El Caso Cooptación del Estado de Guatemala es un caso de corrupción que fue descubierto por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público el 2 de junio de 2016, y que tuvo su origen en las diligencias judiciales realizadas luego del Caso de La Línea en Guatemala -especialmente los allanamientos y las escuchas telefónicas- se detectó que en realidad se trataba de una organización criminal que llegaba hasta los entonces Presidente y Vicepresidenta del país, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, respectivamente.
Al hacer un ordenamiento minucioso de la documentación incautada físicamente, así como en dispositivos electrónicos, se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008. A partir del trabajo de investigadores financieros se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral que llevó al Partido Patriota al poder en 2011, y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015). Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la electoral en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
Así, varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero con apariencia de legalidad y cuyo fin era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura.
Antecedentes El 16 de abril de 2015, la CICIG y el Ministerio público consignaron a veintidós personas, miembros de la banda «La Línea», dedicada a defraudar al fisco por montos millonarios. Entre ellos se encontraban: Juan Carlos Monzón secretario privado de la vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti, y los dos últimos titulares de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT), Carlos Muñoz y Omar Franco. Luego, el 20 de mayo de 2015, se descubrió el caso de corrupción de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuyos integrantes fueron capturados por supuestas anomalías en un contrato que el seguro social firmó con la empresa farmacéutica PISA, por medio de la cual se brindaron servicios a pacientes con enfermedades renales y que es acusada de causar la muerte de varios pacientes por las deficiencias en el tratamiento, falta de limpieza e insuficiencia de las instalaciones. Por último, la CICIG y el MP descubrieron el 9 de julio de 2015 un caso de corrupción que involucró a las empresas energéticas Jaguar Energy y Zeta Gas y a exfuncionarios del gobierno del general retirado Otto Pérez Molina. Entre estos últimos están Gustavo Martínez -exsecretario de la presidencia y yerno de Otto Pérez Molina- y Edwin Rodas, -ex viceministro de Energía y Minas-. El supuesto líder de la red habría sido César Augusto Medina Farfán, quien ya estuvo involucrado en la Conexión Panamá, durante el gobierno de Alfonso Portillo.
El 16 de julio de 2015, la CICIG presentó el informe El financiamiento de la política en Guatemala, en el cual se detalla cómo el dinero que financia la política guatemalteca es ilícito pues al no registrar los orígenes del financiamiento y al aceptar recursos de fuentes oscuras, la mayoría de partidos estaría traspasando la frontera legal.
Investigación Toda la documentación incautada fue sometida a una investigación y análisis minucioso que incluyó la reconstrucción de los movimientos bancarios de cada una de las entidades, el establecimiento de las actividades mercantiles, el origen y destino de los dineros que a través de las entidades circularon en ingresos y gastos y el perfil de los clientes, socios y representantes legales. Lo anterior permitió establecer que Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, fueron los creadores y beneficiarios de todo el conglomerado empresarial por medio de testaferros. A través de estas empresas, ambos recibieron beneficios de todo tipo: desde el pago de servicios públicos, arrendamientos, gastos de tarjetas de crédito, compra de pasajes, ropa, joyas, enseres, electrodomésticos, muebles para residencias y oficinas, hasta la compra de aviones, helicópteros, vehículos, motocicletas, lanchas, terrenos, casas, fincas, bodegas, oficinas y villas, así como los gastos de remodelación, decoración y mantenimientos de los mismos. A medida que avanzó la investigación se detectaron nuevas entidades vinculadas a la red empresarial, lo que condujo a realizar nuevos allanamientos para documentarlas. Se recibió además casi un centenar de declaraciones ministeriales de socios y representantes legales de las empresas, abogados, auditores, contadores y proveedores de servicios.
Modalidad 1 de financiamiento electoral ilícito: El caso de las televisoras
En 2008 Pérez Molina, secretario general del PP, se perfilaba como el candidato presidencial, por lo que captar fondos destinados a la campaña electoral era una prioridad para la estructura. Para ello se echó a andar un entramado de empresas controladas por Roxana Baldetti para captar fondos, entre ellas: Comercial Urma, Publicmer, Publiases y Serpumer. Las entidades empiezan a recibir flujos de dinero de Radio Televisión Guatemala S.A. (Canal 3) y Televisiete S.A. (Canal 7).
Conforme avanzó la campaña, Radio Televisión Guatemala y Televisiete incrementaron los pagos a las cuatro empresas hasta alcanzar la suma de Q17,679,200.00. Mensualmente, y generalmente en la misma fecha, se registraban dos pagos por Q215.600.00, uno de cada una de las televisoras. Las empresas de televisión que hicieron pagos a entidades de Roxana Baldetti durante la campaña (2008-2011) fueron beneficiadas con contratos millonarios a partir de la toma de posesión del nuevo gobierno en 2012.
Las empresas Publiases, Publicmer, Serpumer y Urma fueron instrumentos para canalizar el dinero que de manera oculta entregaban los representantes de las empresas de televisión a la entonces diputada y aspirante a la Vicepresidencia, Roxana Baldetti. Este dinero no se reportó al Tribunal Supremo Electoral y se utilizó para la compra de vehículos último modelo —diez camiones, un microbús, cuatro camionetas Toyota y una camioneta Chevrolet—, los cuales se utilizaron para la campaña presidencial del Partido Patriota.
Modalidad 2 de financiamiento electoral ilícito: Conglomerados de empresas A la estructura criminal del Partido Patriota le fue fácil hacerse con el poder gracias al financiamiento de empresarios de todo tipo. Los empresarios entregaban el dinero a las entidades que los operadores del PP les indicaban, a sabiendas de que no recibirían por ello algún bien o servicio, pues en la mayoría de casos se trataba de empresas de cartón. Respecto a los pagos vía constructoras, a los empresarios se les facturaba por servicios intangibles y difíciles de rastrear —por ejemplo «uso de maquinaria por mil horas».
Modalidad 3: Simulación del origen del financiamiento reportado al TSE Como todas las organizaciones políticas, el Partido Patriota entregaba de forma mensual su reporte de gastos de campaña al TSE. Sin embargo, en los informes sobre «Ingreso de Aportaciones Dinerarias por Afiliados y Simpatizantes», firmados por Julio Cesar Godoy Anleu del órgano de fiscalización del partido, se detectaron varios financistas que triangularon fondos para ocultar el origen del dinero. Con esta modalidad el Partido Patriota ingresó dinero que provenía de empresas y personas particulares, cuyo origen se ocultó por medio de las empresas de Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández.
En los reportes consignados al TSE se ve mes a mes como las empresas de Monzón y Hernández aparecen reiteradamente como financistas, cuando en realidad recibían fondos de otras entidades.
Gobierno del Partido Patriota
El 14 de enero de 2012 la estructura criminal asumió el poder y su maquinaria ilícita de lavado de dinero siguió operando y se amplió. Para ello se valieron de operadores claves a quienes se les asignaron determinadas instituciones, los cuales respondían a un mando único integrado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Desde ahí se coordinó todo un andamiaje paralelo que operaba en función de los intereses del grupo criminal, por medio de cobro de comisiones en contratos con el Estado, así como asignación de obras y servicios, entre otros.
Rol del operador Es importante señalar el rol que jugaron los distintos operadores en el esquema criminal, pues eran clave para que la estructura consiguiera sus objetivos.
Eran el Poder Real: Ejercían el poder real de las entidades. En algunos casos el operador era de facto -no estaba nombrado en la institución a su cargo- y en otros casos si tenía cargo público. Determinaban Prioridades en las Instituciones Dependiendo de los Intereses de la Estructura: programas, proyectos, contratos y pagos de deuda entre otros, eran priorizados con el objetivo de recaudar determinadas comisiones. Pactaban el Cobro de las Comisiones o ICM: tramitaban una comisión de por lo menos el 10%, denominada «Incentivo Comercial Monetario» o «ICM» para tramitar los contratos nuevos y en curso. Control de Pagos: controlaban la gestión en pos de obtener dineros para la estructura en función de la posición jerárquica, normalmente 60% para Presidente y Vicepresidenta y 40% para los restantes partícipes. Niveles de los Operadores: había divisiones, pues por el número de instituciones a su cargo, se identifican grandes operadores y otros de mediano tamaño.
Alcances de la estructura En las diligencias de investigación se identificaron al menos cuatrocientos cincuenta contratos dentro de instituciones del Estado que fueron diligenciados por esta estructura criminal. En varios de estos casos fue clave el análisis de las evidencias digitales y documentales recuperadas en los allanamientos practicados a partir del mes de abril de 2015, lo que permitió descubrir los registros de control de ingresos financieros ilegales que consignaba Juan Carlos Monzón. A partir de los registros encontrados, se evidenciaron los contratos que las entidades intervenidas por la estructura asignaban a determinados contratistas contra pago de comisiones, el cual era distribuido entre jefes y equipo. A este mecanismo dentro de la estructura se le denominó «Incentivo Comercial Monetario» (ICM). Se determinó que el monto de ICM asciende por lo menos a quinientos millones de quetzales.
Las capturas Los capturados por este caso fueron: