Las protestas en Nicaragua de 2018 fueron una serie de manifestaciones, revueltas civiles y actos violentos que se produjeron en el verano de 2018 en Nicaragua. Las protestas se iniciaron el 18 de abril de 2018 con el argumento del descontento con las reformas al sistema de seguro social, aunque algunas otras fuentes señalan el inicio de las mismas el día 7 de abril con el incendio en la reserva Indio Maíz. Las protestas, que se prolongaron por varios meses y se tornaron en acciones violentas, con varias muertes debida a la represión estatal y de la acción de algunos manifestantes, culminaron con la petición de dimisión del presidente Daniel Ortega, la vicepresidente Rosario Murillo, el gabinete sandinista y el llamamiento a elecciones anticipadas que con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados calificaban al gobierno nicaragüense de «ilegítimo».
Aunque el 22 de abril el presidente Ortega revocó las reformas al Seguro Social que originaron las protestas, estas continuaron y en su transcurso se dieron acciones violentas que provocaron víctimas mortales, algunas de ellas por la intervención de las fuerzas de orden público en la represión de las mismas, así como por grupos organizados y grupos paramilitares afines al partido de gobierno, el FSLN y por los participantes en las mismas que extendieron las acciones violentas por todo el país realizando controles de carreteras, que se denominaron "tranques", donde se detectaba, retenía y asesinaba a personas. Se desconoce el número exacto de víctimas aunque se estima que fue alrededor de 400 fallecidos, según la CIDH el número de muertes llegó hasta las 325.
Dicha represión y sus víctimas fue condenada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACDH) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Intererdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH y numerosos gobiernos de otros países. Por parte del gobierno de Nicaragua, como del FSLN y otros organismos y países, se denunció la intervención de EE.UU. en la preparación de las mismas y en la orquestación de la campaña internacional que las apoyó denominándolas como un intento de golpe de Estado.
Antecedentes En 2013, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) entró en un déficit que fue creciendo de forma continua durante los siguientes años, alcanzando los 1,579 millones de córdobas en 2016 y 2,182.6 millones hasta noviembre de 2017. La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Nicaragua alertó en 2017 de que las reservas de efectivo del INSS se agotarían en 2019 si no se llevaba a cabo una reforma del mismo. El gobierno de Daniel Ortega preparó una reforma del INSS con el asesoramiento del FMI. El gobierno descartó algunas de las medidas propuestas por el Fondo Monetario Internacional como retrasar la edad de jubilación, argumentando que a una edad más avanzada hay menos posibilidades de conseguir empleo, así como la urgencia de la reforma, que debía dar resultados tempranos para asegurar la viabilidad inmediata del INSS, mientras que algunas medidas del FMI darían resultados en tres o cuatro años.
A principios de abril de 2018, la patronal Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) anunció que había comenzado a negociar con el gobierno la reforma del INSS, declarando que la solución debía incluir un aumento de la contribución de las empresas y de los empleados, así como una reforma fiscal, así también creando un nuevo impuesto para las personas jubiladas del 5%. En las negociaciones participaron gobierno, representantes de la gran empresa (COSEP) y sindicatos sandinistas y quedaron excluidas las pequeñas y medianas empresas.
Las reformas fueron anunciadas el 16 de abril y publicadas oficialmente el 18 de abril. La reforma incluyó un incremento del 0.75% (del 6.25% al 7%) de la contribución al INSS por parte de los empleados y un 2% (del 19% al 21%) por parte de los empresarios a partir de julio. La aportación de los empresarios se incrementaría anualmente hasta llegar al 22.5% en 2020. A esto se añadiría un 5% de deducción de las pensiones. Los sindicatos del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) y Unión Nacional de Empleados apoyaron la reforma, mientras que la patronal COSEP la rechazó, aseguró que esta no contaba con consenso y presentó un recurso de amparo para intentar revertirla.
Cronología de las protestas
Inicio (18 de abril) miniaturadeimagen|derecha|250px|Policía antidisturbios en las afueras de la Universidad Nacional de Ingeniería el 19 de abril cargando balas en un cartucho. miniaturadeimagen|derecha|200px|Árboles de la vida en una calle de Managua, algunos de los cuales fueron derribados por los manifestantes.
El miércoles 18 de abril de 2018, día en el que se publicó oficialmente la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), miembros de la coalición opositora Frente Amplio por la Democracia (FAD), activistas feministas y algunos estudiantes, se manifestaron contra la reforma del INSS en la ciudad de León frente a las instalaciones del INSS. En el mismo lugar se manifestaron a favor de la reforma miembros de la Juventud Sandinista. Durante el día se registraron varios enfrentamientos entre ambos grupos. Estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua también se manifestaron en contra de la reforma, coincidiendo con manifestantes a favor de la reforma y registrándose enfrentamientos de nuevo.
Escalada (19-21 de abril)
El jueves 19 de abril las protestas contra la reforma se extendieron a varios departamentos, incluyendo León, Managua, Granada, Boaco, Carazo, Estelí y Rivas. El gobierno también había convocado a sus simpatizantes para manifestarse en la capital, Managua.
Las protestas fueron especialmente activas en varias universidades del país. En la Universidad Nacional Agraria (UNA) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en Managua hubo enfrentamientos entre manifestantes y policía antidisturbios. Los manifestantes hicieron uso de armas de fuego, piedras, morteros caseros y cócteles molotov y la policía de gas lacrimógeno y balas de goma.
En la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de Managua (UNAN-Managua), las autoridades universitarias, los sindicatos y la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) apoyaron la reforma del INSS, impidieron protestas en el recinto y llamaron al debate y la no violencia.
Durante los enfrentamientos murieron tres personas por disparos de armas de fuego: un policía y un trabajador cerca de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) en Managua y un estudiante durante un ataque de la oposición a la alcaldía de Tipitapa. La Cruz Roja Nicaragüense reportó 48 heridos que recibieron atención médica durante el día.
Las protestas se extendieron al barrio Monimbó en Masaya, un histórico bastión de la Revolución Sandinista. Algunos grupos destruyeron instalaciones públicas y privadas, incluyendo al menos un domicilio particular. miniaturadeimagen|Un manifestante posa junto a los restos incinerados de un "árbol de la vida"
El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), ente regulador de las telecomunicaciones, ordenó un corte de emisión de cuatro canales de televisión que informaban de las protestas: Canal 12, Canal 23, Canal 51 y 100% Noticias. El corte fue efectivo varias horas durante el 19 de abril, excepto al canal 100% Noticias, el cual estuvo fuera del aire hasta el 25 de abril.
Ese mismo día, la vicepresidenta Rosario Murillo condenó las muertes ocurridas durante el día, hizo un llamado a la paz y describió a los promotores de las protestas como «minúsculos grupos».
La jornada del viernes 20 de abril dejó dos muertos: un joven en la UPOLI que recibió un impacto de bala y un estudiante de 15 años del Colegio Loyola (Álvaro Conrado). Durante la noche varios edificios públicos fueron quemados por opositores. Entre ellos, el Centro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) en León y la alcaldía de Granada. También fue quemada la sede de Radio Darío, propiedad del periodista opositor Aníbal Toruño, en la ciudad de León. Los enfrentamientos y el vandalismo continuaron durante la noche dejando alrededor de siete muertos. En Managua los manifestantes derribaron con sierras en la Carretera a Masaya y en algunas rotondas los árboles de la vida, estructuras metálicas en forma de árbol colocadas por el gobierno en 2013, dichas estructuras son consideradas como "símbolos de la dictadura" por los opositores al gobierno.https://elpitazo.com/internacional/video-manifestantes-tumbaron-esculturas-emblematicas-del-gobierno-de-nicaragua Los estudiantes se refugiaron en la Catedral de Managua donde recibieron víveres.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) convocó a las empresas afiliadas y a sus trabajadores a una marcha nacional para el 23 de abril. La vicepresidenta Rosario Murillo anunció que el gobierno reinstalaría una mesa de diálogo sobre la reforma del INSS para buscar un nuevo consenso.
El sábado 21 de abril, tras una noche de fuertes enfrentamientos, amaneció con el Ejército desplegado en varias ciudades para custodiar instalaciones públicas como la Alcaldía de Managua o el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino. El presidente Daniel Ortega se pronunció públicamente por primera vez desde el inicio de las protestas. En sus declaraciones hizo un llamamiento a la paz y a retomar el diálogo con el Cosep. Entre la tarde y la noche del sábado fueron quemados las instalaciones de las alcaldías de Diramba y Jinotepe, además, se reportó que la parroquia Santiago de Jinotepe fue asaltada por grupos violentos no identificados. En esa misma jornada, la agente de policía Juana Francisca Aguilar, murió por un disparo en la cabeza.
Asesinato de Ángel Gahona (21 de abril)
En la noche del 21 de abril, el periodista Ángel Gahona, corresponsal desde su propio medio de comunicación, muere al recibir un disparo mientras realizaba una transmisión a través de Facebook Live de su programa Noticiero El Meridiano, de una manifestación en la ciudad de Bluefields mientras mostrando daños causados en el edificio de una alcaldía..
El día 8 de mayo la Fiscalía General comunicó la captura de dos jóvenes, acusados de ser los «posibles culpables» del asesinato del periodista y locutor. La esposa del periodista asegura que el asesinato fue perpetrado por fuerzas policiales a pesar de que este se encontraba al lado de policías que se refugiaban de disparos que hacían los opositores.
Revocación de la reforma y concesiones (22-29 de abril) El domingo 22 de abril, el presidente Ortega anuncia mediante televisión la revocación de la reforma al seguro social. El Ministerio de Educación informó la suspensión de las clases a nivel nacional en los niveles de primaria, secundaria y de educación para adultos para el lunes 23 de abril. El mismo día los estudiantes de la UPOLI denunciaron un ataque de la Policía contra su universidad.
El 23 de abril el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) pidió que los estudiantes formasen parte de la mesa del diálogo anunciada por el gobierno y que la Conferencia Episcopal ejerciese de mediadora. Al día siguiente, la Conferencia Episcopal aceptó mediar en el diálogo.
El martes 24 de abril líderes del movimiento campesino publicaron un comunicado en apoyo a los manifestantes antigubernamentales e hicieron un llamado a una huelga general así como a negociaciones que incluyan a todos los sectores de la sociedad. La líder del movimiento campesino, Francisca Ramírez, hizo un llamado a la renuncia del presidente Ortega. miniaturadeimagen|Estudiantes de la Universidad Politécnica sostienen una pancarta con el texto "No nos disparen" en alusión a los manifestantes muertos por armas de fuego en enfrentamientos con la Policía Nacional.