José Domingo Pérez Gómez (Miraflores, 15 de diciembre de 1976) es un abogado y político peruano. Ocupó el cargo de fiscal titular de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima entre 2015 y 2026. Es conocido por sus investigaciones fiscales contra la corrupción política en el Perú.
Como parte del Equipo Especial del Ministerio Público, el fiscal ha desarrollado investigaciones sobre los expresidentes Alejandro Toledo, condenado a 20 años de prisión por los sobornos de la constructora Odebrecht; Pedro Pablo Kuczynski y Alan García. Así mismo, ha abierto investigaciones a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, relacionada al caso Odebrecht; y ha investigado a la ex primeras damas, Keiko Fujimori (caso Cocteles) y Nadine Heredia (caso Gaseoducto sur andino).
Formación y vida profesional Es abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, magíster en derecho constitucional por la misma universidad, magíster en derecho con orientación en ciencias penales por la Universidad José Carlos Mariátegui, magíster en gestión pública por la Universidad ESAN y magíster en derecho empresarial por la Universidad Católica de Santa María. Es profesor universitario de la Universidad José Carlos Mariátegui, la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Escuela del Ministerio Público.
José Domingo Pérez empezó su carrera en el Ministerio Público en el 2005 como fiscal adjunto titular en la fiscalía provincial mixta de Maynas, del Departamento de Loreto. Posteriormente también representó al Ministerio Público en los Departamentos de La Libertad, Moquegua y Lima.
En Moquegua, fue fiscal provincial penal corporativo de la provincia de Mariscal Nieto de 2008 a 2011, estuvo a cargo de las investigaciones por el Moqueguazo, cuando en el 2008 casi 60 policías fueron retenidos por los manifestantes. Producto de esta investigación solicitó 35 años de cárcel para la exgobernadora regional Cristala Constantinides, investigó también a Zenón Cuevas Pare y al entonces gobernador Martín Vizcarra.
En Lima, como fiscal anticorrupción titular ha sido responsable de las investigaciones sobre el empresario dominicano Fortunato Canaán y el exministro aprista Rómulo León Alegría por el Caso Petroaudios, para quienes pidió cinco años y cuatro meses de prisión. Durante un tiempo, investigó la compra de testigos en el Caso Madre Mia, que involucró al expresidente, Ollanta Humala y a su entorno militar de confianza. Luego este caso fue derivado a otro despacho por la Fiscalía de la Nación.
En 2026, emprendió como presentador de su propio programa de streaming, Mejor con Domingo, donde comenta actualidad jurídica. Considera que su programa compite con la coalición del Bloque Democrático.
Fiscal anticorrupción Lava Jato (2015-2025)
En 2014 estuvo en Curitiba, Brasil interrogando al ex mandamás de la Brasileña Odebrecht en el Perú, Jorge Barata donde este último reveló: Los Pagos al Exministro de Producción, Luis Nava Guibert y al exvicepresidente de la Estatal, Petro-Perú, Miguel Atala como testaferros del fallecido expresidente, Alan García. Los sobornos al expresidente, Alejandro Toledo por 31 millones de dólares, por la Carretera Interoceánica. Los diversos aportes de Campaña en el 2006 y 2011 a diversos partidos políticos: Partido Aprista: 2006 - Luis Alva Castro, Expresidente del Congreso Alianza Por el Gran Cambio: 2011- Susana de la Puente, ex embajadora del Reino Unido. Perú Posible: 2011 - Abrahan Dan On, exjefe de seguridad de Alejandro Toledo Fuerza Popular: 2011 - Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, exministros del régimen fujimorista. Partido Popular Cristiano: 2006 y 2010 - Horacio Canepa, ex árbitro de la Cámara de Comercio de Lima. Partido Nacionalista: 2011, Nadine Heredia, ex primera dama. Los pagos ilícitos a los gobernadores regionales: Félix Moreno (Callao), Jorge Acurio (Cusco) y César Alvaréz (Ancash). Los 3 millones a la campaña de la no revocatoria de la exalcaldesa de Lima, Susana Villaran pedidos por el Ex Gerente Municipal, José Miguel Castro. Las consultorías del inversionista chileno, Gerardo Sepulveda (Caso PPK- Wesfield) El papel del consorcio CONIRSA en la Carretera Interoceánica; José y Hernando Graña, Fernando Camet y José Castillo Dibos. El Club de la Construcción y su operamiento durante el Gobierno de Ollanta Humala Los pagos en la Banca Privada de Andorra: Caso Alpha Consult y Gabriel Prado Ramos. Los Pagos a diversos Árbitros en litigios empresariales a través del árbitro de la Cámara de Comercio de Lima, Horacio Canepa. Los Pagos a Funcionarios del Ministerio de Transportes, Caso Metro de Lima (viceministro de Cuba y miembros del Comité de Licitación). Pagos a miembros de Proinversión
En diciembre de 2017, allanó los locales partidarios del Partido Fuerza Popular, en el marco de las investigaciones a la Lidereza de Oposición, Keiko Fujimori. En febrero de 2018, interrogo al exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien le confesó haber aportado ilegalmente a todas las campañas electorales de 2006 y 2011. El 24 de julio de 2018, es nombrado fiscal integrante del Equipo Especial sobre los sobornos del Caso Lava Jato en nuestro país, por el Fiscal Superior, Rafael Vela. En el Caso Metro de Lima, pidió, a mediados de octubre de 2018, la detención preliminar de dos funcionarios vinculados a sobornos por parte de la brasileña Odebrecht. Incluso pidió la prolongación de la Cárcel Preventiva del Ex Viceministro, Jorge Cuba y varios exfuncionarios del Ministerio de Transportes.
Pidió la detención de la Líder Opositora, Keiko Fujimori y de 19 personas más, entre ellas, los exministros del régimen de su padre, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, de la ex congresista, Aurora Torrejón, de los tesoreros, asesores y personas ligadas al Partido, Fuerza Popular, además del allanamiento de los inmuebles de todos los involucrados. Esta decisión fue revertida por el Poder Judicial, siete días después.
Más tarde pidió la prisión preventiva para 11 personas vinculadas al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Fuerza Popular, la líder del Partido, Keiko Fujimori; sus asesores políticos, Ana Hertz, Pier Figari; su secretaria personal, Carmela Paucara; los Tesoreros de su partido, Adriana Tarazana y Luis Mejia Lecca; el exoperador político de Vladimiro Montesinos, Vicente Silva Checa; además de los exministros del régimen de su padre, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, entre otras personas del entorno de Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito, como los empresarios, Jorge Yoshiyama y Giancarlo Bertini Vivanco. Acusados de Lavado de Activos en relación con el dinero ilícito de la Brasileña Odebrecht y otras actividades del empresariado.
Allanó el estudio de abogados, "Ore Guardia" ligado al partido Fuerza Popular por el delito de obstrucción a la justicia; tras ello, pidió la comparecencia con restricciones para seis abogados vinculados a Fuerza Popular, entre ellas, Giuliana Loza, abogada de Fujimori y su esposo. Después ordenó el impedimento de salida del país para el esposo de Keiko Fujimori, el empresario estadounidense, Mark Vitto, y para varios supuestos aportantes. Domingo Pérez recibió el respaldo de la Asociación de Fiscales de Perú.
Solicitó el impedimento de salida del país para el expresidente peruano, Alan García, acusado de Lavado de Activos, Tráfico de Influencias y Colusión, por sus vínculos con Odebrecht.
Hostigamiento por parte de los fiscales Chávarry y Benavides (2019-2023)
En diciembre de 2019 es separado del cargo del equipo especial, junto a su jefe, el Fiscal Coordinador de Lavado de Activos, Rafael Vela; por el cuestionado Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Después de tres días, es repuesto en su cargo tras diversas críticas al Fiscal de la Nación. Además de las marchas de diversos sectores políticos y sociales que exigían su retorno y el de Rafael Vela. Acusando a Pedro Chávarry de tener vínculos con el Partido, Fuerza Popular y el Partido Aprista Peruano, Chávarry finalmente renunció al cargo de Fiscal de la Nación.
Después de su retorno, allanó con una orden judicial, las oficinas de los asesores de Pedro Chávarry por ocultar información relacionada con la investigación que se le seguía a Fuerza Popular, pero tras no obtener la orden en mano, se tuvo que suspender la diligencia que fue aprovechada por el Fiscal Pedro Chávarry con sus agentes de seguridad y asesores para deslacrarla y sacar todos los documentos incautados por los fiscales, hecho que quedó registrado con las cámaras de seguridad del Ministerio Público. Tras descubrirse esto, el Poder Judicial prohibió su salida del país por 9 meses tras haber incurrido en los delitos de encubrimiento real e invadir una propiedad lacrada por la justicia.
En 2023, el Ministerio Público, liderada por Patricia Benavides, abrió una investigación contra Domingo Pérez luego de dar declaraciones contra el proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo a cargo de Benavides. El fiscal señaló en Canal N que existió una campaña para hostigarlo hacia él y sus compañeros contra la labor de Benavides. Días después, ante respuesta de un eventual acoso, la fiscal de la Nación alertó que «quienes hoy levantan su voz dentro de nuestra institución tendrán que demostrar lo que afirman y hacerse responsables por sus mentiras»; el resultado fue un proceso disciplinario contra Pérez por «faltar el respeto» en la labor de Benavides. El exrelator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, criticó la falta de fundamentación en las medidas dictadas contra Pérez y su compañero Rafael Vela. Con el escándalo de corrupción en el Ministerio Público, Domingo Pérez comparó Patricia Benavides con Blanca Nélida Colán.
Solicitud de medidas cautelares de la CIDH En 2021, el fiscal consiguió solicitar las medidas de protección de la CIDH tras investigar la crisis electoral de 2021. Las medidas fueron ratificadas en 2023. Durante este período, Domíngo Pérez fue objeto de amenazas por parte de grupos radicales, como La Resistencia. En 2024, la autoridad presentó una denuncia contra el colectivo tras un ataque sufrido.
En 2025, denunció acoso por parte del canal Willax Televisión para que admitiera haber cometido actos que él negó, y fue grabado sin su consentimiento. Por su parte, la Autoridad Nacional de Control, dirigida por Fernández Jerí, lo suspendió, pero lo readmitió tras presentar un recurso de apelación.
En marzo de 2026 fue destituido por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, según el organismo, Pérez habría ofrecido declaraciones públicas sin contar con la autorización correspondiente, lo que fue considerado una inobservancia de las disposiciones internas del Ministerio Público. Por estos hechos, la Autoridad Nacional de Control dispuso imponerle la sanción disciplinaria de suspensión por cuatro meses.
Casos emblemáticos Algunos de los casos, parte de ellos relacionados con la corrupción, a cargo del Fiscal:
Alejandro Toledo: caso Interoceánica Sur Tramos II y III
El Ministerio Público investigó los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht realizó por el proyecto de la Carretera Interoceánica; según el ex directivo de la empresa en el Perú, Jorge Barata, hubo un pago de 31 millones de dólares en sobornos al expresidente Alejandro Toledo que tenía como intermediarios al empresario peruano-israelí, Josef Maiman y a su exjefe de seguridad, Abraham Dan On. Cerró el acuerdo de colaboración eficaz con el empresario peruano-israelí, Josef Maiman, en el marco de las investigaciones por el delito de Lavado de Activos, Tráfico de Influencias y Colusión a Alejandro Toledo y la ruta del soborno que las empresas brasileñas le hacían al Expresidente de la República.