Las Cortes de Ocaña de 1469 fueron una reunión de las Cortes de Castilla acaecida en la localidad toledana de Ocaña durante los primeros meses del año 1469, en el reinado de Enrique IV. Tuvieron como finalidad jurar a Isabel de Castilla princesa heredera del trono, consensuar las reformas necesarias para poner orden en el reino y, como era habitual, otorgar un servicio fiscal al monarca. No todas las ciudades con voto en Cortes estuvieron presentes en estas reuniones, y otras retardaron notablemente el envío de sus representantes.
Entre los temas tratados más destacados estuvieron la revocación de mercedes concedidas a la nobleza, la reforma monetaria, fiscal, y judicial, la provisión de los cargos públicos, el restablecimiento de la alianza francesa y el buen uso de los servicios de Cortes. thumb|250px|Retrato de Enrique IV de Castilla
Convocatoria Las Cortes de 1469 fueron convocadas por Enrique IV de Castilla el 24 de septiembre de 1468 desde Casarrubios del Monte. En la circular enviada a las ciudades, el monarca manifestó dos razones para efectuar dicha convocatoria. La primera de ellas, para que su hermana Isabel de Castilla fuese jurada como princesa heredera, y la segunda, en términos más generales, se refería a la necesidad de pacificar el reino y consensuar las reformas pertinentes. Además, pidió a las ciudades enviar los mismos procuradores que habían asistido en las anteriores Cortes de Segovia de 1466, ya que consideró que se hallaban inconclusas.
Complicaciones La reunión de las Cortes de 1469 estuvo atravesada por un halo de dificultades. Cuenca y León retrasaron considerablemente el envío de sus diputados, los de Toledo apenas asistieron en alguna ocasión, mientras que los de Sevilla, Córdoba, Jaén, Murcia y Guadalajara simplemente se ausentaron.
Cuenca Una vez llegada la carta de la convocatoria, el concejo de Cuenca se aprestó el 11 de octubre a designar a sus dos procuradores: Pedro Carrillo de Albornoz y Alfonso Cabrera. Si bien es probable que hayan asistido a la jura de la princesa Isabel, lo cierto es que se ausentaron a la hora de presentar las peticiones al monarca. El 21 de enero de 1469 los pocos diputados reunidos en Ocaña dirigieron una carta a la ciudad suplicando que enviase sus representantes, pues a raíz de su ausencia no habían querido presentar los capítulos de reformas al rey.
Al día siguiente, comunicaron a la ciudad que su petición a Enrique IV referente a poder acuñar moneda menuda en ella por los problemas que atravesaba no podía ser válida hasta consensuar primeramente entre todos los procuradores una reforma monetaria general, sobre la que luego se podrían fijar las excepciones y los casos especiales. A todas estas misivas Cuenca recién respondió el 17 de febrero de 1469, dando a entender que había dado un poder de procuración a Juan de Salcedón, pero que luego de revocado, este se había obstinado en abandonar la Corte permaneciendo en ella en calidad de diputado. En otra carta dirigida a los procuradores reunidos en Ocaña anunció, por fin, el envío de sus representantes.
León Al igual que ocurrió con Cuenca, los procuradores reunidos en Ocaña junto a Enrique IV rogaron a León que envíase sus procuradores, aunque en realidad en términos más duros, pues afirmaron que de persistir en su negativa iniciarían los debates y tomarían los acuerdos necesarios como si las Cortes estuviesen completas. Finalmente, León envió sus procuradores: fueron Juan de Villamizar y Gonzalo de Villafañe.
Toledo Toledo al parecer sí envió procuradores, Alfonso de Silva y Álvaro de Toledo, pero éstos no asistieron más que una fracción muy reducida de las mismas, por lo que en la práctica se puede decir que la ciudad se ausentó en las Cortes de 1469.
Andalucía, Murcia y Guadalajara Tanto Sevilla, como Córdoba, Jaén y Murcia (esta última sometida al dominio del Adelantado) no enviaron representantes a las Cortes de Ocaña de 1469 por tratarse de núcleos alfonsinos que no aceptaban el arreglo adoptado a instancias del valido Juan Pacheco en los Toros de Guisando. La misma actitud sostuvo la ciudad de Guadalajara, que defendía la causa de Juana la Beltraneja, la cual precisamente se disputaba la sucesión con la que iba a ser jurada princesa heredera en estas Cortes: Isabel.
Peticiones de los procuradores Primeras peticiones El 15 de marzo de 1469 los procuradores reunidos en Ocaña elevaron al rey una petición que pedía, con base en un juramento hecho por Juan II en 1442 y también suscrito por él mismo, que no se enajenasen del patrimonio real ninguna renta, tierra, ni vasallos, pues se hallaba prácticamente esquilmado en su totalidad. La solicitud al monarca, que se encontraba por ese entonces en Madrid, vino dada a raíz de ciertas informaciones que hablaban de concesiones regias de vasallos. Consecuentemente en ese sentido, los procuradores suplicaron a Enrique IV que dichas mercedes no se concretasen, y que se comprometiese a respetar el juramento realizado por Juan II «pues esta debda entre otras deve a sus Reynos». En realidad, más que una petición se trató de una exigencia, pues de no hacer caso los diputados advirtieron que:
Asimismo, constituyó una crítica a la política enriqueña de concesión indiscriminada de mercedes:
El 19 de marzo, seis representantes de los propios procuradores (a saber, Iñigo Díaz de Arceo, procurador por Burgos, Gonzalo de Villafañe, por León, Rodrigo del Río, por Segovia, Rodrigo de Morales y Gonzalo de Molina, por la ciudad de Soria, y Francisco de Valdés, procurador de Zamora) le entregaron la petición al rey en la localidad Villarejo de Salvanés. Enrique IV se negó a leer el documento en el momento y respondió que lo examinaría más tarde. Gonzalo de Villafañe se avino entonces a expresar a viva voz su contenido, pero el rey simplemente la entregó a su secretario Juan de Oviedo para responderla llegada la ocasión.
Dos días después, el 21 de marzo, los procuradores se reunieron con la princesa Isabel en las casas del licenciado de la Cadena, en Ocaña, donde la futura heredera del trono dio lectura del documento y, en lo que vino a ser un acto simbólico, afirmó que ella haría todo lo posible para que su hermano Enrique IV cumpliese la petición.
Cuaderno de Cortes El cuaderno de peticiones data del 10 de abril de 1469 y contiene 30 de ellas, que se pueden agrupar en los apartados que se describen a continuación.
Revocaciones de mercedes Las primeras peticiones vienen en sintonía con el documento presentado al monarca en marzo. Se solicita a Enrique IV que en adelante no se lleven a cabo concesiones de vasallos y que se anulen las posteriores a 1464, por ser causas todas ellas de la pérdida de las libertades ciudadanas. Además, hacen un llamado a la rebelión antiseñorial cuando le piden al rey que autorice a las villas y ciudades concedidas a la nobleza en los últimos años a armarse y sublevarse contra sus señores:
El monarca respondió que, si bien reconocía la validez de estas peticiones, se veía impotente para cumplirlas, y que su aplicación acarrearía peores daños al reino de los ya vividos en la guerra civil.
Pero las pretendidas revocaciones incluían también otros tipos de mercedes: las dadas a personas de todos los estados y condiciones, a los cabildos, universidades y conventos. Se enumeran, entre otras, las quitaciones fijas asentadas en los libros reales y los juros vitalicios o por heredad, todas las cuales, según los procuradores, significaban un gasto enorme para el Estado y debían ser suprimidas o recortadas sin excepción alguna. Nuevamente asisten en este punto a una negativa real.
La siguiente petición solicita proceder del mismo modo con las mercedes dadas en plena guerra civil, durante la campaña de Simancas, a saber: cartas de hidalguía incluso firmadas en blanco, privilegios para tener ferias en ciertos lugares con franqueza de alcabalas y otros tributos, exenciones de pedidos y monedas, de moneda forera, yantares, martiniegas, aunque en este punto exceptuando a las ciudades con voto en Cortes, separación de ciertas villas de las jurisdicción de otras, escribanias de cámara, monterías, escuderías de caballo, secretarías y guardas. En esta petición las Cortes obtuvieron satisfacción, menos en lo que refiere a la separación de ciertos lugares de las villas de las que dependían originalmente. En cuanto al privilegio de las ciudades para seguir gozando de las exenciones de pedidos y monedas, el monarca simplemente se abstuvo de tratar la cuestión, quedando todo en un silencio ambiguo.
Las siguientes revocaciones se referían a los oficios acrecentados, es decir, oficios dados a una determinada persona por merced real y que conllevaban a un aumento de los integrantes de las corporaciones municipales, de allí su caracterización de "acrecentados".
Rentas Los procuradores mostraron su preocupación por quienes, teniendo desde siempre mercedes y rentas asentadas en los libros reales (se habla específicamente de escuderos, caballeros, dueños, doncellas e hidalgos), las perdían o veían disminuir sus ingresos a causa de la precariedad financiera de la Corona. Enrique IV respondió que sus rentas se hallaban esquilmadas, pero que vería la forma de calmar sus necesidades.
Se repitió, como era habitual hacerlo en las todas las Cortes anteriores, el problema de la paga puntual de los castillos fronterizos, a los cuales siempre les faltaba mantenimientos y el sueldo de los oficiales que trabajaban en ellos.
Los procuradores se quejaron también de que el monarca, a pedido del algunos nobles, había seguido recaudando un impuesto de montazgo sobre los ganados (establecido por el infante Alfonso mientras fue rey), incluso en zonas originalmente exentas de contribuir, lo que redundaba en perjuicio para los dueños de ganado.
La Hermandad Con el fin de averiguar el destino de los cuantiosos fondos destinados a la Hermandad, se estableció la formación de una comisión compuesta por dos miembros del Consejo para que tomasen cuentas al tesorero de la citada organización, presente en Ocaña.
Orden público En este plano los procuradores denunciaron los abusos de la guardia real, las exacciones de los señores poderosos, que expulsaban caprichosamente a sus enemigos de sus tierras, y la apropiación por parte del conde de Salinas de las villas de Pancorbo y Miranda de Ebro, pertenecientes a Burgos. Se pidió al monarca reveer estos asuntos para proveerles alguna solución.
Hacienda Los procuradores peticionaron para que los arrendadores, recaudadores y receptores del reino se presentasen ante los contadores de cuentas para dar fe de su labor, ya que en su poder retenían importantes sumas de dinero. Sugirieron la elaboración por parte de los contadores mayores de una relación dónde se especificase qué partidos, tributos y recaudadores habían estado al frente de ellos, lo que permitiría poner al día las cuentas hasta el año 1468.
Otra petición de los procuradores se refería a la revocación de las cartas de finiquito dadas durante la guerra civil, por las cuales aceptó recibir menos dinero del que debería haber ingresado a las arcas reales, acuciado por perentorias necesidades fiscales.
A ambas peticiones Enrique IV respondió afirmativamente, y en la cuestión de los finiquitos, ordenó que se descontasen de las cantidades que se le tenían que pagar, todos los gastos que habían hecho sus poseedores en recibirlas, además lo que habían pagado en su momento por ellas, más otra cantidad similar a esta última.
Las Cortes y la Hacienda Los procuradores manifestaron al monarca cierta desconfianza hacia el uso y finalidad que se les daba a los servicios de Cortes: