Las personas del colectivo LGBTI+ en Honduras se enfrentan a ciertos desafíos legales y sociales no experimentados por otros residentes. Las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo fueron despenalizadas en 1899, sin embargo, la diversidad sexual aun es un tema tabú en la sociedad hondureña, la cual es mayormente conservadora, y si bien se han obtenido avances en las últimas décadas en materia de protección legal contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en áreas como en el acceso al empleo, los servicios de salud y la vivienda, entre otros, las personas LGBTI+ aun sufren discriminación, persecución y violencia en el país. Poco a poco la visibilidad de este colectivo comienza a ser más notable en los medios de comunicación, en la política y en la sociedad en general, un ejemplo de ello es el caso de Víctor Grajeda, primer diputado abiertamente homosexual en llegar al congreso hondureño.

Legislación y derechos Despenalización de la homosexualidad Las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo en Honduras son legales desde la entrada en vigor del código penal de 1899. Este nuevo código penal derogó el artículo 367 del anterior código penal de 1880, el cual condenaba el delito de sodomía. La edad de consentimiento sexual en Honduras es de 14 años, sin importar la orientación sexual. State-sponsored homofobia. A world survey of laws: Criminalisation, protection and recognition of same-sex love. ILGA. Mayo de 2013

Reconocimiento de las parejas del mismo sexo

No existe ningún tipo de reconocimiento legal hacia las parejas formadas por personas del mismo sexo en Honduras. En 2005 se reformaron los artículos 112 y 116 de la Constitución para prohibir el Matrimonio entre personas del mismo sexo y las Uniones Civiles, igualmente se prohibió la Adopción Homoparental y el reconocimiento de los matrimonios o uniones civiles realizados en otros países. se estableció expresamente lo siguiente: "se prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Los matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo celebrados o reconocidos bajo las leyes de otros países no tendrán validez en Honduras". A pesar de la prohibición constitucional del matrimonio igualitario, el colectivo LGBTI+ de honduras se manifiesta por la legalización del matrimonio igualitario desde hace algunos años.Honduras: Por "cultura" y "cuestión religiosa" no se aprueban bodas gay Honduras. El Heraldo. 23 de junio de 2014

En el mes de enero de 2019 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de inconstitucionalidad contra los decretos legislativos 176-2004 y 35-2013 emitidos por el Congreso Nacional los cuales prohíben la unión civil entre personas del mismo sexo.

Los activistas locales han presentado dos demandas ante la Corte Suprema para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo con base en la Opinión Consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno fue desestimado por errores técnicos y el otro caso sigue pendiente ante el tribunal.

Leyes y medidas antidiscriminación Debido a que la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género están ampliamente extendidos en el país, y con múltiples crímenes de odio hacia las personas LGBTI+ reportados, el Congreso Nacional de Honduras aprobó en 2013 una serie de reformas al código penal para garantizar la protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, estas modificaciones fueron posibles gracias al Decreto No.23-2013. En junio de 2020 entró en vigencia un nuevo código penal, en el cual se modificaron ligeramente los artículos referentes a discriminación en el empleo y en el acceso a bienes y servicios, entre otros.

Protección laboral Desde el año 2013, el Estado de Honduras cuenta con medidas legales las cuales prohíben la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en el ámbito laboral.

Código Penal: El artículo 295 del Código Penal, prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en el empleo, ya sea público y/o privado, estableciéndose penas de prisión de 1 a 2 años y una multa de 100 a 200 días.

El artículo 295 del código penal expresa lo siguiente:

Protección amplia Desde el año 2013, el Estado de Honduras cuenta con medidas legales las cuales prohíben la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género de forma amplia (acceso a los servicios de salud, y acceso a bienes y servicios), y desde el año 2020, con protección contra la discriminación en el acceso a la vivienda, sin embargo, no se ha legislado en el sistema educativo.

Código Penal: En los artículos 211 y 212 del Código Penal, se prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en el acceso a bienes y servicios públicos, así como a los servicios prestados por otros profesionales y empresas, estableciéndose penas de prisión de 1 a 3 años y una multa de 100 a 200 días.

Los artículos 211 y 212 del código penal expresan lo siguiente:

Leyes sobre crímenes de odio e incitación al odio Crímenes de odio

El numeral 8, del artículo 32 del código penal, (circunstancias agravantes), agrava el delito de homicidio cuando este estuviese motivado por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima.

El numeral 8 del artículo 32 del código penal expresa lo siguiente:

Incitación al odio

El artículo 213 del Código Penal, establece penas de prisión de 1 a 2 años y una multa de 100 a 500 días a quienes inciten a la discriminación o a cualquier forma violencia por cualquiera de las causas mencionadas en los artículos anteriores (Artículo 211 y Artículo 212), Artículos los cuales incluyen de forma textualmente explícita la orientación sexual e identidad de género.

El artículo 213 del código penal expresa lo siguiente:

Condiciones sociales

Violencia contra la comunidad LGBTI+ Al menos 325 miembros de la comunidad LGBTI+ han sido asesinados en Honduras entre 2009 y julio de 2019, denunció el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que dirige Roberto Herrera. El defensor del Pueblo hondureño pidió el cese de los crímenes de odio contra miembros de la comunidad LGBTI+, así como la impunidad que rodea a más del 90 % de esos casos. Dijo que espera que las autoridades encargadas de la seguridad desarrollen "el papel que les corresponde" para realizar una "correcta investigación" que permita capturar y enjuiciar a los autores materiales e intelectuales de esos crímenes.

La situación empeoró tras el golpe de Estado de 2009. A partir de ahí se produjeron episodios terribles, como la muerte del activista LGBTI+ Walter Tróchez en diciembre de 2009 tras recibir una paliza por los que se sospecha eran miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal o el asesinato de los también activistas Wilmer García Alvarado y Erick Martínez Ávila en septiembre de 2010 y en mayo de 2012.

El organismo de derechos humanos señaló que entre 2009 y julio del 2019, al menos 50 de los 298 municipios del país registran los índices más altos de muertes violentas de homosexuales. El 75 % de las 325 muertes de la población LGBTI+ ocurrieron en los municipios del Distrito Central, donde se localiza Tegucigalpa; San Pedro Sula y Choloma.

"En Honduras hay una desmedida discriminación hacia la población transgénero y población LGBTI+ en general, de allí el reclamo permanente para que se respeten sus derechos humanos, principalmente el derecho a la vida y que cesen los crímenes de odio en el país" subrayó Roberto Herrera. El organismo de derechos humanos ve con "preocupación" el aumento de las muertes y la forma en que son asesinados los miembros de la población LGBTI+. Algunas de las víctimas mortales fueron "estranguladas, asesinadas a tiros, apuñaladas, degolladas, encostaladas e incluso calcinadas". Según un informe del Conadeh, los miembros de la comunidad LGBTI+ son víctimas de homicidio, tentativa de homicidio, abuso de autoridad, lesiones, detenciones ilegales, robo, hostigamiento, violación sexual, amenazas de muerte, violencia intrafamiliar y agresión por parte de particulares y agentes de cuerpos de seguridad del Estado. La mayoría de los miembros de la comunidad LGBTI+ fueron asesinados en la calle, otros en su vivienda, lugar de trabajo y solares baldíos, entre otros.

Aunque la mayor parte de los asesinatos en Honduras se deben a las pandillas o maras, en el caso de la población LGBTI+ son las propias instituciones del país las que destilan mensajes de odio y promueven su persecución. Según la reportera Dina Meza, los medios de comunicación vinculan a las asociaciones pro derechos humanos con el tráfico de drogas y el crimen organizado, propiciando un clima de hostilidad con las minorías sexuales. Los periodistas y los activistas que salen en su defensa también son objeto de los ataques.

Un estudio realizado por CID Gallup Latinoamérica confirma que el 75 % de hondureños rechaza el matrimonio entre personas del mismo sexo, un 10 % no está ni acuerdo ni en desacuerdo y un tan solo 17 % apoya la idea del reconocimiento legal.

Transexualidad Vivir en Honduras y ser homosexual es un riesgo, pero ser trans representa una doble aventura en un país donde se carece de un marco jurídico que vele por sus derechos, instituciones que resuelvan sus conflictos y, sobre todo, la decisión política para cambiar una cultura que se resiste a reconocer la diversidad sexual. Según la organización local Red Lésbica Cattrachas, en su informe más reciente, entre 2004 y 2017 hubo 277 asesinatos de integrantes de la comunidad, de los cuales solo se judicializaron 62 casos (22.0 %), mientras que uno de cada tres muertos fue una mujer transexual.

Un reporte elaborado por el centro de estudio Expediente Abierto (EA) sobre vulnerabilidades y riesgos en la comunidad trans indicó que si bien en Honduras se carece de un censo sobre esta población, ellas son quienes más agresiones reciben con relación a los diferentes grupos LGBTI+ que existen. Determinar las principales agresiones es difícil en un país como Honduras que, como ocurre en el resto de América Latina, aún se vive una fuerte resistencia del Estado a reconocer la diversidad sexual y por tanto sus derechos ciudadanos, colocándolos en un vacío jurídico sin más apoyo que sus propias organizaciones. A esto se suma el sub registro de denuncias, pues es hasta el 2013 cuando se comienzan a tipificar las agresiones por razón de sexo, resultado de las modificaciones en el Código Penal. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) dijo a Expediente Abierto que fue en el 2013 cuando se registran las primeras 4 denuncias relacionadas con la comunidad LGBTI+ a nivel nacional, cifra que se dispara a 74 en 2016. Pese al cambio en el marco jurídico, la falta de respuesta fue latente como lo ejemplifica la Red Lésbica Cattrachas al señalar que solo en 2015 las autoridades abrieron tres casos de investigación, en un año en el que se registraron 37 muertes violentas contra la comunidad LGBTI+.

Terapias de Conversión Sexual Los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (también conocidas como 'ECOSIG') es el nombre con el que se conoce a una serie de métodos pseudocientíficos que tienen como objetivo cambiar o alterar la orientación sexual o la identidad de género de personas LGBTI+ (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales). A pesar de que la Organización Mundial de la Salud eliminó en 1990 a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y a la transexualidad en 2018, hoy en día aun existen diversas organizaciones religiosas las cuales siguen impartiendo este tipo de "terapias" en todo el mundo.