La Operación Gedeón (en referencia a los capítulos 6 a 12 del Libro de los Jueces de la Biblia) es el nombre código de un operativo militar-policial, apodado como masacre de El Junquito, que tuvo lugar el 15 de enero de 2018 en la Parroquia El Junquito del Distrito Capital de Venezuela, impulsado por Nicolás Maduro, que resultó en la desarticulación del grupo rebelde liderado por el policía e inspector sublevado del CICPC Óscar Pérez, en el marco del recrudecimiento de la crisis institucional, económica, política y social de Venezuela. El gobierno venezolano catalogó al grupo como una «célula terrorista» por tener en sus filas a diversos militantes que participaron en el ataque al Tribunal Supremo de Justicia en el 2017 y posteriormente en la sustracción de armas en el asalto al Fuerte de Paramacay.
Durante la madrugada del 15 de enero de 2018, fuerzas combinadas del CONAS, SEBIN, DGCIM, GNB, FAES, PNB y Policaracas realizaron una operación en el sector de El Junquito, enfocándose en la localización de Óscar Pérez, líder del grupo y ex-inspector o del CICPC, quien meses antes había tenido participación en acciones comandos contra instituciones del gobierno.
El resultado del operativo fue la muerte de diez personas, incluyendo siete miembros del grupo liderado por Pérez, dos oficiales de la Policía Nacional Bolivariana y un líder de los colectivos. Esta acción generó reacciones diversas. Algunos movimientos y organizaciones, tanto nacionales como internacionales, describieron el suceso como una «masacre» y/o «ejecución extrajudicial», especialmente en relación con la muerte de los miembros del grupo de Pérez.La oposición venezolana califica de ejecución extrajudicial la muerte de Óscar Pérez. Por otro lado, seguidores del chavismo y el presidente Maduro expresaron su apoyo a las fuerzas del orden involucradas en la operación. En 2019, el periódico español ABC publicó fotografías de los cuerpos que sugerían heridas de bala a quemarropa y ejecuciones extrajudiciales.
A finales de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre los hechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Antecedentes Ataque al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela
El 27 de junio de 2017, luego de tres meses de protestas antigubernamentales en las que habían sido asesinadas 93 personas para la fecha, el presidente Maduro declaró que si su gobierno caía, él y sus seguidores utilizarían la fuerza para restablecer el gobierno bolivariano. Aquella tarde, se mostró un vídeo mostrando a hombres con rifles de asalto flanqueando a Oscar Pérez, un inspector policial del CICPC, la agencia de investigación criminal de Venezuela, declarando que «somos nacionalistas, patriotas, e institutionalistas. «Esta lucha no es con el resto de las fuerzas estatales, es contra la tiranía de este gobierno».
Horas después de la liberación del vídeo, Pérez fue avistado pilotando un helicóptero de la CICPC sobre el Tribunal Supremo con una pancarta «desconociendo cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos». Mientras el helicóptero se acercaba al Tribunal Supremo, fueron oídos tiroteos en el área
En cadena nacional de radio y televisión, el ministro de Comunicación Ernesto Villegas, señaló que la aeronave voló hasta el Ministerio de Interior en el centro de Caracas y «efectuó alrededor de 15 disparos contra la edificación», mientras en la terraza de ese organismo se realizaba un «agasajo» con unas 80 personas. Luego, se dirigió a la sede del Poder Judicial donde «fueron efectuados disparos y lanzadas al menos tres granadas sonoras, de origen colombiano y fabricación israelí, de las cuales una no estalló y fue colectada». Poco después, se denunció que la Guardia Nacional Bolivariana asaltó la Asamblea Nacional, cuerpo legislativo de mayoría opositora. Maduro, quien se encontraba en una actividad por la conmemoración del Día del Periodista, ordenó el cierre del Palacio de Miraflores, ubicado en Caracas, Venezuela.
Más tarde efectivos de la Brigada de Acciones Especiales del CICPC se dirigieron al Aeropuerto La Carlota, donde habría aterrizado el helicóptero tras el ataque, para intentar detener a los perpetradores del ataque, sin conseguirlo. Más tarde, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil suspendió todos los vuelos a nivel nacional. El helicóptero utilizado en el ataque fue encontrado en la zona norte costera del Estado Vargas, en la localidad de Osma, según informó el vicepresidente Tareck El Aissami.
Sustracción de armas del comando de la Guardia Nacional izquierda|miniaturadeimagen|Reacción de Nicolás Maduro a la sustracción de armas en el comando de la Guardia Nacional de Venezuela en San Pedro de Los Altos, ordenando «plomo con los grupos terroristas». En diciembre de 2017, Óscar se atribuye el asalto al comando de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en Laguneta de la Montaña, estado Miranda, donde los asaltantes se fugaron en dos camionetas con 26 fusiles marca Kalashnikov, modelo AK-103, tres pistolas 9mm, modelo PGP, 108 cargadores de AK-103, tres cargadores de pistola, 3240 municiones para fusiles AK-103 y 67 municiones 9mm. El mismo día en una cadena nacional Nicolás Maduro afirmó haber dado la orden a las Fuerzas Armadas de disparar contra los ejecutores del robo, a quienes catalogó de terroristas y expresó:"Donde se aparezcan, le he ordenado a la Fuerza Armada ¡plomo con los grupos terroristas! ¡Plomo con ellos, compadre!"
Enfrentamiento Desarrollo El 15 de enero de 2018 el ejército venezolano y la Guardia Nacional lanzaron una operación después de descubrir la ubicación de Óscar Pérez, quien se refugiaba en una casa en el kilómetro 16 de la parroquia El Junquito de Caracas. Entre las 4:00 y las 4:30 AM HLV alrededor de 500 efectivos de seguridad, entre militares y policías, acordonaron y se acercaron a la casa. A las 6:46 AM HLV, Pérez afirmó en un video que su grupo había sido atacado, aunque mencionó que habían negociaciones en marcha. A medida que fue transcurriendo la mañana el funcionario sublevado subió varios vídeos a las redes sociales mostrando intención de entregarse a las autoridades policiales, sin embargo continuaban disparando.
izquierda|miniaturadeimagen|BTR-80As similares a los usados durante la operación Alrededor de las 8:30 AM HLV se produjo un tiroteo entre ambos bandos; no se conoce con certeza quién inició el tiroteo, pero ambas partes se culparon mutuamente por comenzar con las hostilidades. Pérez y su equipo se resistieron inicialmente al ataque, pero al reconocer que estaban rodeados Pérez intentó rendirse para salvar las vidas de los rebeldes al igual que de la familia viviendo en la casa. Alrededor de las 9:07 HLV las tropas empezaron a disparar lanzacohetes hacia el escondite del grupo. Pérez luego publicó un video en las redes sociales mostrando su cara cubierta de sangre declarando que los funcionarios no habían parado de atacar al grupo y que solo tenían órdenes de matarlos, a pesar de que Pérez gritó que se iban a entregar y que cesaran el fuego. Durante el enfrentamiento Pérez contactó a varias personas por teléfono, incluyendo a su exjefe del CICPC pidiéndole que enviara personal del fiscal general, que los medios de comunicación ofrecieran cobertura al enfrentamiento y que se le ofreciera una ruta para una rendición segura.
Finalmente, las fuerzas de seguridad usaron un BTR-80A durante el ataque, un transporte blindado de personal anfibio de fabricación rusa. El vehículo entró a la urbanización Araguaney, donde la operación se llevó a cabo, aproximadamente a las 11:35 AM HLV y llegó a su destino alrededor de las 11:45 AM HLV; un video grabado en el lugar sugiere que el BTR-80A abrió fuego contra la casa durante el ataque final.
Una investigación de Bellingcat y Forensic Architecture indica que Pérez y algunos miembros de su grupo armado murieron entre las 11:15 y 12:00 AM HLV. después de más de 2 horas de combate, Pérez y cinco de sus hombres: Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Israel Agostini, murieron en el enfrentamiento y otros seis fueron arrestados. Su muerte fue confirmada un día después por la policía nacional el día siguiente. Dos días después se reportó que una mujer embarazada y un niño murieron durante enfrentamiento. Según los certificados oficiales de defunción, Pérez y sus compañeros presentaban heridas consistentes con disparos en la cabeza, con la excepción de uno, quien murió por una herida de bala en el cuello, especificando que las fueron provocadas por armas de fuego, causando traumatismo craneoencefálico severo.
Según el ministro de interior Néstor Reverol, durante la operación murieron dos funcionarios del FAES y siete más resultaron gravemente heridos. También informó que lograron hallar su ubicación por una fuga de información cuando días antes el grupo ofreció una entrevista a Fernando del Rincón en el canal estadounidense CNN en Español, información que fue cuestionada horas después por el mismo periodista, en conversación directa vía Skype, con un miembro del grupo de Pérez en Venezuela. Heiker Vásquez, líder del colectivo "Tres Raíces" de la parroquia 23 de Enero de Caracas, también murió en el enfrentamiento. miniaturadeimagen|Audio filtrado de las comunicaciones militares de la operación. Las fuerzas de seguridad tuvieron un control precario sobre la operación y el operativo fue desorganizado . Los videos grabados por los servicios de seguridad durante el ataque muestran a los oficiales riéndose y descargando sus armas en dirección al escondite. En las comunicaciones interceptadas entre las fuerzas de seguridad los oficiales gritaban repetidamente en sus radios cese de fuego o que moviesen los vehículos que bloqueaban el paso de otros contingentes, a menudo sin éxito; las conversaciones también muestran que una de las granadas propulsadas por lanzacohetes (RPG) disparadas por los funcionarios falló su blanco y casi impacta contra otro grupo de oficiales. Fuera del lugar donde ocurrieron los hechos se reportó que actuaron más de 600 efectivos, quienes trataban de controlar los grupos de civiles que se encontraban manifestando a favor de Pérez. Según cálculos realizados por el portal Caraota Digital, el operativo costó alrededor de 70.000 dólares.
Días después, el cuerpo de Pérez, siguió en la morgue de Bello Monte bajo custodia militar y se le permitió a su tía Aura Pérez y demás familiares poder reconocerlo, junto al de los demás miembros del grupo. La delegación de la comisión de la Asamblea Nacional que investiga el caso anunció que asumiría los gastos funerarios del grupo rebelde. Pérez presuntamente fue observado en la morgue con tres heridas de bala en la cabeza. El 20 de enero los cuerpos de Abraham Agostini y José Díaz Pimentel fueron trasladados sin autorización de los familiares desde la Morgue de Bello Monte hasta el Cementerio del Este, en Caracas, donde las autoridades efectuaron la inhumación sin actos velatorios y sin el respectivo consentimiento de sus familias. Los restos de Lisbeth Ramírez Mantilla; Soto Torres y los hermanos Lugo, fueron llevados a los estados Táchira y Zulia respectivamente para ser enterrados. El periodista Nelson Bocaranda informó que el coronel de la Guardia Nacional Bladimir Lugo, imputado por Luisa Ortega Díaz por agresión en contra de diputados, periodistas, manifestantes y mujeres, fue el encargado de trasladar el cuerpo de Óscar Pérez hasta el lugar de entierro en el cementerio del Cementerio del Este, en Caracas, y de cerrar los accesos para evitar el ingreso de y familiares y otras personas al sitio. Pérez fue sepultado el 21 de enero en el Cementerio del Este.
En 2019 el periódico español ABC publicó fotografías de los cadáveres de los rebeldes que sugerían heridas de bala a quemarropa y presuntas ejecuciones extrajudiciales.