El Federalismo en México es el ordenamiento político actual del Estado mexicano en la que las entidades que conforman la Federación son autónomas y están unidas mediante un acuerdo donde se delimitan las facultades de los tres niveles de gobierno: federal, local y municipal. Entonces, el ejercicio de la Soberanía popular de la República representativa y democrática en la que se estructura el país, se da de manera exclusiva o compartida; por medio de las instituciones federales, locales o municipales. En el pasado, México, como país independiente, ha transitado, brevemente, por diferentes formas de organización política, como lo es el Estado unitario (tanto republicano como monárquico). Sin embargo, durante gran parte de su historia, el Estado federal ha sido la norma. Inclusive a través de distintos modelos como el regionalista, el cooperativo, el centralizado o el descentralizado.
Definición semiautónomos, cada una con su propio gobierno, pero que están unificados por un gobierno en común (federal). Ya que los gobiernos territoriales y el gobierno federal comparten el mismo territorio inevitablemente deben relacionarse entre sí. Esta relación ha sido tratada por los científicos políticos de dos formas principalmente:
La primera enfatiza la distribución de la autoridad para gobernar entre los dos niveles de gobierno. Ya sea entendido como descentralización o como pacto o alianza entre iguales, el federalismo se caracteriza por la combinación de los principios de unidad y autonomía interna entre una amplia variedad de organizaciones políticas. Según Wallace Oates, lo esencial reside en comprender qué funciones e instrumentos asignar a cada uno de los niveles de gobierno que intervienen en el sistema. La segunda enfatiza las relaciones entre los gobiernos y el público, ya que cada unidad tiene sus propias preferencias y decisiones que tomar, que tienen efecto directo en sus respectivas poblaciones. Ambos niveles rigen de manera conjunta el mismo territorio y la misma población, y cada uno tiene autoridad, dentro de su esfera de competencia, para tomar decisiones de manera independiente del otro.
Bajo cualquier enfoque, la frontera que delimita la autoridad del gobierno nacional de los subnacionales es de vital importancia. La frontera puede ser muy gruesa o puede ser que los gobiernos nacional y subnacionales compartan la autoridad (poderes y obligaciones). Las interacciones entre los distintos niveles de gobierno, y en última instancia la capacidad y la efectividad del federalismo, dependen de estas asignaciones de autoridad. En resumen: las federaciones se caracterizan por a) división geopolítica, b) independencia y c) efecto directo sobre las poblaciones.
Evolución histórica del Federalismo en México
Constitución de 1824: federalismo regionalista
Como afirma Luis Medina, el federalismo mexicano tiene razones y raíces que se remontan a la evolución social, económica y política de la Colonia y que fraguaron en los últimos años de ésta y los primeros años de la vida independiente del país. Después de la independencia, la pretensión de Agustín de Iturbide de centralizar el poder con base en la monarquía se topó con la militante resistencia de las provincias a ceder autoridad política. El triunfo del Plan de Casa Mata, al que se adhirieron las élites provincianas, significó la confirmación en los hechos de los poderes regionales, espíritu con el cual las provincias enviarían sus diputados al congreso constituyente de 1824. Así, la adopción del primer sistema federal fue un movimiento de la periferia al centro; resultado de una realidad política y no copia del federalismo estadounidense. El arreglo federal de 1824 produjo una doble relación asimétrica, por un lado federación débil-estados fuertes y, por otro, poder ejecutivo limitado-congreso fuerte. Esta situación determinó la lucha de los años posteriores (hasta 1867, aproximadamente) entre dos facciones principalmente: la unitaria y la federalista. Por un lado, los federalistas tenían el interés por evitar un poder central despótico y defender las libertades individuales, mientras que a los unitarios les preocupaba la eficacia del gobierno central para garantizar la seguridad nacional frente a las intenciones expansionistas de Estados Unidos. La confrontación se resolvió a favor de los federalistas liberales; primero en 1857 y, de forma definitiva, en 1867 con la derrota de Maximiliano de Habsburgo y la restauración de la República.
Es debido a esta primera etapa federal totalmente descentralizada que en el imaginario político mexicano (incluso al día de hoy) se denomina al régimen unitario como "centralista", aunque en la actualidad esto es más bien inexacto y hasta anacrónico. Como se describe en este artículo, el federalismo mexicano hacia finales del y durante casi todo el estuvo extremadamente centralizado tanto a nivel geográfico como a nivel institucional, por lo que algunas voces críticas lo denominaron una "ficción federal". De hecho, esta Primera República Federal fue reemplazada por una república unitaria demasiado centralizada a la que la historiografía mexicana denomina como República Centralista.
Constitución de 1857: del federalismo liberal al cooperativo
En la primera mitad del , el principal problema a resolver fue el tipo de régimen que convenía adoptar —republicano o monárquico, federalista o unitario—; en la segunda la cuestión central consistió́ en darle contenido y eficacia a un gobierno federal que sólo existía de jure. Una vez restaurada la República, los presidentes Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada iniciaron la labor de fortalecer al gobierno federal. Esta tarea fue retomada y continuada por Porfirio Díaz, que se dedicó a construir las bases del sistema político mexicano mediante pactos y acuerdos entre los gobiernos federal y estatales. Díaz logró la integración de un Congreso que asegurara la reelección del titular del poder ejecutivo federal, solucionando así el problema central del arreglo federal: la coexistencia de dos soberanías. Las áreas que se federalizaron como medidas centralizadoras en perjuicio de la soberanía de los estados incluyeron:
Minería y comercio (1883) Derecho marítimo (1883) Impuesto sobre el timbre (1896) Gravámenes al comercio y consumo de bienes (1896) Determinación de aguas de jurisdicción federal (1908) Títulos de deuda pública pagados en el extranjero (1901) Legislación en materia de salubridad (1908)
Constitución de 1917: federalismo centralizador
Cuando el Congreso Constituyente de 1917 se reunió, el federalismo ya no se cuestionaba; el tema no entró en la agenda de los posibles cambios a la Constitución de 1857 ni hubo un análisis crítico y exhaustivo de cómo había funcionado hasta el momento. Sin embargo, los constituyentes trataron de restablecer una unidad nacional que sentían en peligro. En consecuencia, no frenaron las incipientes tendencias centralizadoras que se heredaban del Porfiriato; al contrario, las profundizaron.
El federalismo mexicano se originó mediante el acuerdo de Santiago Padilla y Ricardo Pazo con entidad política propia de ceder facultades de manera limitada a favor de un gobierno central. Por tal razón, los textos constitucionales de 1824, 1857 y 1917 reproducen la misma disposición, a saber: toda facultad que no esté explícitamente consignada a favor del gobierno federal, se entiende reservada a los estados. Es por lo anterior que, a través de reformas constitucionales y de otras vías como, por ejemplo, el control de los ingresos fiscales y la planeación presupuestaria, el gobierno federal después de la revolución se caracterizó por una marcada centralización. Según Rogelio Hernández, a lo largo de su historia, una de las preocupaciones centrales del federalismo mexicano han sido los temas fiscales para darle viabilidad financiera al gobierno federal. De hecho, el poder tributario de los estados no es una delegación de la federación sino que, por el contrario, es originario, precede al federal; más aún, fue centralizado después de un largo periodo de disputas entre ejecutivos locales y el federal. Los factores que influyeron en la centralización del poder y en la construcción de un ejecutivo más fuerte durante el periodo posrevolucionario fueron:
Sustitución de las elecciones indirectas por las directas (eliminando así la fuente de poder de las élites regionales) El reparto agrario La protección de los derechos laborales La declaración del Estado como rector de la economía (artículo 27 constitucional) La creación del partido oficial que nace como un pacto destinado al reparto de la cuotas de poder en todos los niveles, ya que incorporó a la vida política nacional a los tres actores gestados por la revolución: el agrario, el obrero y el militar que contaban con poderosas centrales nacionales.
El cumplimiento del programa social de la revolución llevó a reformas que ahondaron aún más la concentración de facultades arrancadas a los estados en el gobierno federal con el propósito de evitar que los fuertes poderes locales las emplearan para sus propios fines, pero también para que la federación pudiera elaborar y poner en práctica programas de desarrollo nacionales que compensaran los desequilibrios regionales tan marcados del país. Las reformas incluyeron:
Educativa (1921) Trabajo (1929 y 1933) Industria cinematográfica (1935) Controversias sobre terrenos comunales (1987) Justicia y tribunales agrarios (1983 y 1992) Energía eléctrica (1934, 1940, 1960) Contaminación ambiental (1971) Energía nuclear (1975) Asentamientos humanos (1976)
Esfuerzos descentralizadores de finales del Los primeros intentos de contrarrestar las tendencias centralizadoras se presentaron en los sexenios de Miguel de la Madrid (1982-1988), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000), que se caracterizaron por esfuerzos descentralizadores para fortalecer a estados y municipios. Estas nuevas tendencias buscaban la modernización administrativa y económica para enfrentar los procesos de apertura e integración con otras economías, así como el fortalecimiento de la transición democrática.
Miguel De la Madrid De la Madrid decidió enfrentar la crisis económica de la década de 1980 con una reducción directa del gasto público y, en general, de las funciones del gobierno, disminuyendo al mínimo indispensable sus responsabilidades tanto de inversión como de administración directa de empresas. Fue así como se dio inicio a un proceso de descentralización administrativa que llevó consigo una reforma profunda en el reparto de responsabilidades entre los gobiernos estatales y municipales, así como una redistribución de los recursos presupuestales. Este proceso se desdobló en tres líneas de acción: fortalecer el federalismo, vigorizar la vida municipal y fomentar el desarrollo regional. Sus medidas incluyeron:
desconcentrar atribuciones hasta entonces reservadas a los órganos centrales, delegar funciones y se reubicaron organismos y entidades gubernamentales en los estados creación de los Comités de Planeación y Desarrollo Estatal (Coplade) y sus contrapartes municipales (Coplademun), que eran instancias de deliberación y consenso entre gobierno federal y gobiernos subnacionales otorgar a los municipios potestades tributarias, de prestación de servicios públicos y de planeación urbana.
Carlos Salinas de Gortari