durante el , varios economistas destacados, entre ellos los galardonados con el Premio Nobel de Economía, John Kenneth Galbraith, James Tobin y James Meade, suscribieron la idea de un ingreso mínimo para todos los ciudadanos. El liberal Milton Friedman, por su parte, propuso un impuesto negativo al ingreso: el Estado compensaría monetariamente a quienes quedaran por debajo de un ingreso mínimo. Debido a las dificultades en el mercado laboral y a que una proporción muy significativa de trabajadores y familias quedaban por fuera de la seguridad social, en la Argentina, se estimuló, en los años ochenta y comienzos de los noventa la transferencia de sus recursos a programas de ayuda social, como asignaciones asistenciales y familiares.

En 1992, durante la presidencia del peronista Carlos Menem, se había elevado considerablemente el número de desocupados. Existían el Programa solidario PROSOL y el Plan Social Trienal, que duraron poco. Los movimientos sociales y organizaciones independientes introdujeron la discusión sobre las políticas de inclusión social a partir de sus reclamos, con el objetivo de lograr una política pública de reducción de la pobreza extrema. De esta manera lograron que, además de programas de empleo, capacitación y formación, el estado se ocupe de los ciudadanos con mayores necesidades mediante diversos programas de asignaciones sociales.

En 1994, los economistas del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP), Alberto Barbeito y Rubén Lo Vuolo,Dr. en Economía, Investigador Principal, Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp) junto con las legisladoras de la Unión Cívica Radical, Elisa Carrió y Elisa Carca, crearon un proyecto de ley de ingreso ciudadano para los niños, niñas y adolescentes, basado en los trabajos anteriores de los economistas.

Se trataba de un proyecto de ley argentino inspirado en el concepto de renta básica universal,Definido como un ingreso modesto pero suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida, garantizado a cada miembro de la sociedad como un derecho y no sujeto a otra condición que la ciudadanía o residencia, Fuente: que proponía una "asignación monetaria" mensual para todos los menores de 18 años que tuvieran nacionalidad argentina. El objetivo era garantizar a todos los niños la alimentación básica y asegurarles el mantenimiento en el sistema educativo. Se basaba en la convicción de que «el derecho al ingreso es un derecho humano imprescindible para que las personas tengan capacidad autónoma para sobrevivir en la sociedad».

El proyecto proponía, en el caso de los niños, generar un ingreso que provendría del Estado y que debía ser independiente del trabajo realizado e independientemente de los ingresos que tuvieran sus padres. Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, Serie Documentos de Trabajo N.º 70, septiembre 2009, ISSN 1668-5245

Se basaba en la convicción de que «el derecho al ingreso es un derecho humano imprescindible para que las personas tengan capacidad autónoma para sobrevivir en la sociedad».

Esta idea de un ingreso para todos los niños que fueran ciudadanos argentinos, según quienes la postulaban, consistía en garantizar el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a recibir de forma universal e incondicional un ingreso en forma permanente. Los defensores de este tipo de políticas afirmaban que se trataba de una medida que podría acabar con la pobreza y que, además, podría generar una mayor libertad a la hora de buscar trabajo, porque le permitiría al ciudadano buscar un empleo que sea más acorde con su formación sin verse obligado a aceptar condiciones de trabajo miserables.

El llamado Ingreso Ciudadano para la Niñez (INCINI) fue un proyecto de ley argentino relacionado con la renta básica universal, que proponía una asignación monetaria mensual para todos los menores de 18 años que tuvieran nacionalidad argentina. El objetivo era garantizar a todos los niños la alimentación básica y asegurarles el mantenimiento en el sistema educativo. Fue postulado en 1997 por las entonces legisladoras de la Unión Cívica Radical, Elisa Carrió y Elisa Carca, y retomado luego por el partido posterior de Carrió, la Coalición Cívica ARI. También hubo proyectos similares presentados posteriormente por otros legisladores de diferentes partidos políticos, como Claudio Lozano, y sostenidos por otras organizaciones, como la Central de Trabajadores Argentinos. Es el antecedente directo de la Asignación Universal por Hijo pero, a diferencia de este, estaba pensado como una Ley Nacional y no como un decreto presidencial.

En la década del 1990 se presentaron diversos proyectos para extender las asignaciones familiares vigentes en el sistema de seguridad social, en ese momento solo para asalariados formales, entre ellas la propuesta de un Ingreso Ciudadano para la Niñez, en la cual se le asignaría una prestación económica al adulto para lograr llegar al verdadero beneficiario que sería el niño o niña.Asignación Universal por Hijo. Rupturas y continuidades en el campo de las transferencias de ingresos en Argentina. Los límites del modelo trabajocéntrico , Pilar Adiciácono, Igualdad, autonomía personal y derechos sociales, noviembre de 2017, Número 6, ISSN 2545-8388, página 19

Existían el plan FONAVI (Fondo Nacional de la Vivienda), el PROSONU (Programa Nacional Nutricional) y el POSOCO (Políticas Sociales Comunitarias). En ese contexto el gobierno menemista presentó la Primera Propuesta de Consolidación de Planes Sociales.

También en 1994 Menem lanzó el Plan Trabajar I, con el objetivo de complementar la privatización masiva de empresas públicas en el país. El programa ofreció un subsidio de desempleo durante 3 a 6 meses y formó parte de un plan internacional para hacer sustentable socialmente las privatizaciones. Este plan social también fue criticado debido a la manipulación política.

En 1997, las entonces diputadas Elisa Carrió y Elisa Carca, de la Unión Cívica Radical, presentaron el proyecto de ley del Fondo del Ingreso Ciudadano de la Niñez (FINCINI) ante el Congreso de la Nación.Laura Eugenia Garcés, Propuestas anteriores a la AUH página 101/104 El mismo consistía en la creación de un fondo para la creación e implementación del Ingreso Ciudadano para la Niñez, la Atención Prenatal y de las Personas con Discapacidad (INCINI), al Beneficio por Maternidad y a los Beneficios por Nacimiento y Adopción. El INCINI significaba la extensión del beneficio pagado por el programa de asignaciones familiares instrumentadas a través del ANSES, a la totalidad de los niños del país, con independencia del estatus laboral y del ingreso de los padres. También podría ser recibido por las mujeres embarazadas, como beneficio prenatal desde el momento de acreditación del embarazo y hasta el nacimiento del hijo.

El proyecto planteaba que los recursos para el fondo serían: el programa de asignaciones familiares, para lo cual se mantendría en vigencia la tasa contributiva que grava a los salarios; la reforma del impuesto a las ganancias de las personas físicas, que contemplaba la eliminación de las exenciones fiscales de determinadas rentas (principalmente, la inclusión como sujeto impositivo de las rentas financieras y los dividendos distribuidos por las sociedades de capital); la eliminación de las deducciones por cargas de familia del impuesto a las ganancias de las personas físicas; el cofinanciamiento de las provincias, atento a que, como resultado del INCINI, éstas verían disminuir las demandas asistenciales por parte de las familias. En los hechos, el aporte provincial consistiría en la aplicación parcial de transferencias fiscales que el gobierno nacional les destinaba para atender situaciones de emergencia social.

En la justificación del proyecto de ley se mencionaba «la necesidad de otorgarle a los argentinos una red de seguridad en los ingresos, especialmente a los niños».

La propuesta del proyecto era que «en lugar de continuar profundizando programas discrecionales que buscan focalizar la asistencia en aquellas personas y/o grupos familiares con determinadas privaciones, debería tenderse a desarrollar intervenciones de carácter universal y preventivo». Se lo consideraba un sistema de ingreso universal concebido como un derecho, una política de carácter universal para favorecer la integración y disminuir la pobreza, y no como una dádiva estatal.

Se presentó como destinado a niños menores de dieciocho años sin distinción de clases sociales. Esto último introducía la novedad y también la polémica: no iba dirigido sólo a los niños pobres.

La escritora Laura Di Marco sostiene que el proyecto no prosperó porque la mayor parte del peronismo se opuso, y afirma también que la resistencia de éstos se debía a que un ingreso universal apuntaba a desactivar el clientelismo político, ya que su otorgamiento no dependía de la evaluación de un funcionario o de un puntero político, sino que la otorgaba el estado directamente. Según la misma autora, el proyecto significaba pasar del concepto de «dádiva personalista» al de «ampliación de derechos».

A partir del año 1997 se fueron presentando distintos proyectos en el Congreso de la Nación de Ingreso Ciudadano para la Niñez. La Red Argentina de Ingreso Ciudadano lo impulsaba a partir del Frente Nacional contra la Pobreza.