El referéndum de independencia de Cataluña de 2017, también conocido como 1 de Octubre y por el numerónimo 1-O, fue un referéndum de autodeterminación convocado por el Gobierno de Cataluña. El día 7 de septiembre de 2017, fue declarado ilegal e ilegítimo por el Tribunal Constitucional, el cual ordenó su suspensión. A pesar de lo anterior, fue llevado adelante por el gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña el 1 de octubre de 2017.
La Ley del Referéndum que lo haría posible fue aprobada el 6 de septiembre por el Parlamento de Cataluña, con los votos a favor de los parlamentarios de Junts pel Sí y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), en un pleno rodeado de una fuerte polémica. Dicha ley establecía que el referéndum sería vinculante y que se proclamaría la independencia dos días después de la publicación de los resultados oficiales en caso de que la opción «Sí» obtuviese más votos que la opción «No». No se requería una participación mínima. Los partidos de la oposición se negaron a votar dicha ley, excepto Catalunya Sí que es Pot, que se abstuvo.
Dentro del marco de la Constitución española de 1978, la ley fue considerada ilegal por ir en contra del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establece una mayoría de dos tercios en el Parlamento catalán para cualquier cambio en el estatus de Cataluña Previamente, el Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano creado por la Generalidad de Cataluña, calificó de ilegal un referéndum unilateral. La ley fue suspendida cautelarmente al día siguiente de su proclamación por el Tribunal Constitucional. Tras ello, el presidente de la Generalidad Carles Puigdemont indicó que ignoraría la orden de suspensión. Fue finalmente declarada inconstitucional por unanimidad de los magistrados del Tribunal Constitucional el 17 de octubre de ese mismo año, al entender el tribunal que la norma invadía competencias estatales y vulneraba la supremacía de la Constitución y la indisoluble unidad de la nación española y la soberanía nacional, según lo consagrado en la misma.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña solicitó a la Guardia Civil, Mossos d'Escuadra, Policía Nacional y policías locales que incautasen el material relacionado con el referéndum. Sin embargo, no se pudo requisar todo el material.
La pregunta planteada en el referéndum fue «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?». Los votantes debían responder únicamente con las alternaticas «Sí» o «No». El día de las votaciones, el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, Jordi Turull, informó que el apoyo a la independencia había superado el 90% del total de votos válidamente emitidos. Sin embargo, 400 colegios electorales habrían sido cerrados, precintados o intervenidos y, por tanto, los resultados provisionales correspondían a un 95% de votos emitidos. El resultado final, con el 100% de votos escrutados, no fue entregando por la Generalidad de Cataluña hasta el día 6 de octubre, contabilizando un total de con por el «Sí» y por el «No». La participación habría alcanzado solo un 43,03 % del padrón. Sin embargo, dichos resultados fueron ampliamente cuestionados tanto por las irregularidades detectadas durante el proceso, como por la falta de coherencia entre los resultados provisionales dados el día de la votación y los resultados definitivos publicados cinco días más tarde, así como por la falta de ratificación por un órgano independiente.
Los resultados provisionales publicados el día del referéndum no muestran diferencias importantes con respecto a la anterior consulta del 9N, en la que, al igual que en esta, la mayoría de los contrarios a la independencia no participaron. Igualmente, el resultado de votos favorables es similar al alcanzado por los partidos independentistas en las elecciones catalanas de 2015, que fueron planteadas, por algunos partidos, como plebiscitarias, y en las que los partidos explícitamente independentistas no consiguieron la mayoría de los votos, aunque sí de escaños.
El día de la votación se produjeron cargas policiales. Según el gobierno de la Generalidad, 893 civiles fueron atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña tras la actuación policial. La mayoría de los heridos era de carácter leve, aunque cuatro personas requirieron hospitalización, dos de ellas de carácter grave. El juez que investigó el caso por la denuncia presentada por la Generalidad estableció en 130 el número de heridos por las cargas policiales. A su vez, de acuerdo con el Ministerio del Interior, 431 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil resultaron heridos, 39 de los cuales requirieron tratamiento médico inmediato. Los 392 restantes sufrieron heridas por contusiones, arañazos, patadas o mordiscos propinados por los manifestantes.
Los observadores internacionales consideraron que la ley que posibilitaba el referéndum no cumplió una serie de buenas prácticas, y que el referéndum no pudo cumplir los estándares internacionales debido a las circunstancias adversas en que tuvo lugar y a la violencia policial. En un comunicado del día 2 de octubre, la Comisión Europea indicó que, bajo la Constitución española, el referéndum era ilegal e instó a las partes al diálogo. Indicó además, que cualquier secesión de un Estado miembro, implica que el nuevo Estado no sería parte de la Unión Europea.
Antecedentes
thumb|La Diada del Sí La convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña se remonta al año 2014, con la consulta sobre el futuro político de Cataluña. Se trataba de una «consulta popular no vinculante» que fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Finalmente se celebró un proceso participativo, lo que supuso la condena por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por delitos de prevaricación y desobediencia del presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, y los altos cargos Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega. Asimismo, el Tribunal de Cuentas les condenó a pagar los gastos que el erario público había asumido por la consulta, que ascendieron a 5,1 millones de euros.
Propuesta de convocatoria en 2017 A partir de marzo de 2017, la Generalidad de Cataluña anunció la intención de solicitar materiales como urnas y sobres para unas elecciones regionales. Algunos sostuvieron que estos preparativos eran en realidad un intento de organizar secretamente un referéndum, por lo que el 24 de marzo la Fiscalía Superior de Cataluña anunció una investigación para determinar si se estaba planificando un referéndum.
El referéndum estuvo inicialmente programado para el 17 de septiembre de 2017, a pesar de que estaba excluido (lo calificaban como «pantalla pasada») de las promesas electorales hechas por los partidos independentistas antes de las elecciones catalanas de 2015, cuyo resultado fue una mayoría parlamentaria para la coalición Junts pel Sí, junto con la Candidatura d'Unitat Popular-Crida Constituent, la cual consiguió 72 de los 135 escaños, aunque el porcentaje de voto para los partidos independentistas fue del 47,8%. El recién elegido Parlamento de Cataluña resolvió rápidamente celebrar un referéndum sobre la independencia, después de que la consulta de 2014 se hubiese reducido a un «proceso de participación ciudadana» no vinculante. Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló más tarde la resolución del Parlamento de Cataluña para celebrar la consulta.
thumb|right|300px|Carles Puigdemont anuncia fecha y pregunta del referéndum de independencia de Cataluña. El 9 de junio de 2017 el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, anunció que el referéndum se celebraría el 1 de octubre de 2017 y que la pregunta de la consulta seríaː «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Sí o no». Agregó que, a diferencia del realizado en 2014, este referéndum tendría carácter vinculante, porque se trataría de un «instrumento avalado por una amplia mayoría política y social» de Cataluña.
El referéndum quedó pospuesto a una hipotética convocatoria para el 1 de octubre. Dada la premura de los plazos, el Parlamento de Cataluña aprobó una reforma de su Reglamento, permitiendo debatir y aprobar leyes en un solo día. Esta reforma fue suspendida por el Tribunal Constitucional el 31 de julio de 2017 en base al artículo 161.2 de la Constitución española de 1978.
Ley del Referéndum
La mañana del 6 de septiembre la mayoría de miembros de la Mesa aprobaron la inclusión a trámite del Proyecto de Ley de Referéndum. Al inicio de la sesión, Marta Rovira de Junts pel Sí y Anna Gabriel de la CUP solicitaron la alteración del orden del día, utilizando para ello el procedimiento descrito en el artículo 81.3 del Reglamento del Parlamento de Cataluña. La publicación del proyecto de ley en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC) estuvo envuelta en cierta polémica.
El secretario general del Parlamento, Xavier Muró, y el letrado mayor del mismo, Antoni Bayona, se negaron a publicar el proyecto de ley y a firmarlo por considerarlo contrario a resoluciones anteriores del Tribunal Constitucional y, por tanto, ilegal. Anteriormente, los letrados de la institución habían avisado de la ilegalidad que supondría tramitar esta ley. La publicación en el BOPC fue tachada de «anómala» por varios grupos de la oposición, mientras la presidenta Carme Forcadell aseguraba que la publicación en el boletín era un «automatismo», y esta había sido «perfectamente legal y reglamentaria» en base al artículo 112 del reglamento del Parlamento de Cataluña.
El procedimiento llevado a cabo supuso «saltarse trámites habituales», reduciendo a un solo día el pleno y a dos horas el tiempo para presentar enmiendas, evitando debates en la Cámara e impidiendo la posibilidad de impugnar la ley ante el Consejo de Garantías Estatutarias.
La norma fue aprobada en un «hemiciclo medio vacío» con 72 votos a favor, de Junts pel Sí, la CUP y del diputado no adscrito Germà Gordó, y once abstenciones de los diputados de Catalunya Sí que es Pot, que se abstuvieron por considerar que el procedimiento no contaba con ninguna garantía y se estaban conculcando derechos de los parlamentarios y de la ciudadanía. Los diputados de Ciudadanos (Cs), Partido Socialista de los Catalanes (PSC) y Partido Popular (PP) habían abandonado el hemiciclo por considerar que la ley y su aprobación era ilegal. Como gesto simbólico, diputados del PP extendieron banderas catalanas y españolas sobre sus escaños, una parte de las cuales, las españolas, procedió a retirar la diputada Àngels Martínez, de Catalunya Sí que es Pot.
El mismo 6 de septiembre, pocas horas después de aprobar la Ley del Referéndum en el Parlamento de Cataluña, el Gobierno de Cataluña en pleno firmaba el decreto de convocatoria del referéndum. Conjuntamente se emitía el decreto de normas complementarias para la celebración del referéndum.
Una victoria del «Sí», en caso de que la votación tuviera lugar, implicaría una declaración unilateral de independencia de Cataluña en 48 horas, y la de «No», la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas.
Actuación de la Generalidad Compra y ocultación de urnas miniaturadeimagen|Fotografía de la urna usada en el referéndum, de plástico y con bridas para el cierre. La compra de las urnas para el referéndum fue discutida en el seno del Govern por primera vez a principios de 2017, llegándose al acuerdo en mayo de que fuera la conselleria de Governació, encabezada por Meritxell Borràs, del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), la que llevara a cabo el proceso de licitación de la compra de las urnas. Pero el concurso quedó desierto porque ninguna empresa se presentó.