La Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE), más conocida como "La Ítalo" fue una empresa argentina de electricidad perteneciente al holding suizo Motor Columbus, creada en 1911, que se destacó por prestar el servicio eléctrico en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores entre 1912 y 1979.
Realizó un acuerdo monopólico con la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad (CATE), para repartirse el mercado eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En 1936 la CHADE-CADE y la CIAE sobornaron a altos funcionarios argentinos para extender sus concesiones otorgadas por 50 años, otros 40 años, y para dejar sin efecto la cláusula que las obligaba a entregar sus activos a la Ciudad de Buenos Aires al finalizar la concesión. En 1936 la Ítalo fue una de las empresas protagonistas del célebre Escándalo de la CHADE, a raíz de la extensión del plazo de concesión a un siglo, mediante sobornos a políticos y actos de corrupción en los que se vieron involucrados dos presidentes de Argentina, el radical Marcelo T. de Alvear y el antipersonalista Agustín P. Justo.
En 1944 el Informe Rodríguez Conde reveló los delitos y actos de corrupción realizados por la empresa y recomendó quitarle la personería jurídica a la Ítalo y otras empresas. En 1957 se declaró la nulidad de la prórroga de la concesión y la cláusula de entrega de los bienes al Estado, pero meses antes de vencer, el presidente Arturo Frondizi volvió a concederle el servicio, sin plazo y con el beneficio de que podía vender la empresa al Estado, si así lo solicitaba. La presidenta María Estela Martínez de Perón anuló en 1975 la concesión renovada por Frondizi.
Al año siguiente la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, mediante actos del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, exdirectivo de la Ítalo, y del secretario Guillermo Walter Klein, preservó la concesión en manos de la empresa y en 1978 dispuso que el Estado la comprara, generando otro escándalo debido a la obsolescencia de sus bienes. La maniobra involucró la desaparición de Juan Carlos Casariego, un funcionario de la dictadura que se oponía a la compra de la Ítalo. Recuperada la democracia en diciembre de 1983, el Congreso de la Nación creó una Comisión para investigar el caso.
Historia
En las últimas dos década del se instaló el servicio eléctrico en Buenos Aires. En la primera década del se produjo un proceso de trustificación y cartelización del cual emergió la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad (CATE) como monopolio del servicio eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires. En 1907 la CATE obtuvo una cuestionada concesión del servicio, que establecía altas tarifas y un plazo notablemente largo de 50 años, a cambio de una "cláusula de reversión", por la cual al finalizar la concesión todos los bienes de la empresa debían pasar a manos de la Municipalidad de Buenos Aires.
La creación de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE) en 1911 afectó el monopolio y la cartelización logrado por la CATE. En su constitución desempeñó un papel importante el ingeniero italiano Juan Carosio, quien reunió los capitales mayoritarios del holding suizo Motor Columbus, con empresarios italianos radicados en Argentina, las empresas italianas Pirelli y Franco Tosi y un grupo de inversores españoles.
La palabra "Ítalo" en el nombre de la empresa tuvo fines exclusivamente comerciales, destinados a atraer a la gran masa de población italiana que estaba inmigrando a la Argentina. La empresa, no era italiana sino suiza, fundada con capitales de la Franco Tosi, la Pirelli y la Brown Boveri, perteneciente al holding Motor Columbus, con sede en Baden, cantón de Argovia.
thumb|Publicidad de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad en la revista Aconcagua de julio de 1936.
Al año siguiente, al igual que a la CATE, la Municipalidad de Buenos Aires le otorga una concesión por cincuenta años, que debía finalizar el 31 de diciembre de 1962, con "cláusula de reversión". La Ítalo comienza entonces a producir y distribuir energía eléctrica en las zonas Centro y Sur de la Ciudad de Buenos Aires para el servicio de alumbrado público y privado, fuerza, tracción y demás aplicaciones. Los servicios eléctricos de la CIAE más tarde se extenderían a varios partidos aledaños. thumb|left|200px|El intendente Joaquín S. de Anchorena entregó una sospechada concesión a la Ítalo y al cesar en su cargo pasó a formar parte de su directorio.
La concesión reiteró los beneficios abusivos (tarifas excesivamente altas y plazo de concesión extremadamente largo) que habían sido otorgados a la CATE, pero el intendente conservador Joaquín S. de Anchorena y el secretario de Obras Públicas Atanasio Iturbe, justificaron la decisión con el argumento de que la existencia de dos empresas generaría competencia y reducción de tarifas. Sin embargo eso no sucedió porque ambas empresas ya se habían puesto de acuerdo para no competir, repartiéndose las diversas zonas de la ciudad, creando de este modo dos monopolios, agravando la situación creada por el pacto de 1903, distribuyéndose la electricidad y el subterráneo, entre los capitales ingleses y alemanes. Al dejar sus cargos en la Municipalidad, ambos funcionarios entraron a formar parte del directorio de la Ítalo.
A diferencia de CATE, esta compañía comenzó con plantas pequeñas de provisión de electricidad para el consumo familiar. El destinatario era el gran grupo inmigratorio de origen italiano asentado en Buenos Aires. En 1914 inauguró sus servicios desde un edificio ubicado en la calle José Andrés Pacheco de Melo, entre Coronel Díaz y Billinghurst. Se sumaron un grupo de usinas y subusinas de transformación, locales de carácter utilitario que ofrecían a la ciudad la peculiaridad de una arquitectura identificatoria de la empresa. En 1916 inauguró la Usina Pedro de Mendoza en La Boca, con tres generadores de 6250 kW cada uno.
Proceso de trustificación La Primera Guerra Mundial (1914-1918) fortaleció las estructuras monopólicas de la economía argentina, entre ellas la del sector de la electricidad. La gravedad de la situación llegó a motivar a la Cámara de Diputados para crear una Comisión de Investigación de los Trusts, que puso en evidencia el bajo nivel de competencia e innovación existente en los mercados argentinos, principalmente en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas. El estudio mostró también que el Estado argentino era demasiado pequeño para controlar a las grandes empresas de capital europeo o estadounidense, que ya estaban adquiriendo la dimensión de empresas multinacionales.
La derrota de Alemania en la guerra, también llevó a ese país a una seria crisis económica y política, que complicó la situación financiera de CATE debido a las dificultades para obtener capitales adicionales para realizar inversiones que pudieran atender la demanda creciente. La empresa fue vendida entonces en 1921 a la Compañía Hispano Argentina de Electricidad (CHADE), una filial del gran holding mundial europeo Sofina con sede en Bruselas.
Hacia fines de la década de 1920 los trusts mundiales Sofina (europeo) y Ebasco (estadounidense) llegaron a un acuerdo monopólico para repartirse el mercado eléctrico argentino de modo tal que a Sofina le quedara toda el área de influencia de Buenos Aires (que a su vez se había repartido con la Ítalo), mientras que a la Ebasco le quedaba el resto del país.La trustificación del mercado eléctrico argentino postergaría por décadas la electrificación del campo y promovería un uso desproporcionado de los hidrocarburos al optar por el uso de centrales termoeléctricas, en lugar de construir centrales hidroeléctricas. Tres décadas después, Brasil había conformado un sistema eléctrico apoyado en un 75% en la energía hidroeléctrica, que impulsó fuertemente la industrialización a pesar de no contar con petróleo dentro de su territorio, mientras que en la Argentina ese aporte era solo del 8%, que al volverlo totalmente dependiente del petróleo, obró sistemáticamente como límite para el desarrollo industrial, cada vez que no se lograba el "autoabastecimiento" petrolero.
La "súper-usina" de Puerto Nuevo En 1932 la Ítalo inauguró una gran usina termoeléctrica en terrenos ganados al Río de la Plata que conformaron el Puerto Nuevo. Cinco años antes, en 1927, la CHADE también construyó una súper-usina en las cercanías. Pese a ello, la inversión resultó menor que la necesaria para atender la demanda de sus clientes.
La razón de que las dos "super-usinas" hubieran sido instaladas en Puerto Nuevo se debió al hecho crucial, desde el punto de vista técnico-económico, de la ubicación en un lugar donde el carbón pudiera ser descargado directamente desde los barcos que lo traían de Inglaterra. Por ese motivo la Municipalidad entregó gratuitamente a las empresas esos terrenos, que habían sido ganados al río, en el entendimiento de que la reducción de costos operativos se traduciría en una reducción equivalente de las elevadas tarifas. Pese a ello ni la CHADE, ni la Ítalo, rebajaron las tarifas.
En la década de 1920 las dos empresas eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires, pero con claro predominio de la CHADE, extendieron su dominio hacia lo que luego se llamaría el conurbano bonaerense, comprando las empresas eléctrica comunales.
El escándalo de la CHADE
thumb|200px|El escándalo de la CHADE reveló que el expresidente radical Marcelo T. de Alvear fue uno de los funcionarios sobornados. El célebre escándalo de la CHADE, estallado entre 1932 y 1936, no sólo alcanzó las maniobras ilícitas de la CHADE-CADE, sino también las de la Ítalo.
El 6 de septiembre de 1930 fue derrocado por un golpe cívico-militar el gobierno presidido por el presidente Hipólito Yrigoyen, quien en su primer mandato iniciado en 1916 se había convertido en el primer presidente democrático de la historia argentina. El poder pasó a estar controlado por una alianza de radicales antiyrigoyenistas (antipersonalistas), conservadores y socialistas llamada La Concordancia, que luego de una etapa dictatorial, tomó el poder mediante un régimen fraudulento conocido como "la Década Infame". Las empresas eléctricas tuvieron una fuerte influencia sobre el gobierno durante la Década Infame, mediante sobornos sistemáticos, o a través de la presencia de políticos que habían sido o serían directivos de las mismas, como el ministro de Hacienda Alberto Hueyo, que fue presidente de la CADE -sucesora de la CHADE-, o tenían conflictos de intereses, como fue el caso del también ministro de Hacienda Federico Pinedo, que se había desempeñado como abogado de la CHADE.
En 1932 la CHADE y la CIAE debieron enfrentar los reclamos de la Junta de Sociedades de Fomento Pro Rebaja de Tarifas de Electricidad, presidida por Jorge Del Río, que puso en evidencia un escandaloso patrón de irregularidades en perjuicio de los usuarios, que incluía la elevación fraudulenta de las tarifas. La CHADE y la CIAE contraatacaron con grandes solicitadas en los principales diarios, que a su vez ocultaron la posición de los usuarios, viéndose obligada la Comisión a crear un boletín para difundir su punto de vista.
El conflicto fue llevado al Concejo Deliberante que abrió una investigación que concluyó con la elaboración de tres proyectos de ordenanzas, sancionando severamente a la CHADE y la CIAE, controlando las tarifas, verificando los costos de producción y mandando a investigar las cobranzas indebidas.
Al año siguiente el Concejo Deliberante volvió sobre sus pasos y designó una "Comisión de Conciliación", integrada por los decanos de las facultades de Derecho, Ciencias Económicas e Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, que emitió un dictamen abiertamente favorable a las empresas concesionarias. El escándalo llegó a un punto tal que obligó al intendente Mariano de Vedia y Mitre a vetar la ordenanza, poniendo al descubierto las graves irregularidades que contenía, la violación a los términos de las concesiones y las sospechas de corrupción.