Los desaparecidos en el Perú durante la época del terrorismo se refiere —de acuerdo con la ley peruana— a todas aquellas personas sobre las cuales, a causa de los hechos ocurridos durante la época del terrorismo en el Perú (1980-2000) se carece de certeza legal acerca de su ubicación o cuyo paradero es desconocido por sus familiares. Inicialmente no se contaba con una cifra exacta sobre las personas desaparecidas en este periodo, pero se calculaba que serían alrededor de 16,000. En abril del 2018, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas presentó un estudio que arrojaba como cifra oficial la cantidad de 20,329 personas desaparecidas.
Los eventos de desaparición ocurrieron casi desde el inicio del periodo (año 1980), afectando principalmente al departamento de Ayacucho. Mientras que las demandas por conocer la verdad sobre los casos de desaparición en el Perú surgieron desde inicios de la década de los ochenta, recién a mediados de la década del 2000 empezaron a abrirse oportunidades significativas para atenderlas y desbloquear las investigaciones sobre el tema. Definición thumb|200px|derecha|Mapa del número de personas desaparecidas en los últimos tiempos. El Perú aparece como uno de los lugares donde más personas El instrumento internacional más recurrentemente citado para hablar de desaparecidos es la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994), que define la desaparición forzada como «la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes». Este concepto pone énfasis en la comisión misma del acto de desaparición y el tipo de agente que lo realiza, poniendo el acento en la responsabilidad estatal -directa o indirecta- en la ocurrencia de la desaparición, entendida además como delito.
La definición presente en la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas Durante el Período de Violencia (1980-2000) tiene un enfoque distinto: en lugar de centrarse en el acto de desaparición y el agente responsable, pone el énfasis en la condición de desaparición y en lo que ello significa para la familia y los seres queridos de la persona desaparecida. Así, el texto legal entiende como «persona desaparecida» a aquella «cuyo paradero es desconocido por sus familiares o sobre la que no se tiene certeza legal de su ubicación, a consecuencia del período de violencia 1980-2000». Para esta definición es secundaria la identificación del responsable de la desaparición, pues apunta sobre todo a la búsqueda del cuerpo antes que al señalamiento de un delito.
Por lo demás, lo que estas y otras definiciones tienen en común es que reconocen el carácter pluriofensivo de la desaparición, dañándose sobre todo los derechos a la libertad física, la vida y la integridad personal. Asimismo, la desaparición, aun cuando puedo haber ocurrido en décadas pasadas, se prolonga en el presente, pues el desconocimiento sobre lo sucedido con la persona desaparecida impide a sus familiares culminar el proceso de duelo y, en gran cantidad de casos, les genera una serie de secuelas duraderas en los niveles físico y psicológico.
Principales características thumb|Área de operaciones en el Perú, donde las organizaciones subversivas estuvieron activas de 1980 a 2000. De acuerdo con un informe de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), organización no gubernamental, las principales características de la desaparición de personas durante el periodo de violencia que vivió el Perú entre 1980 y el 2000 son las siguientes:
a) Ocurrieron bajo gobiernos democráticos;b) Estos gobiernos abdicaron de su autoridad democrática: las instituciones del poder civil del Estado, tanto políticas como judiciales, no ejercieron un control del estricto cumplimiento de las leyes y compromisos internacionales relacionados al uso de la fuerza pública para reprimir a la subversión armada;c) Tuvieron un carácter masivo desde el inicio;d) Ocurrieron en un periodo largo de tiempo y manteniendo siempre gran intensidad;e) Se realizaron con sistematicidad;f) Se realizaron con impunidad;g) Afectaron principalmente al departamento de Ayacucho;h) La inmensa mayoría de afectados fueron campesinos, varones, mayores de edad, habitantes de zonas urbanas;i) De acuerdo con las denuncias, los principales responsables fueron miembros de las Fuerzas Armadas
j) Se produjeron en una situación de alteración de la situación política y jurídica de las zonas de emergencia;k) Autoridades policiales y militares negaron las detenciones y rechazaron las investigaciones;l) La distancia cultural y el desprecio acentuaron la crueldad de los hechos de violencia;m) Los poderes políticos han construido narrativas para bloquear las investigaciones y menospreciar el dolor de los familiares.
Según las estadísticas del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, Perú estuvo por más de una década entre los países con mayor número de desapariciones forzadas en el mundo y en dos ocasiones fue el primero (1986 y 1992). El Grupo recibió entre 1983 y 1996 un total de 3004 denuncias, de las cuales 2368 estaba pendientes de aclaración en el año 2000. Asimismo, el Perú estaba en el quinto lugar en el mundo respecto del número de desapariciones forzadas en el periodo 1980-1995. De acuerdo con esta organización, Perú fue el único país del mundo que presentó denuncias por desaparición forzada de forma ininterrumpida entre 1983 y 1996, y el único en presentar más de cien casos por año entre 1983 y 1992.
Antecedentes Las desapariciones en el Perú adquieren un carácter dramático, sistemático y frecuente a partir de los años ochenta. Sin embargo, se sabe de algunas casos que tuvieron lugar en la segunda fase del gobierno militar, que dejó el poder los primeros meses de 1980. Así, el 7 de agosto de 1977 el obrero Jesús Alberto Páez fue víctima de desaparición; según testigos, el secuestro fue cometido por agentes de la Marina de Guerra. En 1980, cuatro ciudadanos argentinos presuntamente pertenecientes al movimiento Montoneros fueron desaparecidos en la ciudad de Lima; se cree que el secuestro fue perpetrado por miembros del Ejército Argentino actuando en complicidad con altos oficiales del Ejército Peruano, en el marco del denominado Plan Cóndor.
A mediados de 1992, miles de peruanos buscaban en las embajadas de numerosos países un pasaporte salvador para huir; muchos se fueron por falta de trabajo y por miedo, y hasta se especuló con una victoria de Sendero Luminoso que habría significado una desaparición del Perú como Nación. A partir de una fuente norteamericana, la revista Caretas publicó un mapa con grandes flechas marcando el rumbo de una invasión de los países vecinos (Chile, Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador). Con un triunfalismo notable, Sendero Luminoso anunció que su guerra había llegado a una etapa de "equilibrio estratégico", que – en consecuencia – tenía serias posibilidades de ganar, y que tomaría el poder en dos o cuatro años más. La sorpresiva detención de Abimael Guzmán en septiembre de 1992 produjo un giro radical e inesperado en el proceso de violencia política del país, pues el triunfalismo pasó al otro bando. En la campaña electoral de 1995 para su reelección el presidente Fujimori anunció que a fines de ese año tanto Sendero Luminoso cuanto el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru estarían "liquidados".
Actores involucrados y número de víctimas En la última parte del , el Perú vivió un periodo de violencia armada organizada que tuvo como actores principales a las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, a las Fuerzas Armadas y Policiales y a unidades campesinas y amazónicas de autodefensa. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) peruana, que empezó a trabajar en junio del 2001 y entregó su Informe Final en agosto del 2003, caracterizó a esta etapa como conflicto armado interno estimó que tuvo lugar entre los años 1980 y 2000. Asimismo, calculó cifras de casi 70 mil víctimas mortales (muertos y desaparecidos), 40 mil niños huérfanos, más de 20 mil mujeres viudas y aproximadamente medio millón de desplazados internos como resultados de dicho proceso.
En el anexo 5 del Informe Final de la CVR se señala que en una iniciativa conjunta con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja, se elaboró lista preliminar de 7613 personas desaparecidas, de las cuales 2144 lograron ser documentados. De esta última cifra, el 43,65 % se atribuye a hechos presuntamente efectuados por el Estado o grupos particulares que cooperaron con él, el 33,97 % a los grupos subversivos, y del 22,38 % no se determinó agente responsable.
Desaparición forzada por agentes del Estado miniaturadeimagen|Prendas exhumadas de niños enterrados en la fosa clandestina de Putis. En esta comunidad agentes del Estado asesinaron a más de 120 habitantes y posteriormente los enterraron en fosas comunes. Donación de Sergio Condoray, Presidente de la Asociación de Víctimas de Putis al Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Lima, Perú. Si bien al día de hoy se tiene una cifra oficial de 20,329 personas desaparecidas como consecuencia de la violencia armada, la mayor parte de recuentos históricos sobre el conflicto armado y las víctimas mortales se ha hecho tomando en cuenta casos y reportes habidos hasta el año 2003, cuando se calculaba un número menor de personas desaparecidas. Mientras que el informe de COMISEDH abarca el periodo 1982-1996 y toma como referencia la cifra de 4,315 personas desaparecidas, la sección sobre desaparición de la CVR toma como referencia reportes de 4,414 casos de desaparición forzada de personas atribuidas principalmente a agentes del Estado. De acuerdo con el análisis que la CVR hizo de dichos reportes, se calculó que más del 55 % de dichos casos ocurrieron en Ayacucho, siendo los años con la mayor cantidad de casos reportados los de 1983-1984 (40 % del total de casos reportados) y 1989-1990 (23 % de los casos), constituyendo así los picos de la desaparición forzada en el país.
Respecto del primer pico, este representaría el efecto del ingreso de las Fuerzas Armadas a la lucha contrasubversiva el 29 de diciembre de 1982, cuando reemplazaron a las Fuerzas Policiales en el control del orden interno en las provincias del departamento de Ayacucho declaradas en emergencia. Según la información recopilada por la CVR, la cantidad de casos reportados para 1983 es treinta veces superior (3000 %) que para 1982. El 21 de enero de 1983, se reforzó la presencia militar en ese departamento cuando la Marina de Guerra fue destacada para el control de las provincias de Huanta y La Mar. Ante la envergadura que adquirieron los casos de desaparición forzada de personas, se creó el Comité de Familiares de Desaparecidos en septiembre de 1983. En 1985, dicha organización asumió la denominación de Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) en Ayacucho.
En 1984, los casos de desaparición forzada reportados a la CVR se incrementan nuevamente en un 30 % respecto del año anterior. Ayacucho seguía siendo el principal escenario donde se practicaba este tipo de crimen: cerca del 85 % de los casos reportados a la CVR para 1983-1984 ocurrieron en esa localidad. La evolución de los reportes para 1984 revela, además, que fue en los meses de julio y agosto en los que se habría perpetrado el mayor número de casos de todo el conflicto armado interno.