El escándalo de los aportantes truchos de Cambiemos, también conocido como el escándalo de aportantes electorales de Argentina de 2018, se refiere a un suceso político conocido en julio de 2018 y la respectiva causa judicial que de él deriva. El caso involucró a la entonces coalición gobernante Cambiemos, en relación a los aportes privados para las elecciones presidenciales de 2015 y las legislativas de 2017.
Antecedentes La información fue difundida a partir de una investigación del periodista Juan Amorín y publicada por el sitio El Destape el 18 de junio de 2018, en la que se describen presuntas irregularidades en la financiación de la campaña electoral legislativa de 2017 en la provincia de Buenos Aires. Investigaciones posteriores extendieron la denuncia a la campaña previa a las presidenciales de 2015 y a otras provincias del país.
Tras ello los números de la última campaña de Cambiemos quedaron bajo la lupa por los falsos aportantes, pero la mayor cantidad de fondos que manejó el oficialismo durante 2017 no pasaron por el balance electoral. El Pro, -como partido político-, recibió aportes por $155 millones, más del doble de lo recaudado para la campaña en la provincia de Buenos Aires. La lista de aportantes al Pro combina a 100 grandes empresarios y compañías que aportaron entre $500.000 y $3 millones y que sumaban 130 millones. Además aparecían otros 1400 donantes, más pequeños, que suman 20 millones, integrados por funcionarios, empleados públicos, personas en relación de dependencia, monotributistas y hasta algunos jubilados. En muchos casos, figuran dos o más ejecutivos de una misma empresa, aunque en los papeles aparecen como donaciones.
Según el informe María Eugenia Vidal, gobernadora bonaerense y presidenta provincial de la coalición, nombró a personas de su máxima confianza para conducir la campaña y de esa manera utilizar identidades de decenas de ciudadanos inscriptos en planes de ayuda social o empleados públicos para ocultar el origen verdadero de los fondos y a las personas y organizaciones que realizaron los aportes. El motivo de la investigación fue la aparición de "aportantes truchos" a la campaña de la que fueron candidatos Esteban Bullrich y Graciela Ocaña. Muchas personas que eran parte de cooperativas sociales (Argentina Trabaja y Ellas Hacen) figuran como aportantes en efectivo a la campaña de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires. •
La investigación apuntaba a revelar el modo en que Cambiemos utilizó los nombres de beneficiarios de planes sociales para falsificar aportes a la campaña política de 2017 y afiliarlos sin su consentimiento al PRO. El empresario y excandidato del PRO en Ituzaingó Osvaldo Marasco contó que se usaron los nombres de candidatos oficialistas para “blanquear” cerca de 40 millones de pesos como “aportes privados” en 81 municipios bonaerenses. Marasco al respecto de las maniobras dijo: "El 100% de los aportes son truchos. Lo mismo con las cenas, inventaban una ‘cena de recaudación’ y decían que juntaban plata. Mentira, nadie hacía donaciones. La forma de blanquear la plata fue copiar las listas que mandamos a la junta electoral y ponerles montos de hasta 50 mil pesos”. Sostuvo que todo ese dinero era manejado por el intendente de Vicente López, Jorge Macri, y Diego Santilli, junto con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de campaña en la Provincia, Federico Salvai. "Siempre estuvo Jorge Macri detrás de todo esto. La guita negra se manejaba en Av. Libertador 135 Vicente López en el complejo Al Rio. Ahí tienen un búnker, funciona una municipalidad paralela y hasta hay despacho de Vidal”. Además el excandidato de Cambiemos, ahora arrepentido, señaló que el dinero "proviene de coimas que sacaron de la construcción" de un complejo en Vicente López y que los funcionarios de Cambiemos “se quedaron con los pisos de arriba de una de las torres. Además se usó la “caja política” de la ciudad de Buenos Aires en la campaña, Federico Salvai, Alex Campbell y todos los cercanos a Vidal, se manejaban con plata de "ñoquis" de la Capital Federal y todo lo manejaba el ministro Edgardo Cenzón quien manejaba la plata negra del PRO en Capital”.
Según el periodista Federico Mayol del diario Infobae, en el manejo de los fondos truchos ha estado involucrada la ciudadana estadounidense Annelise Robins, colaboradora de extrema confianza de Macri que administra fondos en el PRO. Robins, dijo el periodista, tuvo bajo su cargo el control de la oficina del tercer piso de la sede partidaria de Balcarce y Belgrano, a 300 metros de Casa Rosada, famosa por su doble pared, luego perfeccionada con cajas de seguridad.
Denuncias y causas judiciales La denuncia publicada en el sitio web condujo a tres causas judiciales diferentes: la primera de ellas en manos del fiscal electoral Jorge Di Lello, las otras fueron instruidas una por el juez platense Ernesto Kreplak, —a instancias de una denuncia presentada por la diputada provincial María Teresa García (FPV)—, y la restante por el juez federal Sebastián Casanello. La Cámara Nacional Electoral también puso a trabajar a su cuerpo de auditores para repasar los datos de la campaña de Cambiemos y constatar cualquier irregularidad. La causa por la posible comisión de los delitos de lavado de activos, falsificación de documento, violación de secretos y privacidad, usurpación de identidad y violación de la ley de financiamiento de partidos políticos, investigaba en particular a las autoridades del PRO en la provincia: la gobernadora Vidal, su jefe de Gabinete Federico Salvai, la flamante contadora general María Fernanda Inza y a los intendentes Jorge Macri (Vicente López) y Néstor Grindetti (Lanús).
La estrategia oficial de Cambiemos era intentar quitar de la órbita federal las investigaciones y derivarlas a suelo bonaerense, donde gobierna Vidal, con la intención de anular el delito de blanqueo de activos. Finalmente quedaron señalados como responsables María Eugenia Vidal (en su rol de Presidenta del Partido Pro en la Provincia de Buenos Aires) María Fernanda Inza, Gabriel Maximiliano Sahonero y Darío Omar Duarte (responsables económicos del partido), los candidatos Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña, Héctor "Toty" Flores; y Carla Silvia Chaban y Alfredo Gabriel Irigoin (responsables económicos de la campaña realizada por la citada Alianza Cambiemos).
En septiembre de 2017, el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, condenó al político de Cambiemos y excandidato a gobernador Miguel del Sel por irregularidades en el financiamiento de la campaña del PRO en Santa Fe en 2012. Lo encontró culpable de los hechos denunciados y lo condenó a no poder ejercer cargos públicos. Las autoridades del PRO en Santa Fe estaban acusadas de "no poder acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos" como parte del financiamiento. Según la investigación, los referentes del PRO santafesino no pudieron justificar el origen y destino de unos 300 mil pesos.
En julio de 2018 Osvaldo Marasco, excandidato a intendente de Ituzaingó por Cambiemos, aseguró que las irregularidades en los fondos de las campañas ya existían en 2015, pero “lo de 2017 es de terror porque trabajan sobre gente muy humilde, con planes sociales”. Explicó que “César Torres, mano derecha de Jorge Macri, entregaba la plata en mano en sobres color madera a miles de personas”, quienes recibían el dinero eran personas que oficiaban de fiscales de Cambiemos. La operatoria se concentraba “en un bunker que estaba en Vicente López frente al Complejo al Río, donde tenían oficinas Vidal y Salvai” y que “De ahí empezaron a llamar a los 135 distritos y darles plata a todos los fiscales”. Pedro Robledo tenía a su cargo “manejar el voluntariado” y "pedía a los 135 distritos los nombres y datos de los que iban a fiscalizar para multiplicarlos por la plata y mandársela". Como parte de la maniobra estaba el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, ex marido de la gobernadora Vidal. Posteriormente afirmó que María Eugenia Vidal "es corrupta. Estoy esperando que me haga juicio por decirlo pero es así. Es corrupta".
Días más tarde, la fundación La Alameda amplió ante el juez Sebastián Casanello la denuncia por lavado de dinero contra Cambiemos aportando nuevos casos de personas que negaron haber realizado aportes financieros. Entre esas personas se encontraban consejeros escolares y jubilados que indicaron que la maniobra también se observó en la última lista que encabezó Elisa Carrió, que también quedaría involucrada.
El 2 de agosto de 2018, el mismo día que el fiscal federal Jorge Di Lello decidió remitir a La Plata la causa por los aportantes truchos de Cambiemos, el procurador interino Eduardo Casal decidió apartar a Hernán Schapiro de la fiscalía que recibió el expediente. También en agosto de 2018, un informe que fue elevado al juez federal Adolfo Ziulu de la Cámara Nacional Electoral probó la existencia de más de un centenar de aportantes que son beneficiarios de planes sociales, por lo que recomendaba no aprobar el balance presentado por Cambiemos.
El 22 de julio el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon informó que en esas mismas elecciones Cambiemos, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador) presentaron 7000 aportantes falsos.
Poco después aparecieron denuncias de que Cambiemos no solo utilizó a beneficiarios de planes sociales para blanquear aportes de campaña. La clase media también proveyó, sin saberlo, decenas y decenas de aportantes falsos a la campaña del oficialismo en la provincia de Buenos Aires (2017) y en la campaña presidencial de Mauricio Macri (2015).
El avance de las investigaciones y las denuncias permitió conocer los mecanismos utilizados en el caso de empresas contratistas. Estas empresas utilizaban los datos personales de algunos de sus empleados y hacían donaciones utilizando sus identidades, sin que los empleados lo supieran y aprobaran. Se identificaron numerosos casos, cuyos aportes sumados superaron los $5 millones. En el período 2015-2018, el grupo de empresas involucradas obtuvieron contratos del estado por una suma total superior a $2500 millones.
En diciembre de 2018, la Cámara Nacional Electoral resolvió que todas las investigaciones del caso se unificaran y pasaran al fuero electoral, resolviendo de este modo la disputa por la competencia. En el fallo se aclaró que esta determinación "no implica en modo alguno, que pueda afectarse el avance de causas penales".
Repercusiones El asunto tuvo repercusiones tanto en el oficialismo (dado que los implicados son parte de la fuerza política gobernante tanto en el país como en las provincias investigadas) como entre el periodismo, organizaciones y dirigentes de la sociedad argentina. Implicancias En agosto de 2018 el periodista Amorin descubrió que el ministerio de Trabajo, entonces a cargo de Jorge Triaca, transfirió durante 2016 más de $11 millones a la empresa frigorífica Friar, que había presentado documentación según la cual estaba es situación de crisis, con riesgo de quiebra y despidos masivos de trabajadores. Meses más tarde, la empresa aportó en distintos momentos de 2017 un total de $2 millones al PRO nacional, en concepto de "aportes para gastos de desenvolvimiento institucional". En 2017, la empresa fur beneficiada con un incremento en su participación en la cuota Hilton, lo que la ubicó en el segundo puesto entre las empresas exportadoras de carne de Argentina.