Reforma eclesiástica de Rivadavia es el nombre que –en el marco más amplio de las reformas llevadas a cabo por Bernardino Rivadavia, ministro del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez– se da a la ley de 1822 mediante la cual dicho Estado provincial adoptó una política regalista y modificó la organización de la Iglesia católica por la que suprimió el fuero eclesiástico, eliminó el diezmo, encargó al Estado provincial bonaerense el costo del culto manteniendo como recursos de la Iglesia las primicias y los emolumentos, creó el colegio Del Sol de Bahía Blanca y el Colegio Nacional de Estudios Eclesiásticos, reorganizó el Cabildo eclesiástico -que pasó a llamarse Senado del Clero-, suprimió órdenes religiosas del clero regular traspasando a los religiosos al clero secular y expropió los bienes inmuebles y rentas de los conventos que fueron suprimidos.
El proceso reformista Entre 1820 y 1827 se desarrolló en Buenos Aires y, en cierta medida, en Cuyo, un proceso de reformas que abarcó los ámbitos militar, económico, administrativo, cultural y religioso, conocidas en Buenos Aires como reformas rivadavianas, por haber sido impulsadas en esa provincia, por Bernardino Rivadavia, quien era ministro del gobernador Martín Rodríguez.
De todas estas reformas rivadavianas, sin duda, la reforma eclesiástica o religiosa fue la que en ese momento motivó la polémica más virulenta sino la que además, a lo largo de los años, ha seguido siendo un tema de enfrentamiento renovado en debates ideológicos actuales.
Encuadre y contenido de la reforma eclesiástica La reforma eclesiástica en la provincia de Buenos Aires estuvo precedida de decretos que la anticipaban y tras un encendido debate, en diciembre de 1822 se sancionó.
Sus principales disposiciones fueron: la supresión del fuero eclesiástico, la eliminación del diezmo, asumiendo el Estado el costo del culto católico y manteniendo como recursos de la Iglesia las primicias y los emolumentos, la creación del Colegio Nacional de Estudios Eclesiásticos, la reorganización del Cabildo eclesiástico -que pasó a llamarse Senado del Clero- la fijación de las condiciones para la secularización voluntaria de los religiosos del clero regular y la expropiación de los bienes inmuebles y rentas de algunos conventos que fueron suprimidos.
El proyecto original preveía la eliminación del clero regular –salvo el de monjas–, muy criticado por su desorden, la desobediencia de sus miembros y los escándalos a los que se los vinculaba. La comisión de la Legislatura que lo estudió se inclinó por su reforma y, finalmente, se llegó a una fórmula de transacción conforme la cual se dispuso su reforma con miras a preparar su futura extinción.
José Carlos Chiaramonte, un historiador estudioso de la Ilustración hispanoamericana y especialmente rioplatense, que analizó la naturaleza de las primeras entidades soberanas después del comienzo del movimiento independentista así como las concepciones políticas implicadas en su aparición, dice que a partir de la reasunción de facultades soberanas por parte de las provincias luego de la caída del poder central en 1820, el proceso de institucionalización de un estado independiente mostró muchos de los aspectos positivos que Buenos Aires podía esperar del disfrute de su posición de privilegio sobre el Río de la Plata debida, sobre todo, al usufructo de las rentas de la Aduana, el control de la navegación fluvial y la regulación del comercio exterior. Conscientes los porteños de esas ventajas, el proceso de organización de ese Estado dio lugar a un brillante movimiento reformista impulsado por una amplia elite “ilustrada” de laicos y eclesiásticos que encaró las reformas a partir del gobierno de Martín Rodríguez y que se extendndió hasta la crisis de 1827.
Al impulso cultural modernizador que se apreció en medidas tales como la revitalización de la Ley de Prensa de 1811, la prohibición de las corridas de toros, el florecimiento del teatro, la creación de instituciones tales como la Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires, la Sociedad Literaria, la Universidad de Buenos Aires, las diversas Academias, etc. se agregaron logros en el terreno político y económico.
Ese ímpetu reformista del periodo rivadaviano no pudo dejar de generar fuerte resistencia; tanto la orientación de la enseñanza, la prédica doctrinaria de la prensa y las medidas que afectaban el papel o la imagen de la Iglesia, motivaron por momentos acres disputas, de las cuales las más virulentas fueron desencadenadas por la reforma eclesiástica que, por otra parte, tuvo, con matices, un fuerte apoyo del clero secular de Buenos Aires. Nancy Calvo, que en época reciente ha escrito sobre la reforma, retrocede a los primeros años del para señalar que allí se comenzó a notar una disminución en las ordenaciones y una menor calidad de la formación sacerdotal en las aulas del colegio San Carlos. Al surgir para los jóvenes nuevas opciones en el ejército y la política, el sacerdocio perdió atractivo para muchos de ellos. El clero regular atravesaba una prolongada crisis evidenciada en el abandono de los conventos, en el incumplimiento de los votos y en la creciente insubordinación y las peleas internas durante las deliberaciones de los capítulos generales. La llegada de la Revolución de Mayo, en 1810, provocó un estado deliberativo dentro del clero, y la alineación de sus integrantes en las facciones en pugna exacerbaba los conflictos.
La interrupción de la relación con España derivó en una incomunicación con Roma y, por ende, en la imposibilidad de designar nuevos obispos pues las autoridades locales se consideraban con derecho a ejercer el Patronato. También la fragmentación geográfica agregó un elemento de perturbación. La sede arzobispal de Charcas quedó fuera de la órbita del gobierno independiente y, por otra parte, a partir de 1820 las diócesis con sede en Buenos Aires, Córdoba y Salta vieron cómo su territorio diocesano se desmembraba en varios estados provinciales, cada uno de los cuales pretendía para sí el ejercicio del Patronato regio. Esto incidía además en la recaudación y distribución de los diezmos y provocaba confusión en el tema de las atribuciones judiciales propias de la jurisdicción eclesiástica.
Análisis de la reforma Para Chiaramonte las querellas desatadas por las llamadas reformas rivadavianas han sido pocas veces objeto del tratamiento adecuado.
En algunos pesa un criterio historiográfico faccioso que ve la obra del demonio en lo que no era otra cosa que la prolongación de las tendencias reformistas españolas, enraizadas en parte en la misma Iglesia.
Otros, intentando poner sordina a las disputas, tienden a disminuir la percepción de lo que constituyó sin lugar a dudas uno de los propósitos claves de la reforma: el de desterrar a la vez las concepciones organicista de lo social predominantes en la Iglesia, en cuanto adversas a la sustancia del régimen representativo liberal que se buscaba, y la índole corporativa de su participación política, de manera de relegar al clero a la tarea de formación moral de la población, especialmente de su parte más numerosa, y riesgosa para el orden social. No cabe duda, entonces, de que entre los asuntos más afectados por los preconceptos historiográficos heredados del siglo pasado, las relaciones de los gobiernos independientes con la Iglesia figura en los primeros lugares.
Esta posición está bien alejada de la sustentada por historiadores de orientación confesional como Cayetano Bruno para quien Rivadavia “falto de originalidad y desconocedor de las verdaderas exigencias del país …intentó remedar estructuras y alteraciones de la vieja Europa, injustas en sí y totalmente ajenas a nuestras necesidades”Cayetano Bruno: Historia de la Iglesia en la Argentina, citada por Lucía Gálvez de Tiscornia o el padre Guillermo Furlong para quien la confiscación de los bienes de la Iglesia era el motivo principal de la reforma al punto que la calificó de “robo total y criminal”.Guillermo Furlong, “Los jesuitas en el Río de la Plata” cit. por Gálvez de Tiscornia
Roberto Di Stéfano, un especialista en Historia Religiosa, afirma que durante muchos años los historiadores que trataban la Revolución de Mayo lo hacían, en general, con una visión antinómica –muchas veces influenciada por razones ideológicas atinentes a la época en que escribían- que los llevaba a plantear algunas opciones rígidas. Así, por ejemplo, privilegiar las ideas de Rousseau o de Francisco Suárez como sustentadoras ideológicas de los revolucionarios, o tomar a la Iglesia local como un bloque atemporal inclinado a favor o en contra del proceso independentista. Este autor sostiene que para comprender la historia del catolicismo durante el proceso pre y posrevolucionario resulta esencial analizar qué factores económicos, sociales, culturales y religiosos incidían en la decisión de ingresar al clero, cómo fueron ellos variando con el tiempo y cómo evolucionaron las relaciones entre el clero, la sociedad y los gobernantes. Para ello hace una detallada descripción del clero secular de Buenos Aires y de sus relaciones con las instituciones religiosas y los grupos de la sociedad porteña, en especial con las familias más pudientes. El autor no se limita a los aspectos religiosos, sociales y políticos sino que profundiza además en los económicos.
Opina Chiaramonte que las reformas que se aprobaron durante los gobiernos de Martín Rodríguez y de Rivadavia, esto es en el período que sus partidarios denominaron el de la “feliz experiencia de Buenos Aires”, tuvieron el propósito de ordenar y modernizar las instituciones heredadas de España. Orientadas hacia una centralización del poder, incluyeron cambios en el régimen político, en la justicia, en la administración, en lo económico, en lo cultural y en las esferas militar y eclesiástica. La reforma eclesiástica –que fue parte de los cambios generales- apuntó inequívocamente a redefinir el papel de la Iglesia Católica en la sociedad rioplatense, pues de ello dependía en gran parte su éxito. Como había sucedido a lo largo de la historia europea americana, la apoyó una parte del clero local que era partidaria de la preeminencia del estado, y la combatió encarnizadamente otra parte del clero y de la feligresía que sólo admitía la prioridad de su credo religioso
Tulio Halperín Donghi, un historiador alejado tanto de las corrientes historiográficas revisionistas como de las marxistas, remarca que las líneas fundamentales de estas reformas venían de tiempo atrás y señala concretamente iniciativas del gobierno del Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón, que marcaban una política en esa dirección pero que en ese momento no pudieron avanzar porque lo impidió el peso de la guerra.
El enfoque de Nancy Calvo, después de resaltar que el ámbito de la reforma fue exclusivamente porteño, es que con la reforma el gobierno pretendía contribuir a la modernización de la provincia con la extensión de la igualdad política, unificación del clero, “nacionalización” de la formación del mismo y mejoramiento de la distribución de las parroquias rurales al mismo tiempo que promovía el papel de las mismas en su papel civilizador. Los propulsores de la reforma consideraban que con la reducción o eliminación del clero regular habría más sacerdotes para las parroquias de campaña, a las que se asignaba un rol civilizador en momentos en que el gobierno trataba de incrementar la actividad ganadera. El mismo propósito de beneficiar a la campaña tenía la eliminación del diezmo, un tributo de dificultosa recaudación que salía de ella pero que se gastaba en la ciudad.