El caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela, también conocido como el caso de RCTV ante la CIDH, fue una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual fue emitida como pronunciamiento su sentencia el 22 de junio de 2015, en la que se declaró responsable al Estado venezolano por la violación a ciertos derechos, entre ellos la libertad de expresión y discriminación, como fue el caso de RCTV consecuencia al cierre del canal de televisión conocido como RCTV (Radio Caracas Televisión) ocurrido el 27 de mayo de 2007, a raíz de que el Estado decidiera no renovarle la concesión del espectro eléctrico que había sido asignado a RCTV desde su fundación, así como tampoco permitirle la participación administrativa a este medio que expresaba críticas al gobierno. Con respecto a esto, la Corte declaró una violación a los derechos de libertad de expresión y a su vez la violación a los derechos de libertad de expresión en relación con el deber de no discriminación. Por último, el Tribunal encontró violados los derechos a un debido proceso, al plazo razonable y a ser oídos.

Antecedentes a los hechos (2001-2003) Posterior al paro nacional de 24 horas en el año 2001, en Venezuela se agudizó la polarización. Entre febrero y abril los gerentes de PDVSA iniciaron protestas por el nombramiento de Parra Luzardo invocando el argumento de la meritocracia. Cuando la CTV anunció el comienzo del paro general para el 9 de abril de 2002, trabajadores petroleros y Fedecámaras respaldan tales acciones. Sin embargo, el 7 de abril, en cadena de radio y televisión, el presidente Chávez despidió a gerentes y directivos de PDVSA. Los venezolanos que rechazan las decisiones del gobierno comenzaron a salir a las calles y no fue hasta la tarde del 11 de abril que la abandonaron.

RCTV, fue uno de los medios que fijó una fuerte postura en contra de las acciones del gobierno, asimismo no fue el único medio que decidió acatar el segundo paro nacional cívico convocado por Fedecámaras y la CTV. El 9 de abril distintas estaciones de radio y televisión cancelaron su programación habitual para transmitir entrevistas y noticias. Las cuñas publicitarias desaparecieron de los cortes comerciales porque los canales decidieron sumarse al paro nacional. En cada segmento se destaca la propaganda antichavista, además de promover los llamados a tomar las calles elaborados por la oposición. Cada convocatoria desbordó las expectativas de asistencia.

El 11 de abril, RCTV, Globovisión, Venevisión, Televen y distintos canales de televisión nacional transmitieron los hechos en vivo de aquella manifestación cuyo rumbo inicial era hacia PDVSA, pero por directrices de dirigentes de oposición cambió a Miraflores. Cuando la protesta llegó al puente Llaguno, Venevisión mostró imágenes de afectos al oficialismo disparando a los manifestantes. miniaturadeimagen|Marcha hasta Chuao el 11 de abril de 2002. A la llegada de la manifestación, Hugo Chávez ordenó una transmisión en cadena nacional para tratar de llamar a la calma, RCTV y Venevisión decidieron dividir sus pantallas a fin de mostrar los hechos que se suscitaban y la cadena del mandatario nacional. Durante los hechos ocurridos durante la madrugada del 12 de abril de 2002, muchos medios no transmitían debido a que habían recibido la orden de no hacerlo, sin embargo, RCTV decidió mostrar lo que sucedía, con una marcada postura en contra del gobierno.

Durante 2002 y 2003, muchos medios fueron cerrados, comprados y muchos otros cambiaron radicalmente su línea editorial a fin de que no fueran sancionados. Pero RCTV mantuvo su programación tradicional. A raíz de esta decisión, directivos del canal recibían constantes amenazas públicas y anónimas. El 12 de enero de 2003, el presidente Chávez hizo la siguiente advertencia al país: “Así lo adelanto a Venezuela. He ordenado revisar todo el procedimiento jurídico a través de los cuales se les dio la concesión a estos señores. La estamos revisando y si ellos no recuperan la normalidad en la utilización de la concesión, si ellos siguen utilizando la concesión para tratar de quebrar el país o derrocar el gobierno, pues yo estaría en la obligación de revocarles la concesión que se les ha dado para que operen los canales de televisión”. y el 27 de enero, el presidente declaró “no se extrañen si dentro de poco en Venezuela comenzamos a cerrar los canales de televisión”.

A partir de 2005 desde el Centro Nacional de Noticias, salían avances que interrumpen la programación de RCTV en materia de información y transmisiones especiales a motivo del proceso electoral.

Luego de la aprobación de la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión, desaparecieron distintos programas de opinión de Venevisión. de igual manera, dicha medida comenzó a propagarse en distintos medios. En RCTV los periodistas decidieron mantener una postura crítica informando sobre las medidas administrativas del Gobierno.

Movimientos ocurridos La corte concluyó que los hechos del caso se dieron bajo un panorama de tensión y negatividad posterior al golpe de Estado que ocurrió en el país en 2002, especialmente durante el paro petrolero que duró 62 días entre diciembre de 2002 y enero de 2003, y al comportamiento que los medios de comunicación tuvieron durante esos días. Se generó una polarización política que se manifestó mediante una notoria tendencia a la racionalización de la postura de los sectores involucrados. Por esta razón el Tribunal consideró probado “un ambiente de intimidación” hacia el medio de comunicación, que se generó por las declaraciones de altas autoridades del gobierno venezolano contra los periodistas.

RCTV era un canal de televisión abierta con cobertura nacional en Venezuela desde el año 1953. El medio transmitía programas de entretenimiento, información y opinión, y mantenía una línea editorial muy marcada hacia la oposición del gobierno de Hugo Chávez. Antes de que lo sacaran del aire, era el canal que contaba con más espectadores, era sintonizado por la mayoría de la población venezolana, aproximadamente el 85,44 %. Radio Caracas Televisión tenía la concesión bajo el Decreto 1.577 de 1987, que había sido renovada por el Estado. Operaba como televisión abierta y podía utilizar el espectro radioeléctrico correspondiente, por 20 años, es decir, hasta el 27 de mayo de 2007.

A partir del año 2002 el gobierno venezolano, incluido el presidente Chávez, emitió declaraciones de que no se iba renovar la concesión a RCTV. En 2006 se hicieron oficiales. En febrero de 2007 comenzó una campaña por parte del Estado contra el canal, para explicar la razón de porque no habría renovación. Esta se realizó a través de notas en los periódicos, pinturas en los muros y afiches en las instalaciones de las oficinas públicas.

El 5 de julio de 2002, RCTV solicitó formalmente, de acuerdo con el cronograma establecido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), que su título de concesión fuera transformado al nuevo régimen de la LOTEL (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, adoptada en el 2000). CONATEL no consideró la solicitud de transformación dentro del plazo de dos años, establecido en el artículo 210 de la LOTEL, sino que dio respuesta en marzo de 2007. En enero del año 2007, miembros de RCTV, asistieron a CONATEL, solicitando nuevos títulos de concesión.

El 24 de enero de 2007, el ministro Jesse Chacón, encargado del Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la informática (MPPCTI) y CONATEL, emitieron la comunicación N.º 0424 del 28 de marzo de 2007, la cual contemplaba la decisión de no renovar la concesión a RCTV. Así como también se dio a conocer la resolución N.º 002 del 28 de marzo de 2007, mediante la cual se eliminó el procedimiento administrativo correspondiente.A partir de dos solicitudes de amparo, el 25 de mayo de 2007 el Tribunal Supremo de Justicia, ordenó dos medidas cautelares, en las cuales le asignó a CONATEL el derecho de uso de los bienes de propiedad de RCTV con la finalidad de que la Fundación Televisora Venezolana Social (TVes) contará con el lugar para su transmisión nacional.

Medidas judiciales antes del cierre Acción de amparo constitucional: fue declarada inadmisible el 17 de mayo de 2007 por el TSJ, se manifestó que los agraviados contaban con otra vía judicial idónea para impugnar los actos administrativa Recurso contencioso administrativo de nulidad en conjunto un amparo cautelar y unas medidas cautelares innominadas: fue propuesto en 2007 por un grupo de periodistas y directivos del canal. Ese mismo año se comenzó con la recaudación de pruebas pero hasta la fecha de la presente sentencia no ha sido resuelto. Oposición a las medidas cautelares dictadas por el TSJ: pendiente respuesta hasta la fecha. Denuncias penales: en 2007 RCTV denunció ante la Fiscalía Superior de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el medio solicitó la apertura de una investigación penal por delitos contra el patrimonio y otros delitos que están contemplados en la Ley contra la Corrupción. En 2008 está investigación fue cerrada puesto que el Juzgado Quincuagésimo Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Área de Caracas declaró con lugar la solicitud de desestimación formulada por la fiscalía. Radio Caracas Televisión apeló esta decisión pero también fue desestimada.

Breve enlace a la historia El 27 de mayo de 2007 a las se venció la concesión al canal pionero de Venezuela, RCTV. Fundado el 15 de agosto de 1953 por William Phelps Jr. Actualmente es reemplazado por la señal de Tves.

Acontecimientos El presidente de ese entonces, Hugo Rafael Chávez Frías informó en diciembre de 2006 a las 7pm que no otorgaría la renovación de concesión al canal, ya que el mismo atentaba contra las ideas del presidente y la nación en general. Radio Caracas Televisión contaba sus últimos días en señal abierta, a raíz de su alegada posición durante el golpe de Estado de 2002, y por haber respaldado el paro petrolero de 2002-03.

Acusaciones nacionales Los directivos de RCTV en conjunto con el canal de noticias Globovisión, declararon que en ese año no se vencía la licencia y que por el contrario tenía vigencia hasta el año 2021, dichas declaraciones fueron apuntados como no válidas y que todos los miembros de dicho canal deberían acatar a lo dictado por el presidente Chávez.

Por otro lado, los opositores y varios artistas llevaron a cabo protestas en donde se exigía la libertad de expresión, ya que el canal estaba señalado para censurar y cerrar su señal. En enero de 2007 los directivos de RCTV enviaron una carta al ministerio de Telecomunicaciones e Informática, que fue respondida tarde, en marzo.

Mirada internacional Acusaciones internacionales

Un mes antes del cierre del canal RCTV, el 20 de abril del 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA informó a dicho canal que había tomado la decisión de interponer una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), contra el gobierno de Venezuela y su presidente Chávez.

El gobierno de Venezuela toma la postura de retirar a país de la corte.

Por otro lado, varios países se pronunciaron entre ellos Uruguay, estos emitieron fuertes declaraciones en rechazo al cierre de RCTV. Jorge Gandini, diputado en e Uruguay afirmó que «el gobierno de Venezuela se apresta a aplicar una interpretación arbitraria de su legislación para censurar para siempre a un medio de comunicación de enorme prestigio como es Radio Caracas Televisión».

Medidas preliminares Venezuela presentó dos excepciones preliminares: La presunta incompetencia de la Corte para la protección de personas jurídicas: el Tribunal consideró que las presuntas violaciones a los derechos consagrados en la Convención, son alegadas respecto a afectaciones a los accionistas y trabajadores como personas naturales, por lo que encuentra improcedente la excepción preliminar de incompetencia interpuesta el Estado.