La Comisión de Cultura y Enseñanza fue uno de los siete departamentos sectoriales de que constaba la Junta Técnica del Estado, que fue, a su vez, uno de los diversos organismos político-administrativos creados por el general Franco en octubre de 1936 tras su nombramiento como jefe de gobierno de la España rebelde durante la Guerra civil. Presidida por José María Pemán, la de Cultura y Enseñanza fue quizá la comisión con mayor perfil político dentro de una Junta formada por personas con escasa relevancia en este campo. Su más importante realización fue la continuación e institucionalización de la depuración del personal docente, que ya había sido iniciada por la Junta de Defensa Nacional. Desapareció con la creación del primer gobierno de Franco en enero de 1938.
Contexto
El 1 de octubre de 1936 el general Franco tomó posesión oficialmente de su cargo de jefe de gobierno, si bien todos los medios oficiales se refirieron a él desde el principio como «Jefe del Estado», aumentando así su poder. Su mayor prioridad era alcanzar la victoria militar y no tenía prisa en formar un auténtico gobierno. Por ello se contentó con crear una Secretaría General del Jefe del Estado dirigida por su hermano Nicolás y una Junta Técnica del Estado que era un organismo más técnico que político. El 2 de octubre el rebautizado como Boletín Oficial del Estado publicó la Ley que creaba estos y otros organismos. Tanto la terminología utilizada en el texto legal como la provisionalidad de la institución son propias del lenguaje castrense, que buscaba la creación de una especie de intendencia de retaguardia que solucionase los problemas más inmediatos, pero supeditada al objetivo fundamental que era obtener la victoria militar.
La Junta
La Junta Técnica del Estado se componía de una presidencia y siete comisiones. Su sede principal estaba en Burgos. Aunque su composición en comisiones recordaba a un incipiente consejo de ministros, estaba formada por personalidades de segundo orden que se encargaban de funciones administrativas rutinarias. La Junta estaba encabezada por un presidente encargado no solo de dirigir a la institución, sino también de servir de canal de comunicación con el jefe del Estado. Este último era quien tenía la última decisión en todos los aspectos. El Presidente debía despachar al menos una vez por semana con los presidentes de las comisiones y se comunicaba con Franco mediante despachos directos. El elegido inicialmente fue Fidel Dávila, general de brigada que, al mismo tiempo, fue nombrado jefe del Estado Mayor general.
Composición e ideología
270px|thumb|La Comisión no sintonizaba con los falangistas. En la imagen, concentración falangista en la Plaza del Pilar el 12 de octubre de 1936.
Una de las comisiones de la Junta iba a dedicarse a la cultura. La idea inicial de su creación había sido de Eugenio Vegas Latapie, quien había propuesto la creación de una comisión encargada de la cultura y la propaganda en la que estuvieran presentes personalidades como José María Pemán, el conde de Rodezno, José Pemartín, Pedro Sainz Rodríguez, Juan José López Ibor o Eugenio Montes. Sin embargo, las autoridades decidieron separar la cultura de la propaganda y rechazar alguno de los nombres; particularmente el de Sainz Rodríguez.
La Comisión de Cultura y Enseñanza era, sin duda, la que tenía una composición más netamente política. Predominaban en ella monárquicos vinculados al grupo de Acción Española, como su presidente, José María Pemán, y los vocales Eugenio Montes y Vegas Latapie. Además, figuraba José Ignacio Escobar como consejero no permanente. Al margen de ellos estaban los también vocales Mariano Puigdollers —tradicionalista— y Alfonso García Valdecasas, que había participado en el mitin inaugural de Falange Española en 1933 pero que luego no había desempeñado un papel relevante en dicho partido. Otro influyente miembro fue Romualdo de Toledo.
El gaditano Pemán pertenecía a una conservadora familia de la alta sociedad. Se había doctorado en Derecho y había alcanzado el éxito literario con sus poemas y obras teatrales. Políticamente, se posicionó a favor de la Dictadura y fue jefe local de la Unión Patriótica, el partido patrocinado por Primo de Rivera. Con la llegada de la República se significó pronto en contra del régimen con llamamientos a la insurrección militar, y se convirtió en un referente para la derecha reaccionaria. Apoyó la Sanjurjada, lo que le obligó a exiliarse un tiempo. Cuando estalló la sublevación se puso al servicio de los militares rebeldes. En palabras de Pedro Sainz Rodríguez era «un buen nombre para la propaganda».
Pemán intentó eludir la presidencia alegando que su papel era el de un orador que arengara a las masas, y no el de titular de un órgano administrativo. Según contaría después, fue presionado —particularmente por el general Mola— y tuvo que aceptar, pero puso como condición que se nombrara un vicepresidente de la comisión que pudiera sustituirle y complementarle en las funciones burocráticas. El elegido fue el pediatra de ideas integristas Enrique Suñer quien se incorporó con algo de retraso tras conseguir huir de la zona enemiga,. De hecho, Suñer sustituyó a Pemán en casi todas las reuniones con los demás presidentes de comisiones.
Las relaciones del presidente con los falangistas no eran buenas. La revista Jerarquía le calificó como «cosa vieja, retórica», y él mismo no tenía mejor opinión de los falangistas, a quienes consideraba un «grupo delicuescente, inconcreto y narcisista». Esto siguió siendo así incluso después de la unificación, hasta el punto de que Pemán le comentó al presidente de la Junta —que por entonces era ya Jordana— que la Comisión se convertía en «refugio y cuartel general de todo lo que queda fuera del partido único».
El propio Pemán participaba del ambiente antisemita que predominaba en la España nacional y que identificaba el judaísmo con el liberalismo y el marxismo. Proclamó que «los malos intelectuales deben morir» y en su Poema de la bestia y el ángel responsabilizó a la sinagoga y la logia masónica de los males de España. En ese contexto, «la sinagoga» englobaba a toda la izquierda.
Objetivos
150px|thumb|En este libro, Enrique Suñer explicaba el propósito de la depuración
Desde 1931 las autoridades republicanas habían efectuado determinadas reformas que habían sido discutidas desde un primer momento por sectores católicos y conservadores. El Gobierno prohibió que las órdenes religiosas continuaran realizando su labor docente, lo que afectaba a cerca de cinco mil escuelas y 295 institutos de secundaria. Aunque la Iglesia católica pudo mantener su influencia en dichos centros a través de personas interpuestas, la medida fue muy polémica. También fue discutido el uso del catalán como lengua vehicular en la enseñanza. Otras medidas conflictivas fueron la sustitución del Plan de estudios de 1914 por un nuevo Plan Profesional del Magisterio de 1931 y el cambio del sistema de acceso al Magisterio, reemplazando el tradicional sistema de oposición por la realización de cursillos con el fin de incrementar sustancialmente el número de maestros de primaria. Un sector profesional se sintió perjudicado por estas reformas y demostró su hostilidad de forma reiterada mucho antes del estallido de la guerra. Aunque con posterioridad se ha extendido la idea de que los maestros eran mayoritariamente favorables a las reformas republicanas, lo cierto es que los sindicatos progresistas eran minoritarios, y existía un numeroso grupo de docentes formados en principios metodológicos tradicionales que eran muy críticos con los cambios.
La Comisión de Cultura y Enseñanza continuó la labor ya iniciada por la Junta de Defensa Nacional tendente a liquidar todas las reformas educativas realizadas por los gobiernos republicanos. Al margen de la actuación de la Junta Técnica del Estado —y como sucedió con otros colectivos— durante los primeros meses de la guerra se produjo la eliminación física de cientos de educadores. Un número indeterminado de docentes fue asesinado en paseos y sacas de presos, o ejecutado tras consejos de guerra sumarísimos. Los docentes izquierdistas eran particularmente acusados por los rebeldes de ser los causantes de la gravísima situación en que se encontraba España. Como «envenenadores del alma popular» los definía una conocida circular firmada por José María Pemán aunque redactada por Vegas. Pero la Comisión fue más allá y reguló la depuración del personal docente, que se aplicó de manera uniforme en todo el territorio nacional con la excepción de Navarra, donde los rebeldes habían creado una Junta Superior de Educación que realizó la misma labor de forma autónoma.
Pero la labor supresora se remontó más allá de las reformas republicanas. La mencionada circular del presidente Pemán afirmaba queY el vicepresidente Suñer publicó el 28 de febrero de 1937 su libro Los intelectuales y la Tragedia Española, en el que exponía sus tesis. Entre otras cosas afirmaba: Y como el concepto de «intelectual» era demasiado amplio, dejaba explícito el objetivo de extirpar de la Universidad la presencia...Y añadía:
Todo ello revela el deseo de los nuevos gobernantes de acabar por completo no solo con las reformas republicanas, sino también con la obra de la Institución Libre de Enseñanza.
Depuración del profesorado
La normativa
Se ha subrayado la especial influencia de Enrique Suñer —persona que merecía pésima opinión a intelectuales poco identificados con el régimen como José Ortega y Gasset— como principal impulsor del proceso de depuración del profesorado. Según diría más tarde Vegas Latapie, él mismo planteó una inicial oposición a Suñer, quien fue respaldado en todo momento por Puigdollers. El vicepresidente salió triunfante del pulso ante la pasividad de Pemán, y Vegas acabó abandonando la Comisión. El Decreto n.º 66 que regulaba la depuración de los docentes fue publicado en el BOE el 11 de noviembre de 1936, pero ya antes se había preparado un proyecto de alcance más general para todo el profesorado que era todavía más severo. El preámbulo de la norma decía lo siguiente:
El Decreto 66 creó diversas comisiones encargadas de evaluar el comportamiento de los docentes de cada uno de los niveles educativos: una Comisión A encargada de depurar al personal universitario; una Comisión B para el profesorado de las escuelas especiales de ingenieros y arquitectos; una Comisión C para el personal de institutos, escuelas normales, escuelas de comercio, escuelas de artes y oficios, escuelas de trabajo, inspección de primaria y cuantos no estuvieran adscritos a las otras comisiones; y una Comisión D para el personal de magisterio. La Orden de 10 de noviembre de 1936 reguló dónde se crearían las comisiones y su funcionamiento interno. Aunque severa y casi inquisitorial, la normativa aprobada por la Junta Técnica suponía un cierto progreso frente a la aplicada previamente por la Junta de Defensa Nacional, pues permitía la defensa del acusado y la decisión no se basaba ya en una única y subjetiva opinión.
Procedimiento miniatura|Suspensión de empleo y sueldo, inhabilitación y traslado.