La presidencia de Fernando de la Rúa aconteció desde su asunción el 10 de diciembre de 1999 hasta su renuncia el 21 de diciembre de 2001, en medio de los acontecimientos de la denominada crisis del 2001, debiendo haber finalizado su mandato el 10 de diciembre de 2003. Fue un gobierno calificado como de centroderecha.
De la Rúa ganó las elecciones junto a Carlos Álvarez con el 48.37 % de los votos; 10 millones de argentinos lo eligieron. Argentina se encontraba durante una fuerte crisis que terminaría colapsando al país y produciría el suceso más crítico en la democracia contemporánea. 250px|miniaturadeimagen|De la Rúa ingresando a la Casa Rosada.
Asunción
El 10 de diciembre de 1999, Fernando de la Rúa juró como 26° Presidente de la Nación Argentina en el Congreso de la Nación Argentina y luego se dirigió para recibir de su antecesor Carlos Menem la Banda Presidencial de la Argentina y el Bastón presidencial. En las calles la gente se amontonó en la Plaza de Mayo, arrojó papelitos al coche presidencial e interrumpió el tránsito.
Grupo Sushi
Su hijo mayor, Antonio De la Rúa, fue nombrado asesor de imagen para la campaña publicitaria de su padre. Camino a la elección, reunió un grupo de amigos políticos que la prensa denominó Grupo Sushi encargado del marketing político.
El mismo era asistido por Enrique Nosiglia, liderado por Antonio y estaba integrado por su hermano Aíto De la Rúa, Patricia Bullrich, Fernando de Santibañes, Andrés Delich, Cecilia Felgueras, Darío Lopérfido y Hernán Lombardi, entre otros. Cuando triunfó De la Rúa, dichos miembros integraron cargos en el Gabinete de Ministros.
Política económica
Contexto Para fines de 1999, cuando asumió el gobierno Fernando de la Rúa, estaba claro que la situación no podía mantenerse sin tomar alguna medida de fondo. El problema más grave del país era la pesada carga de la deuda pública que se había acumulado como consecuencia de los elevados déficit fiscales que se arrastraban desde 1995. Los tres caminos posibles eran los siguientes:
Provocar una «dolarización» forzosa de la economía, para eliminar la incertidumbre sobre el sistema de cambio fijo entre el peso y el dólar. Esta opción fue lanzada por el gobierno de Menem en enero de 1999, aunque el proyecto finalmente no prosperó. Defender la convertibilidad a rajatabla, reduciendo el gasto público, reestructurando la deuda y aplicando medidas que favorecieran la competitividad de las empresas argentinas, ya fuera restringiendo las importaciones o eliminando impuestos y cargas sociales. También se podría mejorar la competitividad referenciando el valor del peso a otras monedas además del dólar (como el euro o el real) lo que brindaría un mayor margen de maniobra. Devaluar el peso para poder financiar los déficit fiscales con emisión monetaria e impulsar políticas keynesianas que favorecieran una rápida recuperación de la economía. Si bien esta medida parecía a simple vista la más efectiva, era la más traumática de todas, ya que requería derogar total o parcialmente la Ley de Convertibilidad (lo que afectaría la credibilidad del país), declarar en default casi toda la deuda pública y privada, «pesificar» forzosamente la economía y arriesgarse a provocar una fuerte depreciación de la moneda con un resurgimiento de la inflación.
Fernando de la Rúa optó por el segundo camino. El gobierno nacional y los Gobiernos provinciales decidieron impulsar una fuerte reducción del gasto público primario y aplicaron diversas medidas para favorecer las exportaciones y proteger a la industria nacional.
Gestión de Machinea El nuevo ministro de Economía, José Luis Machinea, decidió encarar inmediatamente un programa de ajuste fiscal avalado por el FMI, el cual incluyó reducciones del gasto público y un incremento en las alícuotas del impuesto a las ganancias. Pocos meses después el programa reveló resultados insuficientes, puesto que incluyó la disminución de salarios lo que agudizó aún más el cuadro recesivo.
El año 2000 no fue sencillo para el nuevo gobierno, ya que el estallido de la burbuja «punto com» en marzo de ese año repercutió en un incremento de las tasas de financiación (que llegaban al 14 % anual en dólares) y agravó todavía más la recesión de la economía local, lo que se tradujo en una menor recaudación de impuestos y en un incremento del déficit fiscal.
El círculo vicioso hacía que los mercados comenzaran a desconfiar de la capacidad de la Argentina para pagar sus deudas y por eso cada vez que el gobierno salía a pedir préstamos, le aplicaban una tasa más elevada. Además, a medida que el riesgo de una crisis en la deuda Argentina comenzaba a discutirse en los mercados y algunos políticos argentinos empezaban a proponer una formal cesación de pagos, los ahorristas contestaban retirando sus depósitos del sistema bancario por el temor a que el deterioro de los bancos les hiciera perder sus ahorros.
En el 2000 Machinea impulsó la Ley de Flexibilización Laboral que recortó sueldos y jubilaciones de estatales, ocasionando el malestar de la población.
Blindaje financiero En octubre de 2000, se produce la renuncia del Vicepresidente Carlos Álvarez, disconforme con hechos de corrupción que estaba llevando adelante el propio gobierno. Esta crisis institucional provocó una primera salida de depósitos del sistema bancario que ascendió a 789 millones de pesos en octubre y a 1038 millones en noviembre de 2000.
A comienzos del mes de noviembre, el país negoció con el FMI un multimillonario blindaje financiero, con aportes del BID, del Banco Mundial, del gobierno de España (el mayor inversor extranjero de la Argentina) y de un grupo de bancos privados que operaba en el país. El «blindaje financiero» finalmente se aprobó en el mes de diciembre del 2000 y alcanzó una suma cercana a los 38 000 millones de dólares con un interés del 8 % anual , sin embargo, para otorgarlo, el FMI impuso una serie de condiciones: el congelamiento del gasto público primario a nivel nacional y provincial por cinco años, la reducción del déficit fiscal y la reforma del sistema previsional, para elevar a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres.
El desembolso de los fondos se realizaría en forma escalonada, durante dos años, con el monitoreo del FMI sobre la marcha de las cuentas públicas. El único destino de ese dinero sería el pago de deudas, para aumentar la confianza de los inversores y, en consecuencia, bajar el costo del financiamiento para el gobierno y el sector privado.
Sin embargo, el «blindaje» solo permitió revertir el retiro de depósitos hasta marzo de 2001 debido a una persistente fuga de divisas. A principios de ese mes comenzaron a circular evidencias de que Argentina no lograría cumplir con las metas de gasto público y déficit fiscal comprometidas con el FMI, con lo cual peligraban los futuros desembolsos. Los rumores de Default se reiniciaron y con ellos la salida de depósitos: a lo largo del mes de marzo se produjo una fuga de depósitos de 5543 millones de pesos/dólares, la mayor salida mensual de depósitos de toda la historia Argentina.
En ese contexto se produce la renuncia del ministro de Economía José Luis Machinea y su reemplazo por Ricardo López Murphy.
Gestión de López Murphy En marzo Machinea renunció al Ministerio de Economía ya que «el blindaje financiero» había fracasado. Ante esto asumió Ricardo López Murphy que inmediatamente anunció un fuerte ajuste fiscal: el mismo pretendía un recorte del 5 % del presupuesto para la educación, bajar jubilaciones, postergar el pago de sueldos, privatizar el Banco Nación y reducir gastos en Salud; la sociedad argentina que se encontraba conmovida por el suicidio de René Favaloro, evitó las impopulares medidas del ministro y éste debió renunciar ante la solicitud del presidente, tan sólo 15 días después de su asunción.
Gestión de Cavallo Ante la crítica situación De la Rúa nombró como nuevo ministro a Domingo Cavallo, el mismo que había impulsado la Ley de Convertibilidad del Austral; su asistente fue Federico Sturzenegger. Para entonces el país ya se encontraba ahogado por el déficit presupuestario.250px|miniaturadeimagen|Domingo Cavallo, Rodríguez Giavarini y Chrystian Colombo. Como primera medida Cavallo consiguió firmar, en el mes de mayo, un acuerdo con el FMI, a pesar de no haberse cumplido las metas de gasto público y déficit fiscal planteadas para el primer trimestre de 2001. El organismo por su parte elogió los esfuerzos de las autoridades argentinas para que los acreedores ingresaran en una operación de canje voluntario de deuda orientada a reducir los requerimientos financieros del gobierno durante los próximos tres o cuatro años, lo cual permitiría avanzar hacia una situación de financiamiento sustentable en el mediano plazo. Sin embargo, para el mes de julio ya era evidente que las provincias no conseguirían nuevo financiamiento de los bancos y que el gobierno nacional había perdido el acceso al mercado de bonos.
Se aprobó la creación del Fondo de Crédito Público a integrarse con el producido del Impuesto a las Transacciones Financieras. La limitación al uso de impuestos como garantía decidida por el Congreso, impedía ofrecer un canje que incluyera a la deuda pública provincial, porque esta ya estaba garantizada por los impuestos de la Coparticipación Federal y ningún tenedor de esa deuda la hubiera canjeado por bonos nacionales no garantizados. Tampoco se podía apuntar a reducir la tasa de interés, porque la ausencia de garantías especiales obligaba a ofrecer tasas de mercado como para que los tenedores de bonos nacionales accedieran voluntariamente al canje. Por consiguiente, el denominado «megacanje» tuvo que diseñarse excluyendo a la deuda pública provincial y como operación a tasas de mercado.
El gobierno a su vez buscaba bajar el déficit aumentando impuestos y recortando servicios sociales, lo que a su vez generaba mayor recesión y un aumento en el déficit, que debía ser cubierto con más deuda y mayores recortes. Las dudas sobre la capacidad de pago del país y sobre la continuidad de la convertibilidad comenzaron a reflejarse en una creciente fuga de depósitos bancarios. A pesar de las medidas, en marzo de 2001 comenzó la fuga de depósitos de los bancos. En enero de 2001 había depósitos por US$ 85 000 millones. Para marzo se habían perdido más de 5 000 millones.Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires: Informe Económico de Coyuntura. Nro 226. Diciembre de 2002. Página 18
Deudas provinciales La deuda más onerosa y la que generaba más problemas era la de las provincias, contraída en su mayoría con bancos argentinos. La deuda pública provincial ascendía a 16 000 millones de dólares y durante el año 2001 había significado pago de intereses por 3500 millones de dólares. Durante la primera semana de julio de 2001, la provincia de Buenos Aires y otras provincias fuertemente endeudadas, declararon que para el segundo semestre tenían una necesidad financiera conjunta no inferior a los 3000 millones de dólares y requirieron apoyo del gobierno nacional para conseguir 300 millones durante esa semana. A pesar del apoyo brindado por el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, no fue posible conseguir esa cifra y el Banco de la Nación terminó haciendo un préstamo para el que no tenía recursos genuinos. A la semana siguiente, la licitación de letras del Tesoro nacional determinó una tasa de corte del 16 % anual para plazos de 180 días.