La Primera Junta de Gobierno Autónoma de Quito cuyo nombre origina era Junta Suprema Gubernativa de Quito, fue un gobierno ejecutivo que se creó en el territorio de la Provincia de Quito a raíz de la invasión napoleónica a España, aunque no fue un movimiento por la independencia, sin embargo marcó el inicio del proceso revolucionario que se extendería hasta 1812. Esta revolución, tuvo lugar en la ciudad de Quito el 10 de agosto de 1809, después del derrocamiento de Manuel Ruiz Urriés de Castilla y Pujadas, conde de Ruiz de Castilla, presidente de la Real Audiencia de Quito, por un grupo de sublevados que formaron una junta de gobierno provisional. A este evento se le conoce en el Ecuador y otros países de la región como Primer Grito de Independencia Hispanoamericano, debido a que constituyó el inicio del proceso de emancipación de Hispanoamérica. Además, a los gestores de este hecho se les conoce como los patriotas del 10 de agosto de 1809. De los participantes en la sonada, 32 acabaron siendo encarcelados y luego asesinados por órdenes de Ruiz de Castilla en el Motín del 2 de agosto de 1810.
Esta revolución fue liderada por un grupo de intelectuales; doctores, marqueses y criollos residentes en la ciudad de Quito, se instaló en el poder bajo la administración de quiteños y no de españoles peninsulares. Los sucesos de Quito se extendieron desde 1809 a 1812 y tuvieron amplia repercusión en toda la América Latina y fueron el germen de la independencia.
Acta Constitutiva El Acta Constitutiva, promulgada el día 10, refiere que:
Antecedentes El pueblo de Quito vio afectados sus intereses por las medidas tomadas por el Gobierno colonial, al mismo tiempo que los ideales de la Ilustración y la Revolución francesa, fueron propagados por intelectuales como Eugenio Espejo y José Mejía Lequerica, que los extendieron entre todas las clases sociales de la población. La decadencia del régimen colonial español que era evidente en todo el continente, fue un detonante para intentar una sublevación contra el régimen, disfrazada bajo las llamadas máscaras de Fernando VII, en las que se fingía lealtad al rey español para evitar represiones, pero que tenían como fin lograr un gobierno autónomo.
El 6 de octubre de 1808 el Cabildo de la ciudad de Quito recibe las noticias de la invasión napoleónica a España y las Capitulaciones de Bayona, por las que Fernando VII abdicó la corona en el emperador francés Napoleón Bonaparte. Este tema se discutía con frecuencia en varias reuniones a las que asistían tanto los nobles locales, como intelectuales liberales influidos por la Ilustración.
El más conocido entre estos capítulos es el llamado Complot de Navidad, que tuvo lugar el 25 de diciembre de 1808 durante una reunión efectuada en la Hacienda Chillo-Compañía, propiedad de Juan Pío Montúfar, II marqués de Selva Alegre. En ella los invitados discutieron los acontecimientos que estaban sucediendo en España con motivo de la invasión napoleónica, así como la crisis socioeconómica que vivía gran parte de la Audiencia a causa de las reformas borbónicas, todo ello con planes autonomistas para Quito.
El 22 de febrero de 1809, Pedro de Montúfar, que ejercía como alcalde de Quito, recibió varias cartas de la Junta Central Suprema en las que se solicitaba que el Cabildo demostrase la fidelidad de la ciudad al depuesto rey Fernando VII, enviando cartas al virrey de Nueva Granada y a los Infantes de España; por ello el 17 de marzo se acordó el reconocimiento a la Junta Central como representante de la autoridad del Rey hasta que se consiga su restablecimiento en el trono, así como una ceremonia religiosa en la Catedral donde el Cabildo, el tribunal de la Real Audiencia y el cuerpo militar, jurasen dicha lealtad.
Sin embargo, el Complot de Navidad con planes autonomistas para Quito, salió a la luz pública los últimos días de febrero, cuando fue denunciado a los españoles por unos sacerdotes mercedarios a los que el coronel Salinas había hecho partícipes del plan buscando apoyo de esa congregación religiosa. El presidente Manuel Ruiz Urriés de Castilla ordenó apresar a Juan de Dios Morales, Nicolás de la Peña, el cura José Riofrío, el mismo Salinas y otros asistentes a la reunión decembrina; aunque luego tuvo que liberarlos por falta de pruebas, ya que los expedientes del proceso fueron extraídos de la oficina del secretario que lo llevaba.
Ante lo que las autoridades españolas de la Presidencia consideraban ya una tentativa innegable de sublevación de los quiteños, estas enviaron un comunicado al Cabildo que fue leído el 25 de abril, en el que se refiere a la reunión de diciembre en la hacienda del Marqués de Selva Alegre como «una Junta que se ha supuesto iba a entablarse contra el Gobierno actual» y se solicitaba que se detenga, denuncie e investigue estos movimientos que manchaban la imagen de lealtad de la ciudad.
Durante la noche del 9 a la madrugada del 10 de agosto de 1809 en casa de Manuela Cañizares, dama quiteña comprometida con la causa independentista. Decidieron reunirse un grupo conformado por nobles criollos, doctores, marqueses con el objetivo de organizar una junta suprema de gobierno. En esta junta se designó a Juan Pío Montufar Marqués de Selva Alegre como Presidente, el obispo Cuero y Caicedo como vicepresidente, en el despacho del Interior a Juan de Dios Morales, en el de Gracia y Justicia a Manuel Rodríguez de Quiroga y en el de Hacienda a Juan Larrea.
El 10 de agosto thumb|250px|Reunión de los próceres en la casa de Manuela Cañizares. Óleo sobre lienzo, autor desconocido (inicios del siglo XX). thumb|250px|Doña Manuela Cañizares.
En la mañana del 10 de agosto de 1809 los patriotas sorprendieron a los comandantes españoles de la guarnición de Quito y sitiaron el Palacio Real, actual Palacio de Carondelet, con el fin de entregar al conde Ruiz de Castilla, quien era el presidente de la Real Audiencia, el oficio mediante el cual se le había cesado de sus funciones. El apoyo de los 177 soldados de la guarnición colonial fue clave para el triunfo de la revuelta, ya que plegaron a ella sin que se produjeran enfrentamientos armados. La tropa se formó en la Plaza de la Independencia, al mando de Salinas, cerca de las cinco de la mañana.
El doctor Antonio Ante se presentó, según relata el historiador Pedro Fermín Cevallos, en el Real Palacio antes de las seis de la mañana y exigió que despertaran al presidente de la Real Audiencia, para entregarle el siguiente oficio:
Esta supuesta muestra de fidelidad al rey es una estrategia conocida como la máscara de Fernando VII, que fueron una estrategia militar en la que supuestamente se juraba lealtad al rey, pero tenían el único fin de lograr la autonomía sin temor a represalias.
La revolución ejecutada el 10 de agosto de 1809 no dejó dudas sobre el carácter autonomista y liberador del movimiento patriota. Sin embargo, en la misma época, tampoco quedaban dudas de que el movimiento de aquellos criollos patriotas se inspiraba en el pensamiento ilustrado inculcado por Eugenio Espejo (1747-1795) y que, sobre todo, al asumir como suyo el principio de soberanía popular y de representación del pueblo, ejecutaba un acto revolucionario que movilizaba un proyecto autonomista.
El júbilo popular fue inmenso, destaca Pedro Fermín Cevallos:
Se formó entonces la Junta Soberana de Quito bajo el liderazgo de Juan Pío Montúfar marqués de Selva Alegre; quienes tomaron posesión de la administración de la Audiencia en la sala capitular de San Agustín, el día 16 de agosto.
En consideración a su edad y a que vivía en el Palacio Real, se dejó a Ruiz de Castilla permanecer en él, pero Pedro Fermín Cevallos destaca la prisión de los siguientes funcionarios coloniales:
La Junta La Junta de Gobierno se titulaba suprema y debía mandar a la Provincia de Quito, y a las de Guayaquil y Popayán si voluntariamente querían unirse. Se atribuyó el tratamiento de majestad, pues pretendía representar al Rey, dio a su presidente el de alteza serenísima y a sus miembros el de excelencia.
Sobre por qué los quiteños adoptaron estos tratamientos, explica Pedro Fermín Cevallos:
A pesar de ello, la Junta trazó los primeros bosquejos de la República ecuatoriana, creando sus primeras instituciones, como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. El Diez de Agosto contó con masivo apoyo popular, pues cada uno de los barrios de la capital nombró nueve diputados al congreso, que fueron en su mayoría los propios nobles quiteños, como los marqueses de Solanda, Villa Orellana, y Miraflores y profesionales ilustrados como Manuel Zambrano, Manuel de Larrea y Jijón y Manuel Matheu, quienes conformaron por primera vez el Poder Legislativo ecuatoriano.
Los diputados de la ciudad reunidos en este congreso nombraron también los primeros ministros del Poder Ejecutivo del Estado ecuatoriano: Juan de Dios Morales para Negocios extranjeros y de la Guerra; Manuel Quiroga para Gracia y Justicia y Juan de Larrea para Hacienda. Como secretario particular de la Junta se nombró a Vicente Álvarez. En el mismo documento se fijaron los sueldos de los nuevos funcionarios: el presidente seis mil pesos de sueldo anual, dos mil cada vocal-ministro y mil el secretario particular. Los diputados reorganizaron la guarnición colonial de Quito creando una falange de tres batallones de infantería bajo el mando del coronel Juan de Salinas y del teniente coronel Juan Pablo Arenas, y decretó un alza salarial del 30% para todos los soldados.
Como una de las principales funciones de la Real Audiencia era la administración de justicia, la Junta la reemplazó con una alta corte, a la que llamaron Senado, compuesta por dos salas: una Civil y otra Criminal, integradas por seis senadores-jueces y presidida por un gobernador (la Civil) y por un regente (la Penal). Ambas salas contaban con fiscales. Por primera vez en la justicia ecuatoriana, la junta ordenó nombrar un protector general de indios, con rango de senador-juez, cargo que recayó en Tomas Arrechaga. Se mantuvo en su cargo al Alguacil Mayor de la Real Audiencia.
Los diputados advertían que los encargos eran prácticamente obligatorios, pues quienes se negaren a participar serían tenidos "por mal patriotas y vasallos y excluidos de todo cargo público".
Para honrar a quienes dieran servicios distinguidos al nuevo Gobierno, se creó la condecoración de la Orden Nacional de San Lorenzo, vigente en Ecuador hasta la actualidad.
Aunque en horas de la mañana el doctor Antonio Ante se había presentado ya en el Palacio de la Audiencia para informar a Ruiz de Castilla de su destitución, se le dirigió nuevamente un oficio, informándole que se había constituido la Junta y que esta debía funcionar en el Palacio, por lo que le pedían les permita el acceso a la Sala Principal, en donde se realizó una ceremonia de saludo de las corporaciones y se firmó al Acta del Diez de Agosto.
Ya desde el 10 de agosto, cuando la Junta publicó un Manifiesto al Pueblo, se dejaba claro que, aunque el levantamiento era en nombre del Rey, no es menos cierto que el pueblo estaba cansado de los abusos de los gobernadores y burócratas españoles (mostrando claramente que esta lealtad se trataba de una estrategia):
En el manifiesto, la Junta denunciaba que antes del Diez de Agosto Ruiz de Castilla ya había detenido "a cinco de sus vecinos más nobles" y que tenía previsto ejecutar a 14 más, solo por el delito de tener "el pensamiento de no sujetarse nunca a Bonaparte y el haber hecho planes para este digno objeto". Al mismo tiempo, los patriotas desconocen la legitimidad del presidente de la Real Audiencia, ya que "la mayor parte de los que le mandan son hechuras del infame Manuel Godoy; la execración del género humano" y le reprochan haber ordenado corridas de toros en honor de los Bonaparte. El manifiesto termina con estas palabras: